VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 174 del Código Civil y Comercial de la Nación; los artículos 10 inciso b) y 11 inciso c) de
la Ley 22.315; y
CONSIDERANDO:
Que, el derecho de asociarse con fines útiles se encuentra garantizado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución
Nacional. Implica la libertad de elegir las personas con quienes asociarse, de establecer las condiciones y tipo de
asociación; de elegir los fines asociativos; de ingresar en asociaciones ya constituidas; incluso de no asociarse.
Pero también implica el reconocimiento y el respeto de la personalidad jurídica de las asociaciones.
Que, también se encuentra reconocido en diversos Tratados Internacionales que gozan de jerarquía constitucional
por aplicación del artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna. En efecto, está consagrado en la Declaración Universal
de Derechos Humanos (art. 20); en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 16 inciso 1) y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 22 inciso 1).
Que, el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional instala la necesidad de promover, por parte del Estado,
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos.
Que, por su parte, el artículo 174 del Código Civil y Comercial de la Nación señala que las asociaciones civiles
están bajo la fiscalización estatal permanente. Es decir que, no solo se encuentran sujetas al control de legalidad al
momento de solicitar la autorización para funcionar sino que es deber del Estado fiscalizar el funcionamiento y en
su caso, la extinción de la asociación civil.

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VISTO:
El Libro I, Título II, capítulo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 380 de la Resolución General
07/2015, Resolución General 07/2017 y Resolución General 12/2018 de esta INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA; y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 193 del Código Civil y Comercial de la Nación define a las fundaciones como aquellas “personas
jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial
de una o más personas, destinado a hacer posibles sus fines”. La autorización estatal para funcionar requiere un
patrimonio inicial “que posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos estatutariamente”.
Que, por su parte, el artículo 199 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que “con la solicitud de
otorgamiento de personería jurídica deben acompañarse los planes que proyecta ejecutar la entidad en el primer
trienio, con indicación precisa de la naturaleza, características y desarrollo de las actividades necesarias para su
cumplimiento, como también las bases presupuestarias para su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer lo
inherente al trienio subsiguiente, con idénticas exigencias”.
Que de conformidad con las especiales características que presentan las fundaciones en cuanto a la composición,
finalidades, administración, funcionamiento y fiscalización, el legislador previó la necesidad de que el patrimonio
inicial de la entidad se adecue a la posibilidad de cumplir con los objetivos fijados por el fundador, en el acto
constitutivo.
Que, en la actualidad, el artículo 352 inciso 4 de la Resolución General 07/2015 de esta INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA establece un patrimonio inicial mínimo para las fundaciones de PESOS OCHENTA MIL ($80.000).

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