A menos de tres semanas para las PASO, las medidas oficializadas en la madrugada de este lunes 24 de julio, a través del Decreto 377/2023, tuvo un impacto demoledor en los principales índices económicos, con un dólar «blue» que superó la barrera de los $550 y un impacto casi inmediato en precios para gran parte de los bienes y servicios.

La lucha contra la inflación, que había tenido una buena noticia al desacelerarse el último registro mensual, parece haber sido tan solo un espejismo. Y las consecuencias de la medida, cuestionada por todo el arco empresario, aún son difíciles de predecir, impactando en los principales sectores de la actividad económica.

Y tanto el seguro como el reaseguro no escapan a esa realidad, por el contrario. Vale advertir que el mencionado decreto generaliza el impuesto PAIS («Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria») al 25% para todos los servicios importados, salvo contadas excepciones: Fletes (se le aplica la alícuota del 7,5%), Salud y Educación (exentos), y Recitales (ya paga el 30%).

Este impuesto lo perciben los bancos al momento de que los importadores acceden al mercado de cambios. De hecho, ya viene sucediendo que desde el lunes, compañías que tienen SIRASE autorizado, -el Sistema de Importaciones y Pagos de Servicios al Exterior a través del cual se tramitan los permisos para importar-, fueron al banco y este les solicitó el pago del impuesto PAIS para el pago.

De esta manera, y dado el contexto de falta de divisas, ese impuesto PAIS se suma a la carga tributaria que ya pesa sobre todas las operaciones de reaseguros y los contratos de seguros en dólares. Y dado que la mayor parte de los contratos en pesos tienen el respaldo del reaseguro (Automotores, Agro, etc.), conllevaría a un aumento casi directo al costo del seguro, que se debería trasladar a la prima, es decir, a lo que paga el asegurado.

Un asegurado que -particularmente en Autos- ya viene soportando aumentos anualizados de tres cifras, en línea con la inflación. Y un mercado asegurador con costos siniestrales muy por arriba de los ajustes en precios, con tarifas insuficientes, refacturaciones mensuales y una competencia por precios para no perder cartera que devienen en un cóctel explosivo y un quebranto general del negocio asegurador (cercano a los $65 mil millones en «rojo», a marzo de este año).

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RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Incorpórese transitoriamente el punto 33.3.8.3.1. al Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) hasta los Estados Contables cerrados al 31 de marzo de 2024 inclusive:

“33.3.8.3.1. Componentes financieros implícitos. Ramas Automotores y Motovehículos – Subrama RC Exclusivo

En todos los siniestros no incluidos en el punto 33.3.8.2. y únicamente para las Subramas Automotores – RC Exclusivo (Código 1.030.02) y Motovehículos – RC Exclusivo (Código 1.180.02), deben desagregarse los componentes financieros implícitos, entre la fecha de ocurrencia del siniestro y la fecha de pago o la fecha de cierre del ejercicio o período en caso de tratarse de siniestros pendientes. A tal fin, para la determinación de los valores a ser utilizados en la matriz de cálculo de los siniestros pendientes debe aplicarse lo dispuesto en el punto 33.3.8.3. del presente Reglamento. Por otra parte, para la determinación de los valores a ser utilizados en la matriz de cálculo de los siniestros pagados debe utilizarse la serie del índice FACPCE definida por la Resolución de JG 539/18 de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

En relación con el criterio descripto, en caso que la entidad registre un importe negativo Zi del período de ocurrencia i de acuerdo con el procedimiento estipulado en el punto 33.3.6.2.2. del presente Reglamento, no podrá considerar dicho importe en la suma de los distintos períodos de ocurrencia para la conformación del pasivo total de I.B.N.R. a exponer en los Estados Contables.”.

ARTÍCULO 2°. Establécese que por aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente, las aseguradoras deberán consignar en Nota a los Estados Contables al 30.06.2023:

a. El detalle de los factores promedio ponderado, los factores de desarrollo y el importe de I.B.N.R. resultante de aplicar lo dispuesto en el punto 33.3.8.3. del R.G.A.A..

b. El detalle de los factores promedio ponderado, los factores de desarrollo y el importe de I.B.N.R. resultante de aplicar la presente resolución, punto 33.3.8.3.1. del R.G.A.A..

c. Diferencia entre los valores resultantes de los incisos a) y b) detallados precedentemente. De verificarse las diferencias indicadas en el inciso c), y hasta el importe resultante, las entidades no podrán realizar disminuciones de capital, distribuciones de utilidades en efectivo ni efectuar devoluciones de aportes. La presente disposición rige hasta los Estados Contables finalizados el 30.06.2024, inclusive.

A tales efectos, el importe determinado en el inciso c) deberá actualizarse a la fecha de la asamblea utilizando la serie del índice FACPCE definida por la Resolución de JG 539/18 de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, considerando como fecha de origen el 30.06.2023.

El Actuario Externo deberá certificar la información requerida en su informe sobre reservas al 30.06.2023.

El Auditor Externo, en el informe especial requerido por el inciso e) del punto 38.1.1. del R.G.A.A., deberá dejar constancia, al expedirse sobre la propuesta de distribución de utilidades, del tratamiento dado al importe indicado en el apartado c) del presente artículo.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Descargar Completo Resolución 353/2023