CONSIDERANDO:
Que en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, el Poder
Ejecutivo Nacional dictó las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio” con el objeto de preservar la salud de la población, las que se extienden hasta el 30 de
abril de 2021 conforme lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235 del 8 de abril de 2021 y su
modificatorio.
Que estas medidas han afectado y afectan la dinámica de la economía en su conjunto y de gran parte de las
actividades productivas, y en función de ello corresponde atender las dificultades que deben afrontar los
contribuyentes y responsables respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en particular con relación
a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Que mediante la Resolución General N° 4.687, sus modificatorias y complementarias, esta Administración Federal
suspendió hasta el 1 de abril de 2021 el procedimiento sistémico para aplicar la exclusión de pleno derecho,
previsto por la Resolución General Nº 4.309, su modificatoria y complementaria, suspendiendo asimismo la
consideración de los períodos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021, a los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de la baja
automática, establecido en el artículo 36 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010 y su modificatorio.

Descargar Resolucion 4973-2021

CONSIDERANDO:
Que mediante el Capítulo 1 del Título IV de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la
Emergencia Pública N° 27.541, se estableció un régimen de regularización de obligaciones tributarias, de los
recursos de la seguridad social y aduaneras.
Que, a raíz de las consecuencias económicas producidas por la pandemia de COVID-19 que afectaron a los
agentes económicos y a la población del país en general, por la Ley N° 27.562 se amplió el citado régimen.
Que, asimismo, mediante la citada ley se establecieron beneficios tributarios para los contribuyentes adheridos al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o inscriptos en el impuesto a las ganancias, que revistan la
condición de “cumplidores” en los términos de dicha norma.
Que por la Resolución General N° 4.855 y su complementaria, se fijó el procedimiento a seguir por los sujetos
alcanzados por los beneficios antes aludidos, para su aplicación y usufructo, previendo el plazo de adhesión hasta
el 15 de diciembre de 2020, inclusive.
Que, en lo que respecta al beneficio de amortización acelerada, la mencionada norma determinó la obligación de
informar los comprobantes vinculados a inversiones realizadas en bienes muebles amortizables adquiridos,
elaborados, fabricados o importados y/u obras de infraestructura.

Descargar Resolución 4971-2021

CONSIDERANDO:
Que el artículo 100 de la Ley de Procedimiento Tributario N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
prevé los procedimientos mediante los cuales se deben practicar, entre otras, las citaciones, notificaciones e
intimaciones de pago.
Que entre dichos procedimientos, el inciso g) del citado artículo contempla la comunicación informática del acto
administrativo en el domicilio fiscal electrónico a que se refiere el artículo sin número incorporado a continuación del
artículo 3° de la misma ley, constituido en las formas, requisitos y condiciones que establezca la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
Que el mencionado artículo 3° define al domicilio fiscal electrónico como el sitio informático seguro, personalizado y
válido, registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la
entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza; el que produce en el ámbito administrativo los
efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen.
Que la Ley de Firma Digital N° 25.506 y su modificación, reconoce la eficacia jurídica del documento electrónico, la
firma electrónica y la firma digital, estableciendo -en su artículo 48- que el Estado Nacional debe promover el uso
masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas
automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva
despapelización.

Resolucion General conjunta 4970-2021

Descargar anexo-4970-2021