La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una sentencia en favor de la empresa Vicentin que impugnó la validez de un decreto que fija los parámetros para la determinación de los precios de transferencia para el Impuesto a las Ganancias.
Según fuentes vinculadas al máximo tribunal, en esa causa, Vicentin, un conglomerado industrial de productos primarios con sesgo exportador, litigaba por una diferencia del tributo de $ 30 millones y $ 24 millones para los períodos fiscales 2002 y 2003, respectivamente.
La causa llegó a la Corte luego que el Estado Nacional apelara la sentencia de la Cámara Federal de Resistencia que confirmó la declaración de inconstitucionalidad de artículos de los decretos 916/04 y 1.287/05, que reglamentaron la Ley 25.784 (de Impuesto a las Ganancias).
Se consideró que el primero violó el principio de legalidad tributaria al establecer una aplicación retroactiva del impuesto a períodos fiscales concluidos y el segundo a cuestiones vinculadas con la exportación de productos.
“Nuestra Constitución Nacional prescribe, de manera reiterada y como regla fundamental, tanto en el artículo 4 como en los artículos 17 y 52, que sólo el Congreso impone las contribuciones”, sostuvo la Procuradora Fiscal Laura Monti, en un dictamen con el que coincidió la Corte para rechazar el recurso extraordinario.
