CONSIDERANDO:
Que el derecho a la igualdad; y el ejercicio de sus derechos en forma igualitaria y sin discriminación por género,
sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género; ni por otras condiciones subjetivas, constituyen principios
jurídicos universales, reafirmados en la Carta de las Naciones Unidas y reconocidos en diversos textos
internacionales sobre Derechos Humanos, entre los que destacan la Convención Americana sobre Derechos
Humanos del 22 de noviembre de 1969 y aprobada mediante Ley N° 23.054 en 1984; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos
firmados el 19 de diciembre de 1966 y aprobados por la República Argentina por Ley N° 23.313 del año 1986; y,
realzados, por la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (conocida
internacionalmente por sus siglas en inglés como CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas
el 18 de diciembre de 1979, suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980 y ratificada mediante Ley
N° 23.179 del año 1985
Que a todos esos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y varios otros, también sobre
la misma materia, que no es necesario detallar aquí exhaustivamente, se les ha reconocido jerarquía constitucional
en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, de la Constitución Nacional.
Que, asimismo, por el artículo 37 de la Constitución Nacional, se proclama la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios; y se establece que la misma se garantizará por
acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

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Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario optimizar el trámite de autorización para funcionar con carácter de persona jurídica y la
ulterior inscripción, a determinados sujetos colectivos que lo ameritan, como asimismo facilitar la gestión de sus
administradores en relación al trámite correspondiente y el control la constitución, por parte de este organismo.
Que esta Inspección General de Justicia, desde antiguo, ha implementado una opción alternativa a la confección
del estatuto social por parte de los interesados, poniendo a disposición de los administrados el Estatuto Tipo para
Asociaciones Civiles, que ha sufrido eventuales modificaciones para su modernización y actualización hasta el
presente.
Que en un porcentaje notablemente mayoritario, los constituyentes de asociaciones civiles optan por la utilización
del Estatuto Tipo que el organismo propone.
Que, sin embargo, la realidad ha demostrado que, en tanto existan artículos que deban ser completados por los
interesados, se incurren en errores cuya subsanación implica necesariamente retrasos en el trámite de
autorización.
Que tales yerros pueden evitarse implementando una tercera opción, a elección de los interesados, mediante la
elaboración de estatuto tipos pétreos para entidades con objetivos determinados que ameritan esta facilitación, en
los cuales para las partes que son propias exclusivas de cada entidad requirente -tales como denominación y fecha
de constitución- se remite al acta de la asamblea constitutiva

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Descargar -anexo I -32-2020

Descargar anexo II-2020

Descargar anexo III- 32-2020

Descargar anexo IV-32-2020

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Y CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 3º de la Ley N° 22.315 establece que la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA de la Nación
tiene a su cargo las funciones atribuidas por la legislación pertinente al Registro Público de Comercio (a partir de la
sanción del Código Civil y Comercial de la Nación denominado como “Registro Público”), y la fiscalización de las
sociedades por acciones, entre otras.
Que el artículo 4° inciso a) de dicha ley establece a su vez que en el ejercicio de sus funciones registrales la
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA organiza y lleva el Registro Público de Comercio – hoy “Registro Público”-.
Que en tal sentido, el artículo 39 de la Resolución General IGJ N° 7/2015 prevé que “Previo a ordenarse la
inscripción de lo expresado en el artículo 36 de las presentes Normas, se verificará la legalidad del documento y del
acto contenido en él, comprendiéndose en ello la verificación del cumplimiento de todos los requisitos formales y
sustanciales que en cada caso correspondan.”
Que la referida Resolución General en sus artículos 50 a 80 prevé el procedimiento de inscripción de constitución
de sociedades comerciales. Dicha resolución asimismo prescribe en sus artículos 490 y siguientes el procedimiento
de rubrica de los libros contables y societarios, el cual deberá ser solicitado una vez inscripta la sociedad dentro de
los noventa días corridos a contar de su registración.

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