Las últimas normas cambiarias del Banco Central, que profundizaron el cepo para la compra de dólares billetes y las operaciones con bonos, conocidas como contado con liquidación y dólar Bolsa, dividieron a las fintech entre ganadoras y perdedoras.

Muchas plataformas que centraban su negocio en el mercado de divisas migraron su operatoria a finales de 2019 tras la implementación del impuesto País y el tope de u$s200 mensuales por persona.

Si bien el tipo de cambio minorista que ofrecen estas startups y la de los bancos digitales es el mejor del mercado, el techo mensual las obligó a empezar a ofrecer algunas variantes, como el dólar MEP o Bolsa para que su negocio pueda escalar.

También se apalancaron en otras opciones como dolarizar los ahorros sin estas restricciones a través de la compra de monedas digitales, dolarizando la cartera a un precio un poco más caro, pero sin límites.

“Pero hay algunas fintech, cuya aprobación formal de las autoridades tiene la forma de una ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) que se seguían centrando en el negocio cambiario tradicional. Estas, ahora quedaron fuera del negocio”, sentencia a iProUP Dante Anelli, director de FlexFintech, presta servicios de informatización a startups que quieran crear una financiera digital o a compañías que apunten a transformar su negocio en ese sentido.

Esto se debe a que las nuevas normas del Banco Central prohibieron a los agentes de bolsa operar en el mercado cambiario, salvo que lo hagan a través de bonos con el contado con liquidación o el dólar MEP.

A través de la Circular A 6999, la autoridad monetaria determinó que sólo los bancos, financieras y casas de cambio podrán realizar operaciones de compraventa de divisas. Y así dejó a varias empresas fuera de juego.

Impacto

“Las nuevas medidas que restringen aún más la compra de divisas a partir de mayo obligan a las firmas que han construido su negocio en la vertical de inversiones a reconvertirse nuevamente”, explica a iProUP Matías Torres, CEO & cofundador de iKiwi.

Según el ejecutivo, “si bien los cambios son más frecuentes de lo que se esperaba en medio de la pandemia, ahora las iniciativas que endurecen los requisitos para acceder al mercado cambiario hacen mucho ruido en el ecosistema digital“.

El emprendedor conoce como nadie el pulso de lo que ocurre en este sector, ya que su plataforma es un agregador de productos financieros provistos por fintech a las personas que buscan préstamos, inversiones, tarjetas, crowdfunding, compra de dólares y acciones, entre otros.

iKiwi hoy trabaja con más de 20 compañías a las cuales se conecta mediante una API para consultar qué tienen para ofrecer y mostrarle a los usuarios las diferentes propuestas que encajan según su perfil. Además de la Argentina, opera en México, Colombia, República Dominicana y España.

“En medio de esta tormenta sanitaria y económica, el panorama vuelve a endurecerse porque las restricciones no sólo cierran el mercado cambiario, que en estos momentos es para pocos, sino que oscurece el panorama, ya que vuelven a modificar las reglas de juego justo en momentos en los que se tienen que dar certezas”, enfatizó Torres.

Además, la nueva disposición del BCRA dispone que si una persona compró “dólar solidario” no podrá realizar operaciones de dólar Bolsa o contado con liquidación por los 30 días posteriores a la fecha en que realizó esa adquisición de divisas.

De todos modos, existen opciones tradicionales como adquirir hasta u$s200 más el impuesto del 30% en plataformas fintech que actúan bajo la modalidad de casas de cambio online con autorización para esta actividad y en los nuevos bancos digitales.

Las fintech de inversiones más completas tienen en su cartera Dólar MEP, una opción para aquellos que poseen más conocimiento del mercado financiero, ya que requiere de la compra y venta de un bono.

Quienes no se animan a operaciones más complejas, como las que involucran a la plaza bursátil, pueden optar por dolarizar sus ahorros a través de monedas virtuales (DAI, Eter o Bitcoin, por ejemplo).

Para hacerse de estas divisas no hay que abonar el impuesto del 30%, si bien su cotización está basada en un dólar cercano al blue. Tampoco aplica el cupo de los u$s200 por mes: sólo tienen el tope de la UIF para informar sobre lavado de dinero, equivalente a $200.000 por operación.

Perdedores y ganadores

Torres no duda en definir como tensa la relación entre la nueva cúpula del Banco Central y las fintech. “El directorio del BCRA no se caracteriza por simpatizar con este sector innovador“, lamenta.

En efecto, Miguel Pesce lanzó a principios de año varias regulaciones para:

– Evitar las transferencias entre cuentas virtuales de empresas

– La obligación de mantener los fondos en cuentas a la vista

– Y un régimen de información similar a la que realizan los bancos.

En las últimas semanas, además:

– Se eliminaron los débitos directos en los cobros de los préstamos online

– Luego se dio marcha atrás con el cobro del Ingreso Familiar de Energencia a través de billeteras virtuales para personas que no tienen cuenta bancaria

“Los continuos cambios en las reglas de juego detienen los proyectos de inversión. El negocio tiene techo para escalar y las condiciones del mercado son muy adversas”, critica Torres.

Al respecto, revela que “en las últimas semanas varias plataformas han detenido su actividad hasta tener en claro cómo operar y analizar si el negocio será rentable a mediano plazo, ya que la inversión para lanzar un emprendimiento innovador requiere muchos recursos”.

“Como siempre, aquellas que tienen detrás un grupo inversor con músculo financiero terminarán por concentrar el mercado, situación que el ecosistema venía a romper con pequeños proyectos alternativos que se diferencian de la banca tradicional”, agrega el emprendedor.

Por su parte, el abogado especializado en temas cambiarios Matías Otero afirma a iProUP que el verdadero impacto de las medidas del BCRA se sentirá con fuerza en el negocio de las monedas digitales, ya que quienes deseen comprar más de u$s200 mensuales y no puedan acudir al contado con liquidación se verán tentados a adquirir un Bitcoin o una DAI.

En tal sentido, Gabriel Vago, de la casa de cambio virtual ArgenBTC, remarca que el endurecimiento del cepo beneficia en forma indirecta a quienes operan con divisas digitales, si bien “no cambia las reglas de juego de nuestro partido”.

Anelli explica que la diferencia entre un Bitcoin y una DAI es que la última es una stablecoin: al estar respaldado su precio por el dólar, busca dejar de lado la especulación y la gran volatilidad de otras divisas virtuales para convertirse en una vía de ahorro.

Además, señala que el Bitcoin es más difícil de monetizar una vez que se entró, mientras que una stablecoin permite entrar con pesos y salir con dólares depositados en una cuenta bancaria. Es más: algunas fintech internacionales llevan billetes verdes a cuentas en el exterior mediante el contado con liquidación a través sus propias casas matrices.

No obstante, BuenBit es una fintech que opera en pesos y en dólares, algo muy poco frecuente en el mercado. Ofrece DAI, Eter o un mínimo de 0.00000001 Bitcoins, unidad conocida como “Satoshi” y hoy equivale a 500 pesos.

Con esas monedas, tanto compradas en pesos como en divisas estadounidenses, se puede hace arbitraje en cualquiera de las 20 plataformas especializadas que operan en la Argentina para obtener el mejor precio y así lograr tener dólares depositados en el propio banco adquiridos de manera legal, con una ganancia y sin las limitaciones del cepo.

Este procedimiento es posible porque esas plataformas de monedas digitales son un mercado en sí mismo, a diferencia de los bonos que cotizan todos en una misma Bolsa, aunque no se tradea como en el mercado bursátil, ya que en cada fintech el Bitcoin tiene un precio fijo.

Bitcoin: ¿para dolarizarse o ahorrar?

Matías Bari, del exchange SatoshiTango, asegura que la mayoría de los usuarios no usa las monedas digitales para hacer arbitraje, sino como reserva de valor. “Muchos vendedores son freelancers que recibieron pagos por servicios en divisas virtuales, las vendieron y depositaron el dinero en el banco“, revela el ejecutivo.

Bari considera que esto es lógico, porque sería imposible que todos los operadores hicieran arbitraje sin que el mercado colapsara.

Vago y Bari coinciden en que la mayoría de las plataformas de monedas digitales prefieren no operar con dólares, precisamente por temor a los continuos cambios regulatorios. Además, los operadores minoristas recurren muchas veces a otros particulares para vender los Bitcoin o DAI que compraron en pesos.

Bari asegura que el cepo y su profundización en realidad no benefician a nadie, aunque circunstancialmente se puedan observar ganadores y perdedores entre las fintech.

“Me gustaría tener las reglas de juego de Estado Unidos y no las de Venezuela, donde también se negocian mucho con Bitcoin por la pérdida de valor de la moneda y a las restricciones”, concluye.

Fuente: iProUP publicado 11-05-2020.-

Las cifras del sector son elocuentes: 88% de las compañías sienten el impacto de la caída de la actividad producto de la cuarentena. En el caso de las pequeñas y medianas, el número de damnificadas asciende al 91%, mientras que en aquellas que poseen menos de 50 empleados es del 73%.

Las cifras, que denotan urgencia, corresponden a la industria argentina de software y servicios informáticos, un sector que gracias a su fenomenal expansión internacional pudo sortear en los últimos años el reguero de crisis económicas que se fueron acumulando, uno tras otro, en el ya maltrecho entramado industrial argentino.

Sin embargo, esta ventaja aparente no lo dejó inmune al avance del coronavirus, un fenómeno inédito en su alcance, ya que impactó a todo el mundo por igual. Como consecuencia, el derrumbe de múltiples negocios tuvo una espectral sintonía en todo el mundo.

El alcance del COVID-19 no conoce de fronteras; por ende, las empresas vinculadas a la llamada industria “4.0” no tuvieron donde refugiarse, tanto fronteras adentro como en su propio país.

Esta situación inédita tuvo además otro “palo en la rueda”: el retraso de la promulgación de la esperada nueva versión de la Ley de Economía del Conocimiento, que otorga beneficios a las empresas del sector y que, hasta ahora, se mantuvo cajoneada a la espera de la apertura de las sesiones parlamentarias.

Vale repasar el recorrido de la iniciativa, no exento de turbulencias:

– En febrero, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma a la norma impulsada durante la gestión de Mauricio Macri, que había logrado su promulgación por unanimidad en el Senado el año pasado

– Sin embargo, la administración de Alberto Fernández consideró que esa ley “dejaba afuera” a las pequeñas y medianas firmas y que, además, contemplaba un costo fiscal diseñado antes de la profundización de la crisis

– En este marco, frenó su vigencia, al tiempo que la Secretaría del Conocimiento, encabezada por María Apólito, comenzó el trazado del nuevo borrador del que participaron también otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Todo indicaba que el proyecto se convertiría en ley a fines de marzo. Pero el coronavirus “metió la cola”: las sesiones se suspendieron y el sector, que factura más de u$s3.000 millones anuales (y más de u$s7.000 millones si se suman otras unidades de negocios) quedó pedaleando en el aire a la espera de una norma que, en momentos de parate total, se hace más urgente que nunca.

Mayo aparece ahora como la línea de largada. Y tanto para el gobierno como para las empresas, se trata de una Ley que deberá estar en la “pole position” apenas se reanuden las actividades del Poder Legislativo.

Qué dice el proyecto

Según pudo confirmar iProUP, el proyecto oficial será tratado este mes, si se logra consenso para la apertura del Congreso. En principio, presenta algunas diferencias sustanciales respecto de la iniciativa delineada por el macrismo, aunque intenta mantener parte de su esencia.  – La Ley aprobada en 2019 reducía la tasa del Impuesto a las Ganancias a 15%, y permitía que si una empresa sustentaba buena parte de su funcionamiento (70%) en actividades promovidas, todas las rentas de la compañía pagaban esa alícuota

– Ahora la tasa será del 30%, pero establece que los beneficiarios del régimen tendrán una reducción del 60% en el monto del gravamen (aunque únicamente para actividades promovidas). Esto, en rigor, debería incentivar a que se desarrollen más actividades de este tipo.

– En cuanto a las contribuciones patronales, la actividad privada vio con buenos ojos que el beneficio sea de más simple aplicación: con un bono fiscal por el 70% de las efectivamente pagadas, que servirá para saldar el Impuesto a las Ganancias, IVA y anticipos.

– Si bien hay un tope para las organizaciones grandes (equivalente a 3.475 empleados), por encima del cual pagará la contribución completa para el excedente. Sin embargo, para las nuevas incorporaciones, posteriores a la inscripción, no habrá tope.

Si bien en un primer momento se barajó un número inferior de empleados, se buscó no afectar al mercado y no dejar afuera a las 10 compañías que más dan empleo en el sector, con Mercado Libre como punta de lanza.

La industria, al ritmo de la cuarentena

Empujada por un contexto interno de profunda crisis económica, esta rama de actividad cerró 2019 con crecimiento del 44%. Si bien se trató de una de las más pujantes, sus números quedaron por debajo de la inflación anual, que superó el 50%. En ese sentido, ni los lucrativos contratos en el exterior, que reportan ingresos en dólares, pudieron con la fuerza centrífuga de la recesión.

“El sector es ‘cross’, le vende a toda la economía. Por ejemplo, aquellas que hacen software para turismo están completamente paradas. Lo mismo podes ir viendo sector por sector”, grafica a iProUP Sergio Candelo, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI).

El directivo señala además que “lo diferente de esta crisis a, por ejemplo, la de 2002, es que vos tenías el mundo para ir. Hoy, las exportaciones comienzan a caer porque los rubros más golpeados caen también en todo el mundo”. Así, esta rama de actividad por ahora no encuentra su vía de escape.

Candelo sostiene que prácticamente todas las empresas gastaron a cuenta de la promulgación de la nueva ley, por lo que su aprobación en el Congreso pasó de tener status de “necesaria” a “urgente”. “Hasta el 18 de diciembre, arrancábamos 2020 con una nueva ley, por ende, todos tus costos incluían esta cuestión. En ese momento, los cálculos eran de u$s250.000 por año en beneficios para una empresa de hasta 100 personas, fruto de la nueva normativa”, señala el ejecutivo.

“El 2 de enero nos enteramos que no se iba a implementar, pero que iba a salir una ley y estaba la promesa de que sería retroactiva. Así, tenías que resolverlo financieramente durante esos dos meses, pero no desde lo económico, porque ibas a tener el resultado a más tardar en marzo”, revela Candelo.Y agrega: “Sin embargo, a la falta del nuevo marco legal se le sumó la pandemia, que frenó el Congreso y, al mismo tiempo, hizo caer gran parte del mercado”. Lo que se dice, una tormenta perfecta.

Desde la CESSI confirman que se hicieron gestiones para, al menos en un esquema de emergencia, se habilitara la vieja Ley de Software a través de un DNU, aunque el pedido no prosperó dentro de Casa Rosada. Por otro lado, también hubo dificultades para acceder a las ayudas que brinda el Gobierno a las empresas afectadas por la pandemia (implementadas vía decreto 376/2020).

“La ayuda se segmenta de una manera en la que vos quedás afuera. Para pedirlo hay que tener una caída nominal en la facturación, pero al ser la inflación de un 50% y el crecimiento general de entre el 20% y el 30%, apenas 3 empresas del sector accedieron al beneficio”, aclara el directivo de la CESSI.

Sin embargo aclara que, pese a algunos vaivenes, el diálogo con las autoridades nacionales sigue siendo fluido. Mientras, desde los despachos de la calle Balcarce ultiman detalles y proyectan a la propuesta “pique en punta” una vez que pise el Congreso.

Para el Gobierno, La Ley va primera

“El sector siempre tiene buen diálogo con todos los gobiernos y todas las provincias. Se trata de una industria que no está en la grieta“, explica Candelo, y agrega que “lo bueno es que el ministro de desarrollo también lo ve así, no hay que ir a explicarle que somos ni nuestra importancia”.

Desde la cámara revelan que Matías Kulfas quiere que sea la primera ley en salir una vez que se reanuden las sesiones, y lo mismo repiten fuentes del ministerio consultadas por iProUP. “Están avanzadas las gestiones con el presidente de la Cámara (Sergio Massa) y con varios diputados para darle prioridad a la Ley de Economía del Conocimiento“, aseguran desde el Gobierno.

Al respecto, aclara que, si bien el panorama es complejo porque no se sabe cómo va a sesionarse, “ya se se enviaron notas para efectivamente acelerar su tratamiento“.

El orden en que se presenten las iniciativas en el recinto no es azaroso. Con propuestas polémicas, como el impuesto a las grandes riquezas en la lista, tiene sentido ubicar a la Ley de Economía del Conocimiento en la línea de largada, ya que los grandes debates quedarán para el final de lo que se vislumbra como una maratónica sesión.

Asimismo, todas las fuentes consultadas coinciden en que, a grandes rasgos, ya existe consenso general de aprobación respecto de la nueva ley. Palabras más, palabras menos, todos los actores están dispuestos a que salga ya mismo al ruedo.

“La relación con diputados oficialistas y oposición es de diálogo directo. Todos estiman que cuando salga, lo hará rápido. Incluso nos llaman para ver si está todo bien con lo que van aprobar”, revela Candelo.

Es que, pasadas las discusiones de enero y febrero, donde incluso se limaron asperezas entre Mercado Libre y Casa Rosada (el primer borrador estipulaba condiciones que dejaban a la firma de Marcos Galperin fuera de los beneficios), finalmente se llegó a un acuerdo general entre los distintos sectores de la industria de la innovación y el ministerio de Desarrollo Productivo.

Por ende, tal como anticipó iProUP, una de las clavijas que se ajustará más fuertemente en el “ecualizador” de medidas es el de la equidad. Es decir, que los beneficios tengan mayor impacto en las pequeñas y medianas compañías pero sin perjudicar a los unicornios.

“Cómo vamos a ir en contra de Mercado Libre que genera mucho empleo de calidad, es una fuente de innovación y su apuesta es a la inclusión financiera, al permitir que cualquier comercio pueda aceptar tarjetas”, se escuchaba en los pasillos de Irigoyen 250.

En este sentido, la nueva iniciativa busca flexibilizar los requisitos para las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al régimen de promoción con ventajas similares a las grandes.

“Es una ley pro-Pyme. Tienen menos requisitos de entrada y de revalidación que las grandes”, remarca una fuente gubernamental a iProUP.

Ahora, con el impacto del coronavirus reverberando en cada fibra de la economía argentina, Kulfas y las empresas fumaron la pipa de la paz y avanzaron en un objetivo común: si entre ellos pelean, los devoran los de afuera; por ende, la Ley será primera.

Fuente: iProUP publicado 06-05-2020.-