I) Que a raíz de la pandemia de coronavirus (COVID-19), esta Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido adoptando distintas medidas en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, concordantes con las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional y las recomendaciones de la autoridad sanitaria de la nación -conf. acordadas 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20, todas del corriente año-.
II) Que, en razón de las consideraciones formuladas por este Tribunal al dictar las acordadas 17, 19 y 20 –a las que corresponde remitir por razones de brevedad-, de las previsiones contenidas en las acordadas 14 –punto resolutivo 4º y Anexo I “Protocolo y Pautas para la Tramitación de Causas Judiciales durante la Feria Extraordinaria”, punto IIy 18 –punto resolutivo 6º-, todas del corriente año, y en función de lo dispuesto en los artículos 3º, 4º, 10 y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia nº 520/2020, esta Corte previó el levantamiento de la feria judicial extraordinaria, dispuesta por la acordada 6/2020 y sus prórrogas, respecto de aquellos tribunales en los que las condiciones epidemiológicas lo permitiesen.
III) Que con esos fundamentos, distintas cámaras federales y tribunales orales federales con asiento en las provincias han evaluado el cumplimiento de las condiciones y requisitos necesarios para disponer el levantamiento de la feria extraordinaria, respecto de su jurisdicción o de alguno de sus tribunales; y, en consecuencia, han formulado el respectivo pedido a esta Corte.
Así, lo han requerido las cámaras federales de apelación de Córdoba, Mar del Plata y La Plata, respecto de distintos juzgados bajo su superintendencia (expedientes números 2377/2020, 2373/2020 y 2394/2020, respectivamente); y los tribunales orales en lo criminal federal de Córdoba, Mar del Plata y Salta (expedientes números 2399/2020, 2400/2020 –Esc. 1444/2020-, 2373/2020 –Esc. 1434/2020- y 2308/2020 –Esc. 1426/2020-, respectivamente). Conforme al detalle que a continuación se consigna:
1. JURISDICCIÓN DE CÓRDOBA
• Juzgado Federal de La Rioja
• Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba N° 1
• Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba N° 2

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I. Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 547/2020 –publicado en el Boletín Oficial con fecha 23 de junio del corriente año-, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario del siguiente modo: dentro del plazo legal previsto hasta la suma de pesos cuarenta mil ($40.000) brutos; y el excedente en dos cuotas iguales junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020.
II. Que si bien la norma no alcanza a este Poder del Estado, en la medida en que dispone su aplicación respecto de los trabajadores dependientes del Sector Público Nacional –definido en el artículo 8º de la ley N° 24.156 incluyendo también al Sector Público Nacional Financiero, Bancario y No Bancario, conf. artículos 1º y 2º del referido decreto-; las circunstancias invocadas por el Poder Ejecutivo Nacional en sus considerandos se verifican también dentro de este Poder Judicial de la Nación.
III. Que esta Corte Suprema, en ejercicio de sus competencias propias como cabeza de este poder del Estado -art. 108 de la Constitución Nacional, cuyas atribuciones se encuentran ampliamente desarrolladas en los antecedentes que cita la acordada 4/2000, considerandos 1 al 7- tiene la facultad y el deber constitucional de adoptar, en el ámbito de sus atribuciones incluida la de superintendencia, las medidas apropiadas para producir aquellos actos de gobierno que, como órgano supremo de la organización judicial argentina, fuesen necesarios para asegurar de la forma más eficiente la debida prestación del servicio de justicia.
IV. Que por las razones expuestas, habida cuenta de lo dispuesto en los artículos 7 de la ley 23.853 y 13 del decreto ley 1285/58 –ratificado por ley 14.467-, esta Corte estima pertinente adherir a los términos del referido Decreto.

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Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1094/2009 y sus modificatorias, se creó el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, el cual tiene por objeto asistir a trabajadores afectados por problemáticas de empleo promoviendo su inserción laboral y/o mejora en la calidad del empleo, mediante el apoyo al desarrollo y formalización de emprendimientos productivos y el fortalecimiento de entramados y redes asociativas locales.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1862/2011 y sus modificatorias, se aprobó el Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 124/2011 y sus modificatorias, se creó el PROGRAMA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO, el cual tiene por objeto asistir a trabajadoras y trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional a través de su participación en actividades que les permitan mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales, insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 877/2011 y sus modificatorias, se aprobó el Reglamento del PROGRAMA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO.

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1°) El promotor de las presentes actuaciones apeló la resolución de fs. 20 que consideró que la documentación acompañada resulta insuficiente para acreditar la existencia de una obligación líquida y exigible al presunto deudor y, por tanto, desestimó liminarmente el pedido de quiebra.
Fundó esa apelación mediante el memorial de fs. 40.
2°) Ante la limitación cognoscitiva impuesta por el art. 84 de la LCQ, la documentación de que intente valerse el supuesto acreedor debe ser autosuficiente en relación a aspectos tales como la existencia del crédito y la mora del deudor (conf. CNCom, Sala E, 14/6/2006, “Medic Medicina Asistencial S.A. s/quiebra s/pedido de quiebra por Korp S.A.”; íd. Sala A, 20/2/2007, “Cruz, María de los Angeles s/pedido de quiebra por Grandio, María P.”).
En el caso, el señor Troilo acompañó copias certificadas de actuaciones correspondientes al expediente caratulado “Troilo, Daniel Vicente c/ Trimarchi, Maximiliano y otros s/ ordinario”, que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Comercial n° 22 y en cuyo marco el demandado fue condenado a rendir cuentas (v. fs. 26/36)

Descargar completa Camara 32328-2018