CONSIDERANDO:
1. Que este Organismo, a los fines de adecuar su normativa reglamentaria al Código Civil y Comercial de la Nación,
dictó la Resolución General IGJ N° 7/2015 en sustitución de su antecedente Resolución General IGJ N° 7/2005, y
en aquella incluyó normas reglamentarias relativas a la inscripción en el Registro Público de los contratos de
fideicomiso (artículo 1669 del código citado), a saber, los artículos 284 a 291 en el Título V del Libro III de la
resolución de mención, disponiendo en ellos sobre los requisitos de la registración, la figura del fiduciario, las
inscripciones posteriores a la del contrato de fideicomiso, la constitución del fideicomiso, los fideicomisos sobre
acciones, el eventual régimen contable, la implementación informática de un registro de fiduciarios y la extinción de
los fideicomisos, etc.
Que algunas de dichas disposiciones fueron modificadas por la Resolución General IGJ N° 9/2015 y lo propio hizo
la Resolución General IGJ N° 6/2016, que además derogó algunas de ellas.
2. Que resulta conveniente revisar el régimen normativo que ha quedado luego de las modificaciones y supresiones
efectuadas por las resoluciones generales citadas precedentemente, y asimismo precisar el ejercicio de la función
registral y los efectos o alcances de la registración.
3. Que la necesidad de inscripción del contrato de fideicomiso en un registro público ha sido objeto de preocupación
y aspiración por parte de la doctrina nacional (MOISSET DE ESPANES Luis, “Aspectos registrales del fideicomiso”
en JA 1995 – III – 2014, página 1; ídem, JUNYENT BAS Francisco y MOLINA SANDOVAL Carlos A, “Bases para
una reforma del régimen del Fideicomiso. A propósito de la necesidad de su inscripción”, en La Ley 2007 – C- 782;
etc.) y si bien, incorporada esa registración a la legislación nacional por la ley 26994, el Código Civil y Comercial de
la Nación, en el artículo 1669 no aclara cuál es el Registro Público al que hace referencia -cuestión que esta
resolución deja dilucidada en considerandos más abajo expuestos-, ni tampoco cuál es el efecto que tiene la
registración requerida, lo cierto es que existe consenso en cuanto a la necesidad de que una reglamentación
proceda a determinar los datos a incorporar al Registro y fundamentalmente sobre los alcances de la inscripción
(LORENZETTI, Ricardo L., “Código Civil y Comercial Comentado”, tomo VIII, Rubinzal-Culzoni Editores, página
180; ALTERINI, Jorge H., Director general, “Código Civil y Comercial Comentado”, Tratado Exegético”, tomo VII,

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CONSIDERANDO:
Que el derecho a la igualdad; y el ejercicio de sus derechos en forma igualitaria y sin discriminación por género,
sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género; ni por otras condiciones subjetivas, constituyen principios
jurídicos universales, reafirmados en la Carta de las Naciones Unidas y reconocidos en diversos textos
internacionales sobre Derechos Humanos, entre los que destacan la Convención Americana sobre Derechos
Humanos del 22 de noviembre de 1969 y aprobada mediante Ley N° 23.054 en 1984; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos
firmados el 19 de diciembre de 1966 y aprobados por la República Argentina por Ley N° 23.313 del año 1986; y,
realzados, por la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (conocida
internacionalmente por sus siglas en inglés como CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas
el 18 de diciembre de 1979, suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980 y ratificada mediante Ley
N° 23.179 del año 1985
Que a todos esos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y varios otros, también sobre
la misma materia, que no es necesario detallar aquí exhaustivamente, se les ha reconocido jerarquía constitucional
en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, de la Constitución Nacional.
Que, asimismo, por el artículo 37 de la Constitución Nacional, se proclama la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios; y se establece que la misma se garantizará por
acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

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Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario optimizar el trámite de autorización para funcionar con carácter de persona jurídica y la
ulterior inscripción, a determinados sujetos colectivos que lo ameritan, como asimismo facilitar la gestión de sus
administradores en relación al trámite correspondiente y el control la constitución, por parte de este organismo.
Que esta Inspección General de Justicia, desde antiguo, ha implementado una opción alternativa a la confección
del estatuto social por parte de los interesados, poniendo a disposición de los administrados el Estatuto Tipo para
Asociaciones Civiles, que ha sufrido eventuales modificaciones para su modernización y actualización hasta el
presente.
Que en un porcentaje notablemente mayoritario, los constituyentes de asociaciones civiles optan por la utilización
del Estatuto Tipo que el organismo propone.
Que, sin embargo, la realidad ha demostrado que, en tanto existan artículos que deban ser completados por los
interesados, se incurren en errores cuya subsanación implica necesariamente retrasos en el trámite de
autorización.
Que tales yerros pueden evitarse implementando una tercera opción, a elección de los interesados, mediante la
elaboración de estatuto tipos pétreos para entidades con objetivos determinados que ameritan esta facilitación, en
los cuales para las partes que son propias exclusivas de cada entidad requirente -tales como denominación y fecha
de constitución- se remite al acta de la asamblea constitutiva

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Descargar -anexo I -32-2020

Descargar anexo II-2020

Descargar anexo III- 32-2020

Descargar anexo IV-32-2020

Descargar anexo V-32-2020

Y CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 3º de la Ley N° 22.315 establece que la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA de la Nación
tiene a su cargo las funciones atribuidas por la legislación pertinente al Registro Público de Comercio (a partir de la
sanción del Código Civil y Comercial de la Nación denominado como “Registro Público”), y la fiscalización de las
sociedades por acciones, entre otras.
Que el artículo 4° inciso a) de dicha ley establece a su vez que en el ejercicio de sus funciones registrales la
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA organiza y lleva el Registro Público de Comercio – hoy “Registro Público”-.
Que en tal sentido, el artículo 39 de la Resolución General IGJ N° 7/2015 prevé que “Previo a ordenarse la
inscripción de lo expresado en el artículo 36 de las presentes Normas, se verificará la legalidad del documento y del
acto contenido en él, comprendiéndose en ello la verificación del cumplimiento de todos los requisitos formales y
sustanciales que en cada caso correspondan.”
Que la referida Resolución General en sus artículos 50 a 80 prevé el procedimiento de inscripción de constitución
de sociedades comerciales. Dicha resolución asimismo prescribe en sus artículos 490 y siguientes el procedimiento
de rubrica de los libros contables y societarios, el cual deberá ser solicitado una vez inscripta la sociedad dentro de
los noventa días corridos a contar de su registración.

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