Las criptomonedas pasaron de ser un casi pasatiempo de pocos a una nueva forma de manejar la economía personal de cada uno. Las causas son varias y cambian según el lugar geográfico que cada persona se encuentre: para el caso de la Argentina, se podría argumentar que, a la dificultad a acceder a moneda extranjera, hay que sumarle la necesidad de ahorrar en una moneda fuerte que esté al amparo de los estragos provocados por la inflación.

En este sentido, hay quienes eligen dólares o euros, otros apuestan a los CEDEAR y también hay quienes se decantan por las criptos (más cuando las stablecoins están en paridad con el dólar estadounidense, que tanto cuesta comprar por estas latitudes).

Los datos acompañan estas afirmación: la Argentina está en la posición nueve en cuanto a la “intensidad de adopción” de criptomonedas, según un índice elaborado por Chainalysis, un sitio especializado en criptomonedas y blockchain y publicado por el Financial Times.

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Con este panorama detrás, las criptomonedas comenzaron a ser cada vez más parte del día a día. Por eso ya se empezaron a vender propiedades a cambio de criptos y también los sueldos empezaron a pagarse en alguna de estas monedas digitales. Y, detrás, apareció  la necesidad de comenzar a pagar impuestos por el intercambio ante las cada vez más repetidas señales de que una regulación está cerca.

Ahora, surgió la posibilidad de pagar los alquileres con criptomonedas. Si bien la práctica corresponde más a la economía en negro -como le confirmó una fuente a este medio-, ya existe la forma de realzarlo de forma legal.  Así lo confirma el tributarista experto en criptos Marcos Zocaro. “Siempre y cuando esté estipulado contractualmente, no le veo impedimento”, responde ante la consulta de Infotechnology.

“Se puede hacer en blanco, sin problemas”,  refrenda Nicolás Soligo Schuler, escribano, asesor de presidencia de la Cámara Inmobiliaria Argentina. “Si el contrato no lo prevé, es conveniente hacer un complemento, una modificación, donde se reformula la obligación del locatario y se plantea la transferencia de criptomonedas como dación en pago”, detalla.

Y hasta propone el lenguaje específico para realizar el complemento del contrato, que surge de un curso que dio Soligo Schuler la semana pasada a profesionales de bienes raíces interesados en el tema.

Finalmente, y para estar a tono con la ley de alquileres actual, hay que emitir factura en dólares o pesos, al cambio estipulado por las partes, que responda a la realidad de la cotización de mercado.

Comprar propiedades con criptos es una realidad

Y, como se señaló más arriba y para citar dos ejemplos, ya hay brokers que ofrecen propiedades a la venta y aceptan el pago en monedas digitales. Mario Seresevsky, comercializador del proyecto Azure Ocean Reserve, es un ejemplo. Fue desarrollado por  U$S 15 millones en la Parada 40 de La Mansa, en Punta del Este. Se trata de unidades de dos, tres y cuatro ambientes que se pueden abonar mediante un 40% de anticipo, que otorga la posesión inmediata, y el saldo en 60 cuotas fijas en dólares o criptomonedas. Los precios parten desde los U$S 190.000 e incluyen cochera y baulera.

Por otro lado, la desarrolladora Codevelopers acepta criptomonedas como forma de pago en su proyecto Bee Urquiza, un edificio de unidades de tres y cuatro ambientes con piscina para niños, jacuzzi, parrilla y terraza verde con huerta. Se trata de una desarrolladora nueva, que se lanzó el mes pasado, compuesta entera por gente joven, sub 40, con muchas innovaciones, y entre ellas la de aceptar criptos como parte de pago.

Néstor Ruiz, director general de Grupo Dinal, una desarrolladora con múltiples proyectos en el corredor norte y oeste del Gran Buenos Aires anunció que “la desarrolladora se encuentra próxima a lanzar una nueva unidad de negocios denominada DNL Proptech, que posibilitará invertir en grandes emprendimientos a partir de 1m2.

“Lo haremos posible a través de la tokenización de activos inmobiliarios y con la administración de contratos inteligentes sobre la red blockchain, garantizando el compromiso con los compradores e inversores y ofreciendo trazabilidad de la obra desde el pozo hasta la entrega llave en mano. Los pagos podrán realizarse mediante pesos o criptomonedas. Sin dudas es el futuro de las inversiones inmobiliarias, de manera simple, segura y transparente, y sobre todo dando acceso a más gente a la posibilidad de invertir en real estate”, concluye el desarrollador

Hay que recordar además que, más allá de no existir una regulación específica, en la Argentina ya hay que pagar impuestos por la compra, venta y tenencia de criptomonedas, tal como se cuenta en esta nota.

Fuente: Infotechnology publicado 07/01/2022

Vayo Coines uno más en una serie de estafas que aparecieron en este último tiempo -como toda la saga de

Zoe Capital– y que buscaron aprovechar la crisis económica local y las necesidades de las personas que quieren encontrar inversiones rápidas que los ayuden a multiplicar sus activos.

Por esto es que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo, perteneciente a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, imputó a la empresa Vayo Business SA por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) por incumplir la obligatoriedad de brindar a los consumidores información cierta y clara sobre el servicio que provee.

Lo que distingue a este caso en particular, y motiva estas líneas, es la participación de varios e importantes influencers en la promoción de lo que hoy se sabe que es una estafa (Vayo Business y varias empresas relacionadas con ella, según datos del Banco Central, deben más de $ 60 millones en cheques sin fondo).

Entre ellos Wanda Nara, Pampita Ardohaín, L-Gante, Julieta Nair Calvo, Jimena Barón, Celeste Muriega, Horacio Cabak, Marcelo Tinelli y Florencia Tesouro. Estas personas recomendaban invertir en Vayo Coin y hasta llegaron a decir que decidieron apostar sus propios ahorros.

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Defensa del Consumidor les solicitó información sobre las promociones que realizaron y sobre si realmente invirtieron dinero o en realidad se trataba todo parte de una publicidad con indicaciones provistas por la firma anunciante.No es la primera vez que el marketing de influencers se encuentra bajo la lupa y se exige su regulación.

Y después de todo este escándalo la pregunta vuelve a aparecer: ¿hay que legislar sobre su actividad?

Ya en 2020, una diputada, Carmén López Valverde (Frente de Todos, San Juan), presentó un proyecto para regular la actividad y las publicidades en las redes sociales y hasta exigir que los influencers etiqueten los posteos pagos. En off, fuentes del sector cuentan que estos influencers cobraron entre dos y tres veces más el caché habitual (“por eso era tan tentador”, acota, sotto voce, una de las personas consultadas).

Esta iniciativa, al momento, no es más que un proyecto pero hay que recordar que la actividad ya está regulada de alguna manera. “Lo acontecido afecta directamente los principios legales de la Ley de Defensa del Consumidor en varios puntos”, explica Marina Damil, directora de Pixel Digital Academy -una escuela de marketing digital- en comunicación electrónica con este medio.

“La oferta tiene que ser clara, precisa, determinada y que no induzca a error”, puntualiza, citando el artículo 4 de la ley mencionada. Y apunta que, sin embargo, muchas marcas apuntan a la publicidad no tradicional que no esté identificada como tal pues es la que mayor eficacia tiene.

Por su parte, Juan Marenco, CEO de Be Influencers y miembro de la Comisión Directiva de Interact, dice que hace falta una ley similar al proyecto presentado por la senadora sanjuanina pero que, más allá de eso, este tipo de hechos afecta la credibilidad de los influencers y esto puede llevar a que algunas marcas importantes decidan no trabajar más con ellos.

Más allá de la ley, acota Damil, es necesario poner el foco en la educación relacionada con los contenidos digitales, tanto para influencers, como para los consumidores y las empresas comerciales.

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  “No creo que se haya tratado de un error ingenuo o por falta de educación, el problema está en que el marketing se piensa solamente vinculado a proyectos comerciales, pero no cae en la cuenta de que hoy en día es un campo que atraviesa casi al conjunto de la sociedad”, cierra.

La buena voluntad, queda claro, no alcanza. Y las fuentes coinciden: hace falta una ley que explícitamente obligue a que los influencers informen cuando están realizando publicidad paga. Y más aún cuando de recomendar inversiones se trata, una actividad que, incluso cuando se trata de profesionales probados, siempre incluyen una cuota de imprevisibilidad. Siga leyendo