Argentina – Comentarios Sectoriales
FIX (afiliada de Fitch Ratings) comenta sobre el impacto esperado en los diversos sectores del nuevo escenario
post elecciones
La Calificadora espera un escenario desafiante de corto plazo, que podría tener efecto sobre las Calificaciones en Argentina. La
elección del nuevo presidente Javier Milei, quien asumirá a partir del 10 de diciembre, deberá afrontar numerosos desequilibrios
macroeconómicos. Entre ellos se destacan reservas netas negativas superiores a los USD 13.000 millones, deudas con importadores
superior a los USD 20.000 millones, probable caída del nivel de actividad, especialmente en el primer trimestre, un déficit fiscal
primario del 3% más financiero 2% y una inflación que cerraría 2023 en torno a 185% o más, con una proyección inflacionaria muy
alta como mínimo para el primer trimestre del año 2024, entre otros. Hay intenciones de reducir fuertemente el gasto público y
lograr una significativa reducción del déficit fiscal hasta llevarlo a cero, todo lo cual resulta muy ambicioso por los plazos en que se
debiera realizar y la fuerte resistencia esperada. Para poder ir liberando el cepo se ha manifestado que se necesita solucionar el
problema fiscal derivado de la emisión que además es contrarrestado con Leliqs que generan necesidades monetarias a futuro,
problema que debe ser solucionado o con una fuerte inflación licuadora (no parece estar en los planes) o con una situación fiscal
recompuesta.
Por su parte, se cuenta con algunas premisas que de realizarse podrían ayudar a cumplir por lo menos con las pautas
antiinflacionarias y generar expectativas positivas. Entre otras se puede destacar (i) una cosecha favorable en la medida que el clima
y los precios lo permitan (ii) reducción del déficit derivado de las tarifas (iii) alguna merma en los salarios o jubilaciones (en la medida
que sea muy leve y tolerable socialmente) (iv) racionalización de las transferencias discrecionales a las provincias y logrando apoyo
privado para programas de obras públicas, etc. Estas premisas están subordinadas a su concreción y a la posibilidad de lograr
consensos que impidan una resistencia a las mismas, tanto a nivel social como parlamentario.
Debido a la crítica situación cambiaria que ha generado un nivel de reservas netas negativo, el gobierno actual con posterioridad al
resultado eleccionario, llevó el tipo de cambio aplicable para exportaciones a una combinación de tipo de cambio libre y el oficial
(controlado) de una relación 30%-70% o una relación entre tipo de cambio Contado con Liquidación (CCL) o libre a 50%- 50% lo
que se asimila a una devaluación no reconocida pero establecida con el fin de alentar a liquidación de exportaciones y allegar divisas
para recomponer el stock de reservas del Banco Central. Todo ello con el fin de intentar que disminuya la presión sobre las reservas
hasta la nueva asunción presidencial. Lo realizado consiste por lo tanto en una devaluación asimétrica que deja intacto el cepo (a
las importaciones) y opera con estímulos a los exportadores para no perder más reservas. Dicha devaluación asimétrica sigue
manteniendo un tipo de cambio de compra de divisas por parte del Banco Central totalmente desigual respecto a la cotización de
venta de divisas pero, al mantener el cepo, prácticamente no autoriza importaciones salvo alguna imprescindible. Por su parte,
luego de estar congelado hasta el 14 de noviembre, el tipo de cambio mayorista (Comunicación A 3.500), se incrementó $3 el
primer día, mientras que los días siguientes el aumento se ubicó por debajo de la inflación, obviamente el crawling-peg implementado
sigue revaluando el peso, pero se compensa con las medidas tomadas específicamente para los exportadores. Dicho crawling-peg
no tiene correlación con la inflación operada en el mismo plazo por lo que sigue generando expectativas devaluatorias y ello
probablemente obligará a tomar medidas adicionales a partir del 10 de diciembre. Se intentó generar una suerte de instrumento de
cobertura para los importadores a quienes no se les autorizó el pago al exterior por sus compras vía unas letras del BCRA (LEDIV)
que mantuviera correlación con el tipo de cambio oficial y de esa forma impedir las coberturas imperfectas que presionaban
igualmente sobre el tipo de cambio. Hubo mucho debate sobre la legitimidad y razonabilidad de la medida, sobre todo por el costo
cuasi-fiscal de la medida y tras una avalancha de cobertura (aproximadamente USD 2,3 mil millones en una semana) se decidió dar
marcha atrás con la decisión.
