El Gobierno del presidente Javier Milei decidió tensionar al máximo su relación con el sistema financiero de la Argentina. La suba de encajes al 53,5%, el mayor nivel en casi cuatro décadas, se convirtió en el detonante de una confrontación sin diálogo con los bancos, que fueron obligados de facto a financiar al Tesoro, en detrimento de los incipientes instrumentos de crédito que habían comenzado a ofrecer al sector privado.
El desconcierto y la ausencia de diálogo con las autoridades agravan el clima de incertidumbre, mientras se debate una idea idea que seduce al presidente argentino: instalar una suerte de “Banca Simons”, en la que la totalidad de los depósitos de los clientes quedan inmovilizados, con encaje forzoso del 100 por ciento, de manera tal que no pueden ser represtados por los bancos.
En este modelo, la única forma de remunerar los ahorros, sería que el ahorrista los arriesgue directamente mediante en proyectos de inversión, sin respaldo estatal.
Encajes récord y financiamiento forzado
La medida técnica significa que, de cada 100 pesos depositados, más de la mitad queda congelada en el Banco Central o colocada en bonos públicos. El resultado es un “crowding out” manual: empresas y familias quedan desplazadas del crédito, las pymes enfrentan tasas imposibles y los bancos ven evaporarse su rentabilidad.
El trasfondo es político: asegurar la licitación de deuda de estas semanas y evitar que los pesos presionen sobre el dólar en medio de la volatilidad cambiaria. Pero el costo es alto: se profundiza la recesión y se quiebra la confianza en la estabilidad regulatoria.
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