En un entorno global marcado por tensiones arancelarias, cadenas de suministro en rediseño y un ciclo de inversión en IA sin precedentes, el nuevo informe de J.P. Morgan Payments identifica cinco desplazamientos estructurales que ya están reconfigurando cómo las organizaciones mueven, protegen y aprovechan su dinero. La pregunta ya no es si adoptar estas tecnologías, sino con qué velocidad y en qué secuencia.

1.

Tesorería en real time

La volatilidad macroeconómica está acelerando la transición hacia estructuras de liquidez centralizadas y automatizadas. El informe señala que el 87% de las organizaciones tiene algún nivel de automatización en su infraestructura de pagos, pero solo el 39% la describe como mayoritaria o totalmente automatizada. La brecha es la oportunidad.

El concepto de liquidez sin fronteras —gestión de flujos internos vía cuentas virtuales sin mover fondos físicamente entre jurisdicciones— está ganando tracción como respuesta a la reconfiguración de supply chains post-aranceles. Empresas que relocalizan producción hacia EE.UU. o México enfrentan mayores necesidades de capital de trabajo y nuevas relaciones comprador-proveedor que exigen instrumentos de trade finance más ágiles.

2.

La IA como árbitro de identidad en pagos irreversibles

El costo global del ciberfraude alcanzó los $10.5 billones en 2025, mientras que el 40% del fraude biométrico ya se atribuye a deepfakes. Para los equipos de pagos, el desafío es especialmente agudo en los pagos cuenta-a-cuenta (A2A), cuya irreversibilidad eleva el costo de cada error de autenticación.

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Hay un número que tranquiliza a los equipos de riesgo más que cualquier otro: la tasa de fraude. Si baja, el modelo funciona. Si baja sostenidamente, el trabajo está hecho. Es el indicador que se lleva a los directorios, el que aparece en los reportes de compliance y el que justifica o cuestiona inversiones en tecnología de verificación.

El problema es que ese número está dejando de decir lo que creíamos que decía.

Los datos del Informe sobre Fraude de Identidad 2025-2026 de Sumsub, elaborado sobre más de 4 millones de intentos de fraude analizados en la región, revelan un patrón que debería incomodar a cualquier equipo de riesgo en América Latina: los países donde más cayó el fraude general son, en varios casos, exactamente los mismos donde más creció el fraude sofisticado.

El caso México es el más elocuente. La tasa de fraude descendió un 32% interanual. Por cualquier métrica tradicional, eso es una victoria. Pero en el mismo período, los intentos de fraude mediante deepfakes crecieron un 484%. No es un error tipográfico. Es casi quíntuple. Lo que desapareció fueron los intentos burdos, los que los sistemas actuales ya detectan sin esfuerzo. Lo que creció fue otra cosa.

Argentina sigue la misma lógica. La tasa general cayó un 20% tras el endurecimiento regulatorio en torno a la incorporación de tecnologías financieras. Un resultado que, en superficie, valida la política. Pero los deepfakes crecieron un 66% interanual. Venezuela bajó un 19% en fraude general; sus deepfakes casi se duplicaron. Surinam es el caso más extremo: el fraude total se redujo un 71%, mientras que los deepfakes se cuadruplicaron, con un crecimiento superior al 400%.

El patrón es consistente y tiene una explicación mecánica clara.

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Igor Istranov construyó y gestionó productos de activos digitales dentro de instituciones de primer nivel como JP Morgan y SoFi. Actualmente, es líder de Digital Assets en Fifth Third Bank una institución que procesará cerca de 18 billones de dólares en nuevos portafolios y generará más de mil millones en ingresos de pagos comerciales.

Su exposición en el marco de Token Americas Miami dejó valiosas conclusiones para el futuro de la industria financiera.

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En bancos, si no está explícitamente permitido, está restringido

El punto de partida no fue un whitepaper. Fue el marco regulatorio. En Estados Unidos, los bancos operan bajo un modelo de permisos: si una actividad no está explícitamente autorizada, está restringida hasta que se verifica que puede hacerse bajo los controles existentes. El OCC ha ido ampliando ese marco en los últimos años, permitiendo custodia de activos digitales, pagos y liquidación, actividades vinculadas a stablecoins, y uso de tecnología de ledger distribuido para settlement. Pero ninguna de esas habilitaciones elimina las obligaciones bancarias sobre seguridad, protección al consumidor y resiliencia operativa. Esas siguen intactas.

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Un banco no pregunta si el producto es innovador. Pregunta si puede sobrevivir una auditoría

La diferencia entre un banco y una fintech no es solo el balance sheet. Es la pregunta que se hace antes de lanzar un producto. Las startups preguntan: ¿podemos hacerlo rápido? Los bancos preguntan: ¿podemos sobrevivir supervisión, estrés y auditoría? Eso no es burocracia sin sentido. Es la consecuencia de operar con el dinero de millones de personas bajo la mirada permanente del regulador. Y en ese contexto, el compliance no es un trámite posterior al lanzamiento. Es una capa fundacional que define la arquitectura del producto desde el día uno.

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