Las empresas del sector admiten su bronca por la medida, mientras el Gobierno busca enmendar la ley para evitar “incompatibilidades”

Un “silenzio stampa” general dominó a la industria 4.0 luego de que en el Boletín Oficial se confirmara la suspensión de la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento. Sin embargo, ese mismo silencio puede transformarse en un sonido peligroso para el Gobierno de Alberto Fernández.

La medida, que pone en stand-by los beneficios para empresas que exportan servicios basados en tecnología contemplados en la Ley 27.506 aprobada en octubre de 2019, prendió las luces de alerta en uno de los sectores más pujantes del sector productivo argentino.

Se trata, en rigor, de un verdadero peso pesado: los servicios profesionales exportan u$s6.000 millones por año, lo que representa un 8% de las exportaciones totales y lo transforma en el tercer sector en ventas al exterior, luego del complejo sojero y la industria automotriz.

El “No comments” oficial de muchas firmas del sector fue, en “off”, una verdadera catarsis respecto de una decisión oficial que muchos anticipaban y que generó una ola de malestar ineludible.

“Bronca”, “incertidumbre” y hasta un maradoneano “nos cortaron las piernas” fueron los comentarios por lo bajo de algunos de los empresarios tech más importantes del país, que prefirieron guardar la munición pesada en las redes sociales para no confrontar directamente con el Gobierno y evitar eventuales “apercibimientos”.

Se trata de un partido largo, 2023 queda todavía lejos en el tiempo, y muchos apuestan en “on” a la diplomacia para no perder beneficios ya ganados y no arrancar con el marcador en contra desde el pitazo inicial.

De todas maneras, no ocultaron su fastidio puertas adentro. Según pudo averiguar iProUP, las quejas se centraron en lo intempestivo de la medida, ya que obstaculiza el desarrollo de proyectos ya encarados y pone a toda la industria en un limbo que dificulta su accionar inmediato.

“La medida tiene nombre y apellido: Mercado Libre y Globant”, dispara una fuente familiarizada con el nuevo borrador que, por estas horas, se está redactando en la Casa Rosada.

Esta mirada es compartida por muchos en el ambiente, ya que se buscaría limitar el poder de fuego de las grandes empresas del sector y evitar así las prebendas. En este punto, advierten con enojo desde el sector 4.0: “Le quieren pegar a Galperín, pero caemos todos en la volteada”.

Modificaciones

Sin demasiadas precisiones, desde el oficialismo señalan a iProUP que “filosóficamente, estamos de acuerdo con la ley, está en el sentido correcto”, pero aclaran que empezaron “a estudiar la reglamentación y surgieron un montón de dudas que podían generar equívocos”.

“No hay diferencias sustanciales en el tratamiento entre pequeñas, medianas y grandes. Se está trabajando sobre la reglamentación”, remarca la fuente y adelanta que la nueva versión estará lista en las “próximas semanas”.

Otro de los puntos que se analizan consiste en ajustar el filtro para que los sectores que se incentiven respondan al espíritu de la ley. “Una cervecería artesanal desarrolla tecnología y conocimiento. Si no lo reglamentás, puede entrar. No es el objetivo”, ejemplifica.

Además, indica que los equipos técnicos del Gobierno ya anunciaron los cambios a los principales jugadores de la industria, aunque prefirió no dar nombres de las firmas contactadas.

Sin embargo, una persona que leyó el borrador que se está analizando en la Rosada remarca que el Gobierno evalúa cortar la “canilla libre” de ventajas impositivas y ajustarlas en base a dos vectores:

– Tamaño. “Hay un criterio de injusticia: le da los mismos beneficios a Mercado Libre que a una startup de tres personas. La vamos a hacer progresiva: que las exenciones se apliquen según el tamaño de la empresa”

– Valor agregado. “A la empresa que produce un commodity, como un ecommerce, no se le pueden dar los mismos beneficios que a una que desarrolla una solución de biotecnología o un software único”

De esta forma, una revisión de la Ley abarcaría escalas sobre el Impuesto a las Ganancias: el 15% que estipula la norma original será el mínimo que quedará reservado a firmas que cumplan con los puntos anteriores. Lo mismo ocurriría con el resto de incentivos.

Con respecto a una posible modificación de la norma, las fuentes aseguran que con la nueva reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento quedarían saldadas las “incompatibilidades”.

En caso contrario, se podría enviar una nueva ley, lo cual “dependerá de la agenda legislativa”, por lo que podría tratarse en sesiones extraordinarias o que el Gobierno lo “vaya manejando con resoluciones hasta que salga una nueva norma”.

Las críticas

En el sector emprendedor, remarcan que “la ley tiene diferenciación entre Pymes y grandes empresas”, aunque advierten que “ponerle límites a las grandes firmas no tiene sentido, porque son las que más invierten y generan más empleo”.

“Son capitales que se van a otros países: en dos minutos se relocalizan”, destacan, al tiempo que señalan que “no tiene sentido ir contra Mercado Libre, la empresa más importante de la Argentina”.

También señalan que este “parate” para la entrada en vigencia de la ley fue “propyme” y beneficia a aquellas regiones donde “no existen condiciones para el agro o la explotación de recursos naturales”.

Y reprochan que se los venture capital internacionales perderán el entusiasmo en la Argentina y ahora dudan de invertir en el país ante “el cambio de las reglas de juego”.

El clima de incertidumbre tiene “pronóstico extendido”: en la medida en que el Gobierno no apure la salida de la nueva reglamentación, más crecerá el malestar de las empresas. Si se decide ir por el camino de una nueva ley, el panorama es aún más sombrío: su promulgación puede demorar meses o años.

“Hay mucha preocupación. Se deja sin efecto la reglamentación, pero no se dice cuándo estará la nueva. Muchas firmas creían que entraban en el registro e iban acceder al beneficio de $17.000 de mínimo no imponible por empleado de contribuciones patronales. Pero con la Ley de Solidaridad pasó a $7.000. Esperaban a tener ese bono y ahora no lo tendrán”, señala a iProUP Sebastián M. Domínguez, del estudio SDC Asesores Tributarios.

“Como las empresas no se pueden inscribir, no se sabe cuándo van a tener la reducción de la alícuota de Ganancias del 15%, el certificado de no retención de IVA y el descuento por el crédito de impuestos análogos retenidos en el exterior”, agrega.

Tensa espera

Mientras tanto, en “on”, las grandes empresas del sector apuestan a la diplomacia. Se esperan nuevas reuniones con el Gobierno en las próximas semanas para ultimar detalles y acercar posiciones que eviten una escalada en el conflicto. Las cámaras del sector, a su vez, se expresaron con cautela y aclararon la necesidad de potenciar al sector Pyme.

La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI) confirmó a iProUP que está trabajando con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo en “la generación de alternativas superadoras a la Ley de Economía de Conocimiento que se plasmen en modificaciones a la normativa”.

La entidad hace hincapié en “fortalecer el mercado interno, en especial la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”.

En la misma línea se pronuncia la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL): “A medida que nos íbamos interiorizando sobre la reglamentación de la ley nos dábamos cuenta de que muchas empresas quedaban excluidas”.

“Todo lo que propiciaba para las Pymes quedaba anulada automáticamente por algunas exigencias. Sobre todo, porque para el gobierno anterior, solo había dos tipos de empresas: la grande o la startup. Las dos son importantes, pero hay un tercer grupo, que es el de las empresas que quieren transformarse”, subrayan a iProUP desde la entidad.

Por ahora, ambos dan el visto bueno a la revisión de la reglamentación, pero advierten algo que ya es una verdad de perogrullo: una eventual suspensión de la Ley sería un grave retroceso de consecuencias imprevisibles.

La Ley del Conocimiento

Se trató de un tema que saltó grieta, al menos hasta ahora. En mayo, el Senado había promulgado por unanimidad a la Ley de Economía del Conocimiento, luego de haber sido votada por amplia mayoría (182 a 2) en Diputados.

En octubre, 10 días antes de las PASO, el entonces presidente Mauricio Macri había reglamentado la norma de promoción para que el sector genere ventas al exterior por u$s15.000 millones, una cifra similar al agro, que concentra el 25% de las exportaciones.

Para ello, planteaba otorgar los siguientes beneficios:

– Estabilidad fiscal para las empresas que se inscriban en un registro especial, sin que aumente su carga tributaria” durante el régimen. Incluía tasas y aranceles de importación y exportación

– Reducción de cargas sociales: por cada asalariado, recibirían una detracción equivalente al mínimo no imponible previsto en la Reforma Tributaria ($17.500)

– Bono de crédito fiscal: transferible por única vez, equivalía a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales para abonar anticipos o saldos de declaración jurada de Ganancias e IVA

– Este bono era mayor si los empleados poseen un doctorado: dos veces el monto de las contribuciones patronales correspondientes, por 24 meses desde su contratación

– Alícuota reducida de Ganancias: 15% si mantenía el personal y no estaban alcanzados por retenciones ni percepciones de IVA

Para ello, las firmas debían reunir los siguientes requisitos:

– Invertir al menos el 3% de sus ingresos en investigación y desarrollo

– Exportar, como mínimo, una cifra equivalente al 13% de su facturación

– En el caso de servicios profesionales, ese porcentaje se eleva al 45% (Pymes) y al 60% (grandes empresas)

– Destinar como mínimo el 8% de su masa salarial a la capacitación de los empleados

– Acreditar una mejora continua de la calidad de sus productos, servicios y procesos mediante una norma de certificación

Durante las próximas semanas, las empresas del Conocimiento estarán atentas a lo que ocurra con una ley clave no sólo para la generación de 500.000 puestos en la próxima década, sino también para el ingreso de dólares que darían oxígeno a una economía que lleva tres años de recesión.

Fuente: iProUP publicado 21/01/2020

 

Desde hace unos meses cambió la suerte del empresario Marcos Galperín.

Quien fuera el niño mimado del Gobierno de Cambiemos comenzó a sufrir las primeras regulaciones del Banco Central y, como si esto fuese poco, sabe que AFIP prepara un decreto que quitará las ventajas impositivas que tienen quienes operan por Mercado Libre.

Pero eso no es lo que más preocupa al dueño del unicornio. Lo que por estos días le quita el sueño a él y a su equipo es que desde hace aproximadamente dos meses sufre una profunda inspección del BCRA, auditoría que comenzó sobre el final de la gestión de Guido Sandleris y que aún se mantiene.

“Es la primera vez que el Banco Central pone foco en Mercado Libre para ver qué hace. Es algo que el sistema financiero pidió a gritos durante años”, asegura una fuente del sector financiero.

En concreto, la inspección que llevan adelante funcionarios de la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA es sobre Mercado Pago, el brazo financiero de la firma de Galperín que se encarga de las transacciones y del otorgamiento de préstamos.

“En este tipo de inspecciones, el Banco Central literalmente le cuenta las costillas a la empresa“, explica un ex BCRA. Tal es así, que funcionarios a cargo de la Subgerencia General de Cumplimiento y Control del BCRA asisten todos los días a la compañía de Galperín. Más aun, tienen una oficina asignada, llevan adelante un exhaustivo control de todas las cuentas y tienen las distintas áreas a su disposición para que le aporte la información requerida.

La función principal de este departamento, a cargo de Néstor Robledo, es “controlar que las entidades que realizan intermediación entre oferta y demanda de dinero estén autorizadas para operar y que lo hagan con los alcances de la normativa aplicable”.

La lupa del Banco Central

En otras palabras, lo que buscan determinar los técnicos del Central es si los fondos que usa Mercado Pago para dar créditos provienen de recursos propios o del dinero que sus clientes tienen alojados en la plataforma.

La investigación dictaminará si realiza o no intermediación financiera, tema clave que podría cambiar por completo la estructura de negocios del unicornio. Es que, de ser así, tendrá que ajustarse a la Ley de Entidades Financieras (Ley 21.526), al igual que lo hacen bancos y compañías tradicionales.

Uno de los puntos claves (artículo 7), señala: “Las entidades comprendidas en esta ley no podrán iniciar actividades sin previa autorización del Banco Central de la República Argentina”. Hoy, en cambio, tanto las fintech como las bigtech comienzan a operar sin el visto bueno del organismo, que sólo regula algunos aspectos de sus operatorias vinculados con los medios de pago utilizados.

Además, si de la investigación del BCRA se desprende que Mercado Pago no está actuando de acuerdo a la normativa vigente, deberá ajustarse a las regulaciones vinculadas a:

1) Límites a la expansión del crédito tanto en forma global como para distintos tipos de préstamos y otras operaciones de inversión

2) Otorgamiento de fianzas, avales, aceptaciones y cualquier otro tipo de garantía

3) Plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza

4) Inmovilización de activos

5) Relaciones técnicas a mantener entre los recursos propios y las distintas clases de activos, depósitos y todo tipo de obligaciones e intermediaciones

También deberá contar con capital mínimo y mantener reservas de efectivo con relación a los depósitos, en moneda nacional o extranjera, y a otras obligaciones y pasivos financieros, conocidos como encajes.

Si bien las fintech hoy están exentas de todas estas exigencias, sí están controladas por otros organismos nacionales, como la UIF, la AFIP y demás entes de control.

Sanciones y multa

“Si detectamos que Galperín está haciendo intermediación financiera, le vamos a aplicar un fuerte sumario“, asegura a iProUp una fuente del BCRA, que confirma que desde hace casi dos meses están llevando adelante la inspección.

Consultados al respecto, desde la empresa prefirieron no hacer declaraciones al, más allá de que internamente reconoce que están siendo investigados. “Primero vendrá el sumario a modo de advertencia y después habrá que ver: si quiere seguir haciendo intermediación financiera deberá ser sujeto de esa Ley”, grafican en el BCRA.

El organismo monetario clasifica las infracciones según su gravedad y tiene pautada una sanción para cada tipo de sanción falta.

1) Infracciones de gravedad muy alta: multas de hasta $72 millones. Se miden en Unidades Sancionatorias (US), que a fin de 2019 estaba fijado en $90.000. En este caso, se habla de hasta 800 US

2) Infracciones de gravedad alta: multas de hasta 27 millones de pesos (300 US)

3) Infracciones de gravedad media: apercibimiento o llamado de atención o multas de hasta 7,2 millones de pesos (80 US)

4) Infracciones de gravedad baja: apercibimiento o llamado de atención o multas de hasta 1,8 millones de pesos (20 US)

Algunos de los factores que contempla el BCRA para determinar el tipo de gravedad es la cantidad es la duración del período de la infracción y el impacto sobre la entidad o el sistema financiero.

Según la normativa, la realización de operaciones que implican intermediación financiera sin previa autorización, es considerada de gravedad “muy alta“.

Algo que hasta hace poco limitaba al Banco Central a avanzar con estos sumarios es la demora en designar un Superintendente de Entidades Financieras, cargo que quedó vacante en diciembre -con la salida de Fabián Zampone- y recién tuvo su reemplazante en enero. Ahora, quien quedó al mando de esta área clave (es la que ejerce el poder de control sobre el sistema) es el director Claudio Golonbek, hombre de extrema confianza del presidente de la entidad, Miguel Ángel Pesce.

En la vicepresidencia de “la Súper” (como llaman en la City a esa estructura del Central), se designó a Claudia Berger, abogada que responde directamente a Alberto Fernández, a quien conoce desde que ambos estudiaban en la Facultad de Derecho.

De los dos lados del mostrador

En paralelo a esta inspección, hay un hecho que genera molestia tanto en Reconquista 266 como en el mundo fintech. Se trata de la incorporación de Horacio Liendo (nieto), quien hasta el 3 de diciembre era director del Banco Central y a los pocos días pasó al otro lado del mostrador para ser Director Senior de Legales de Mercado Libre.

“Debería haber alguna restricción, ya que el BCRA reguló varias cuestiones de Mercado Libre, como el QR o las billeteras virtuales”, se queja el CEO de una fintech, quien cree que hay  incompatibilidad para pasar de un cargo al otro.

Liendo, junto con Lucas Llach, eran los directores que lideraban la Mesa de Innovación Financiera y estaban a cargo de todos los temas vinculados a las fintech. Desde la salida de Llach, de hecho, Liendo se convirtió en el principal interlocutor con los directivos de las fintech y era el que analizaba los cambios normativos a ser tratados por el directorio.

Fue Liendo también el que avaló más de una prórroga a Mercado Pago en el plazo para que ponga al día sus sistemas y pueda garantizar la interoperabilidad total de los CVU, una queja frecuente y pública del número uno de Ualá, Pierpaolo Barbieri.

Lo que juega a favor de Liendo es que hay un vacío legal que no impide este tipo de pases, justamente porque Mercado Libre no es considerada una entidad financiera. De hecho, hay una cláusula que impide que quien se desempeña como Superintendente de Entidades Financieras ocupe un cargo en un banco, al menos hasta después de dos años de dejar el BCRA.

Un jugador con peso

Son tiempos de cambio para Galperín, más allá de que los directivos de su empresa tienen vínculos aceitados con los nuevos funcionarios del Central. Lo demostraron hace unos días cuando llamaron, molestos, a un miembro del directorio tras enterarse por iProUP de las regulaciones que el organismo preparaba para el sector.

El jueves, como anticipó este medio, el directorio finalmente avanzó con nueva regulación sobre el sector, aunque de menor dureza que la planteada originalmente: obligó que el saldo de billeteras virtuales esté depositado en una cuenta a la vista, evitando que las fintech usen ese dinero para obtener rentabilidad propia colocándolo en plazos fijos o en Fondos Comunes de Inversión. Lo que no hizo fue prohibir transferencias entre Cuentas Virtuales únicas (CVU) de empresas, algo que está siendo usado por compañías para eludir el pago del impuesto al cheque.

En este punto, el BCRA tenía planeado obligar a las empresas a hacer las transferencias a una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), si bien optó por no hacer esta medida y dejar en manos de la AFIP el tema, que prepara un decreto para extender el alcance del impuesto al cheque a estas cuentas.

Asimismo, en la misma normativa (Comunicación A 6859) el Directorio envió una advertencia a las fintech, con un punto concreto en donde les recuerda a “los miembros de sus órganos de gobierno, administración y fiscalización” que si no cumplen con la norma “serán pasibles de la aplicación de las sanciones conforme a lo previsto en los artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras”.

Esos dos artículos son los que se refieren puntualmente a las sanciones, y describe que pueden ir desde un llamado de atención, un apercibimiento, una multa, hasta la inhabilitación temporaria o permanente para operar o la revocación de la autorización para funcionar.

Según pudo saber iProUP, más allá de la bronca por haberse enterado de las medidas por los medios, en Mercado Libre no estaban en contra de que les cobren impuesto al cheque, pero les parecía un abuso que bloqueen las transferencias entre CVU de personas jurídicas y que los obliguen a pasar por los bancos.

Galperín sabe que ya no es el niño mimado del presidente ni de los funcionarios del Banco Central. Lo fue hasta la gestión de Sandleris, que si bien fue quien inició esta investigación antes de dejar su cargo, solía ver a Mercado Pago como un caso de éxito en inclusión financiera.

Un claro ejemplo se dio en octubre, cuando se realizó en la sede del Banco Central un encuentro del Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado (CPMI, por sus siglas en inglés) del Banco de Basilea, con representantes de los bancos centrales más de 20 países y Mercado Pago tuvo un lugar de privilegio.

El último día de esas jornadas, la vicepresidente Senior de Producto de la empresa, Paula Arregui, ofreció una charla para los técnicos de los bancos centrales, en la cual explicó cómo nació la empresa, sus proyecciones y hasta respondió preguntas de los asistentes.

Lo llamativo es que Arregui fue la única oradora del sector privado en un encuentro en el que no hubo ni banqueros ni ejecutivos de otras fintechs.

Se vienen días claves para el sector, y en concreto para Mercado Pago, que espera con ansias que termine esta inspección del BCRA.

La preocupación por la avanzada de la AFIP o la intención de Sergio Palazzo de sumar a La Bancaria a los empleados de las fintech quedan en un segundo plano para Galperín, al menos, hasta que el BCRA no de su veredicto.

Frizata utiliza un modelo directo al consumidor: diseña, elabora, comercializa y distribuye sus productos, con importes hasta 60% más bajos que los super

El ecommerce argentino está listo para implementar su próxima fase. Tras demostrar que está lo suficientemente maduro para la compra de artículos de electrónica, indumentaria y otros bienes, ahora avanza a pasos acelerados en la venta de alimentos.

El claro referente en el país es Mercado Libre que, como adelantó en exclusiva iProUP, se prepara para lanzar Supermercado Libre, con un diseño y navegabilidad diferentes al resto de las categorías de productos.

Esta cambio en la estrategia competitiva fue replicado por Garbarino con su nuevo marketplace, en el que además de productos electrónicos también ofrece comestibles. Y por Coca-Cola, con Wabi, una plataforma de ecommerce que conecta a los comercios barriales con los consumidores.

Este sendero que han comenzado a transitar queda claramente avalado por las cifras y los cambio de hábito de la sociedad: durante el CyberMonday, el rubro alimentos y bebidas sorprendió a propios y extraños con un incremento del 165% en relación a la edición de 2018. Y se catapultó como la categoría que despachó más unidades.

Entre tantos pesos pesados, una startup sale al ruedo para ocupar un lugar dentro del ecommerce de comestibles. Se trata de Frizata, que se autodenomina como la primera alimenticia nativa digital de Latinoamérica.

Esta foodtech –acrónimo de food y technology– no sólo usa tecnología para diseñar sus alimentos (incluyendo, una hamburguesa de carne vegetal), sino que además sólo vende directamente al consumidor desde su marketplace y a precios hasta 50% más baratos que los del supermercado.

Tecnología y alimentos

Los emprendedores Adolfo Rouillon y José Robledo fundaron hace 20 años Amtec, un software factory que vendieron al gigante mexicano Neoris. Más tarde tomaron un giro de 180 grados: crearon Congelados del Sur, firma dedicada a productos de freezer de marca blanca para las grandes cadenas.

Ambas experiencias confluyeron en Frizata, compañía con base en Rosario inaugurada este año y en la que invirtieron más de u$s8 millones. Esta alimenticia no “existe” en el mundo offline, todo se vende a través de la página web y la mercadería es recibida en el domicilio (por $150) o se retira por un picking point.

Según confirmó en exclusiva iProUP, ya opera desde diciembre en Capital Federal y zona norte del Gran Buenos Aires. Instaló un centro de distribución en Ituzaingó, en el Oeste del Conurbano y posee puntos de retiro en algunas sucursales de heladerías y en algunas localidades bonarenses de Zona Norte.

“Tenemos un portfolio con 50 productos. La totalidad ya está disponible”, afirma Robledo a iProUP. El catálogo incluye pizzas, empanadas, tortillas de papa y verduras, supremas, hamburguesas, vegetales congelados y milanesas de soja, entre otros. Y esperan duplicar la oferta en los próximos seis

La última milla la cubren con vehículos que trabajan de manera exclusiva para Frizata, lo que le permite acortar rango horario de entrega. “Tenemos una sistema que arma una ruta a lo largo del día y nos posibilita indicar el rango horario. Ni Mercado Libre puede decirte a qué hora te entrega”, desafía

Robledo afirma que no es la única ventaja para competirle a la firma de Marcos Galperín ni a los gigantes del supermercadismo o al segmento retail que busca hacer pie en el ecommerce. E indica cuáles son esos otros diferenciales:

– Precio: “Al vender directamente al consumidor, resultan más económicos”, entre 45% y 60% respecto a los alimentos similares de góndola

– Expertise y focalización: “No es lo mismo transportar congelados, que un producto electrónica o ropa. Son cosas totalmente distintas”

– Productos más “saludables”: “Nuestra hamburguesa de carne tiene un 40% menos de grasa respecto a las otras del mercado”

– Diferencial: “Tenemos productos que no existen en Argentina, en base a pollo u otros tipos de carne

Para lograr tal diferenciación, la firma diseña sus alimentos con herramientas de Big Data, lo que permite analizar todas las opiniones de usuarios para generar nuevos artículos que atiendan esa demanda.

Además, al ser fabricantes y vendedores, les permite probar variantes y salir rápidamente al mercado, un equivalente al modelo de fast-fashion que es marca registrada del gigante español de indumentaria Zara.

Parte de portfolio de productos de la compañía

En su división de Investigación y Desarrollo (I+D) cuenta con un equipo de ingenieros que se dedica exclusivamente al diseño de nuevos productos. “La diversidad del negocio implica un mayor trabajo: no sólo es inteligencia artificial, también pruebas de laboratorio, de producción semi-industrial e industrial, etcétera. No se agota en la pantalla”, afirma

Según Robledo, la firma además realiza una “modificación continúa de sabores: para llegar a los 50 productos, hay no menos de 500 ideas”. Además, la inteligencia artificial de Frizata evalúa una matriz de más de 100 variables, entre las que se destacan:

– Demanda: qué buscan los usuarios en términos de sabores y presentaciones

– Tipo de consumo: desayuno, almuerzo, merienda o cena

– Tamaño: si es finger food (para comer con la mano), plato principal o guarnición

– Categoría: si está muy ofertada en supermercados o es un diferencial

“Queremos brindar un equilibrio en cuanto a la propuesta de productos: estar presente en el hogar la mayor cantidad de veces posible”, puntualiza Robledo. La tecnología aplicada les permitió ir más allá y crear la FriBurger, una hamburguesa “plant-based” que no posee carne, a tono con las tendencias internacionales.

Comida inteligente

Los llamados alimentos 4.0 buscan ser la alternativa a los platos tradicionales que no utilicen carne, no sólo por una cuestión de salud, sino también de sostenibilidad.

En este sentido, la ONU llamó a reducir la cría de ganado, lo que permitiría bajar el gasto mundial de agua un 20% y la emisión de carbono a la mitad, Mas aun, hasta tres cuartos de las tierras dedicadas a la agricultura podrían reconvertirse en bosques que neutralicen el efecto invernadero.

De hecho, los principales popes de la tecnología ya apuestan a esta actividad. Bill Gates, el segundo hombre segundo más rico del planeta según Forbes, con una fortuna personal de u$s107.400 millones, invirtió en:

– Impossible Foods, cuyos medallones de carne vegetal se venden en 7.200 locales de Burger King en EE.UU.

– Just Mayo, que ofrece sustitutos vegetales del huevo, tanto líquido como en polvo

– Beyond Burger, que cotiza desde mayo en Wall Street y posee una valoración de mercado de u$s4.600 millones

En tanto, Jeff Bezos, de Amazon, quien acumula unos u$s109.600 millones, invirtió a principios de 2019 u$s30 millones en la chilena NotCo, cuya NotBurger llegará en los primeros meses de 2020 a la Argentina y también prepara su desembarco en Estados Unidos.

La FriBurger, en tanto, ya puede comprarse en Capital y Gran Buenos Aires por un precio de $39 cada medallón. A diferencia de NotBurger o Beyond Meat, que desarrollaron su propia “carne vegetal” a partir de legumbres, la alternativa que propone Frizata está elaborada con texturizado de soja.

Se trata de un reemplazo cárnico que ya tiene varios años en el mercado, también utilizado por Marfrig, la dueña de Paty, para la hamburguesa vegetal que ya vende en Brasil a también de Burger y que traerá el año próximo a la Argentina.  Además, no es 100% vegetal, pues posee huevo y leche.

“Fri es toda una línea de desarrollo para nosotros, porque busca seguir estas tendencias de quienes quieren comer menos carne. Arrancamos con la versión 1.0”, asegura Robledo.

Añade que usaron soja para abrir el mercado y testearlo pero, dada la buena recepción, ya tienen listas “hamburguesas totalmente veganas”. Anticipa a iProUP el próximo paso: avanzar en una versión 4.0 con “carne vegetal propia”, elaborada a base de arvejas.

“También estamos preparando los FriNuggets (bocaditos de pollo) vegetarianos. En el corto plazo contendrá soja y después incorporaremos otras proteínas”, revela. Completa diciendo que que 2020 será el año de la expansión regional.

 

FriBurger

“Una vez que lleguemos a todo el Gran Buenos Aires, el próximo destino será Brasil. Ya nos estamos moviendo para ir a San Pablo”, relata Robledo, quien ya posee experiencia en territorio verdeamarelho, ya que Amtec contaba con oficinas paulistas y en Chile, otro mercado al que apuntarán.

La expansión también incluirá al interior del país: buscarán ampliarse a Mendoza, Tucumán y Mar del Plata. “Necesitamos masa crítica de gente. Arrancaremos con las principales ciudades y luego avanzaremos hacia localidades más pequeñas”, confía Robledo.

Esa flexibilidad que ofrece un negocio 100% digital les permitió experimentar con pueblos de entre 5.000 y 10.000 habitantes cerca de Rosario.

“Estamos armando picking points ‘móviles’ con vehículos nuestros, avisando que estaremos cierto día en determinado horario. Y agregamos valor a zonas donde no sólo hay una oferta muy limitada, sino que todo lo que compran es más caro”, afirma Robledo.

Además, la empresa se topó con una sorpresa: varias de sus compras son realizadas por locales gastronómicos. Según confirmó iProUP, uno de ellos es “The Burger Company”, una hamburguesería de Palermo Hollywood que ya ofrece tres combos basados en la FriBurge

Por estas horas, los funcionarios del Banco Central están ultimando detalles para lanzar una batería de medidas que promete revolucionar el mundo de las fintech.

Así, a menos de cumplir un mes en su cargo, Miguel Ángel Pesce, presidente de la autoridad monetaria, saldrá a “nivelar la cancha” entre los bancos y sus competidores digitales, algo que hace varios años venían reclamando los banqueros.

En concreto, el plan del organismo tiene dos focos:

– Por un lado, apunta a restringir operaciones usadas por algunas las empresas para eludir el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente (impuesto al cheque), lo que no sólo tiene impacto sobre la recaudación fiscal, sino que pone a las entidades en desventaja frente a las fintech

– Por otro, con el objetivo de cuidar a los ahorristas, limitará las transacciones que las financieras digitales efectúan con el dinero de sus clientes, a espalda de ellos

“La idea siempre es igualar a las fintech en cuanto a la competencia con los bancos. No queremos inclinar la cancha ni a favor ni en contra de nadie”, revelan a este medio desde el organismo monetario.

En ese sentido, según pudo saber iProUP, este jueves, en su habitual reunión de Directorio, el Banco Central planea aprobar las siguientes medidas:

1- Prohibir la transferencia de dinero desde la CVU (Cuenta Virtual Uniforme) de una persona jurídica a otra CVU. Sólo podrán girarlo a una cuenta bancaria.

“Los fondos de la empresa tienen que ir de una cuenta virtual a una cuenta corriente de la empresa en un banco. Puede recibir dinero por el cobro en Mercado Libre, pero no podrá girarlo a otra CVU”, explica una alta fuente del BCRA.

Esta limitación no afectará a las personas físicas, quienes podrán seguir realizando transferencia de CVU a CVU, como lo hacen ahora.

2- El dinero que está en las billeteras virtuales deberá estar depositado en una cuenta corriente bancaria.

Así, el objetivo del BCRA es garantizarse que el saldo que sus clientes tengan en un monedero virtual sea líquido y no se utilice por las fintech para obtener ganancias propias.

“Algunas hacen plazos fijos o hasta invierten en fondos comunes el dinero de sus clientes, obteniendo una buena rentabilidad con fondos que no son propios”, aseguran desde el Central.

Esto no afectará a los Fondos Comunes de Inversión que ofrecen empresas como Ualá o Mercado Pago, ya que en estos casos las personas aceptan invertir en esos instrumentos para obtener una renta.

“El tema es lo que hacen a espalda de los usuarios, con plata que en teoría debería estar parada”, ejemplifican en Reconquista 266.

3- Delimitar qué es lo que pueden hacer las fintech para que su operatoria no sea considerada intermediación financiera.

Acá, la idea es definir los negocios a desarrollar por estas empresas sin que se considere que están dando préstamos con fondos de los depósitos.

Esto es determinante para establecer si quedarán bajo la órbita de control del BCRA. Hoy, el organismo monetario regula la operatoria vinculada a los medios de pago pero no les impone exigencias tales como capital mínimo, encajes o hasta otorgar la autorización para que operen, algo que sí ocurre con los bancos.

4- Incrementar los controles para detectar posibles casos de intermediación financiera encubierta.

Esto, más que una medida concreta, es una decisión política orientada a redoblar los controles a la operatoria de las fintech.

En caso de comprobar que una financiera digital está dando préstamos con sus depósitos y no con fondos propios, como dicen hacer, la decisión de Pesce es muy clara: iniciará sumarios, reclamará multas millonarias y hasta evalúa recurrir a las inhabilitaciones para que sigan operarando.

Estas son algunas de las medidas que buscará aprobar el Directorio, que también tiene en carpeta otras regulaciones. “Hay otras cuestiones que aún tenemos que terminar de ver. Si llegamos, también se aprobarán este jueves”, sostiene una alta fuente del BCRA.

El Central hace lo que no hizo la AFIP

Al bloquear las transferencias de CVU de una empresa a otro CVU, el Central encontró el modo para evitar que empresas eludan el pago del impuesto al cheque, algo que cada vez era más frecuente entre las que vendían sus productos por plataformas como Mercado Libre.

A mitad del año pasado, la AFIP había adelantado que modificaría el Decreto 485 de 2017, para ampliar el alcance del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente a todas las operaciones por cuentas virtuales que incluyan a personas jurídicas. Esta enmienda no requería del paso por el Congreso, ya que no es un cambio en la alícuota o la creación de un nuevo impuesto.

“La idea es equiparar a todas las tecnologías en el mismo nivel impositivo. Buscamos equidad. Que los emprendimientos chicos no tengan retenciones, para que siga siendo rentable cobrar por sistema electrónico cuando resulte mejor”, dijo el 30 de junio Leandro Cuccioli, por entonces titular del ente recaudador.

“Pero si es una empresa grande y cobra con débito o alguna billetera virtual, en lo impositivo debería ser lo mismo que cualquier otro medio de pago bancario”, aclaraba.

La iniciativa de Cuccioli también apuntaba obligar a aquellas firmas que facturan por encima de un determinado monto a que practicar retenciones de Ganancias y de IVA cuando las ventas se hayan realizado a través de billeteras virtuales.

Si bien la AFIP nunca llegó a modificar el mencionado decreto para aplicar impuesto al cheque por las operaciones hechas desde la CVU de empresas, sí designó a las billeteras virtuales como agentes de retención, algo que iba a comenzar en octubre y que finalmente entró en vigencia en diciembre.

Con esta medida que el jueves pretende aprobar el Central, los movimientos que las empresas hagan a través de sus CVU pagarán el impuesto al cheque, ya que para hacer uso de esos fondos deberán girar el dinero a una cuenta bancaria.

En 2019, el Estado registró ingresos por $349.559 millones con el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente, lo que representó el 7% de todo lo recaudado.

“Esa norma tiene nombre y apellido: Mercado Libre“, explica el titular de una entidad digital que integra la Cámara Argentina de Fintech. En concreto, afectará a las compañías que transaccionen por la plataforma de Marcos Galperín y, de manera indirecta, a ese negocio.

“Las empresas van a abonar el 1,2% de impuestos, como lo hace cualquier firma que opera con bancos. Habrá que ver si terminan trasladando ese costo a sus clientes o lo absorben, pero seguro les impactará”, agrega el ejecutivo.

Un histórico reclamo de los banqueros

Este punto era uno de los reclamos que los banqueros vienen haciendo a la gestión anterior del Banco Central, pasando por Federico Sturzenegger hasta Guido Sandleris.

“Queremos igualdad para competir“, pedía Javier Bolzico, presidente de Adeba, la cámara que agrupa a las entidades de capital nacional, en un evento con periodistas en julio del año pasado. “La cancha está inclinada para las fintech“, agregaba.

La queja ya no apuntaba a que el BCRA los regule, como le venían pidiendo desde 2017 a Sturzenegger, sino que se conformaban con que al menos tengan la misma presión impositiva.

Del lado del Central, la respuesta fue siempre la misma: “mientras las fintech no capten depósitos no vamos a regularlas”, repetía casi como un mantra Sturzenegger y su vice de entonces, Lucas Llach, quienes además usaban el concepto de sandbox (en inglés “arenero”, aunque en la jerga informática se usa para un “entorno de prueba”, separado del sistema) para dejar que el mercado comience a formarse antes de ponerle regulaciones.

Tal era el rechazo que tenían desde las autoridades del BCRA, que Adeba encargó a FIEL el trabajo “Inclusión Financiera en la Argentina. Diagnóstico y propuesta de política”, con la idea de exponer las diferencias entre los distintos actores del mundo financiero y poniendo el foco en las fintech como una barrera para una verdadera inclusión financiera.

“Uno de los factores que pueden reducir la competencia son las distorsiones impositivas, tales como un trato discriminatorio para los distintos oferentes, fomentando especializaciones en distintos nichos o segmentos”, resume FIEL como parte de los resultados del estudio.

Los bancos extranjeros, que también estaban cansados de no tener respuesta en el BCRA, también hicieron público su descontento más de una vez.

“El aumento del acceso y uso de los servicios financieros debe darse en un marco de sana competencia y equidad regulatoria con las fintechs. Si bien hubo avances en la equiparación de regímenes de retención y percepción de gravámenes como IVA e Ingresos Brutos, todavía hay una competencia desleal con las cuentas de recaudación bancarias que termina con una menor recaudación del Estado”, decía Claudio Cesario hace un par de semanas, ya con Pesce a cargo del BCRA.

La visión de Pesce

En una de sus últimas entrevistas televisivas, Pesce ya había adelantado que durante su gestión regularía a estas nuevas entidades, con algunos indicios de las medidas que este jueves tomarán forma de normativa.

“Lo primero que hay que ver es que estas fintech, cuando ofrecen un monedero electrónico, no hayan escondido detrás un mecanismo de intermediación financiera” con el dinero que la gente tiene depositado ahí, señalaba el titular del Central a Crónica TV. Y agregaba: “Lo único que pueden hacer con ese dinero es depositarlo en un banco. No pueden hacer otra cosa”.

Con esas palabras, indirectamente, anticipó la medida que las obligará a que los fondos de los monederos digitales estén depositados en una cuenta corriente bancaria.

Si bien muchas financieras digitales aseguran que sus fondos “duermen en los bancos”, al no tener la obligación de hacerlo, hay algunas que colocan el dinero de sus clientes en plazos fijos o en fondos comunes de inversión para rédito propio.

Si las fintech “ofrecen otros productos, como inversión en fondos de corto plazo, tiene que quedarle claro a las personas que su plata no está en una cuenta corriente, sino que está invertida en un FCI. Y el dinero, cuando realiza un pago, no puede salir del que tiene en el fondo, sino de su monedero”, ejemplificaba Pesce en la entrevista.

“Algunas de estas medidas ya venían dando vuelta hace meses. Es algo que estaba impulsando la línea (como se define en la City a los funcionarios y técnicos de planta del BCRA), pero que autoridades anteriores lo tenían pensado y la nueva cúpula le dio vía libre”, analiza el CEO de una fintech. “No es algo que lo diseñaron en este último mes”, agrega.

Excusa para un nuevo reclamo de Palazzo

Esta batería de medidas seguramente le dará más argumentos al titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien desde hace varios meses viene apuntando contra la empresa de Marcos Galperín para que sus empleados no estén bajo el convenio de Comercio.

“Quiero que todos los trabajadores de las fintech se encuadren como trabajadores bancarios. Si están prestando servicios financieros tienen que estar dentro de La Bancaria y de nuestro convenio colectivo de trabajo”, remarcó a iProUP el dirigente gremial.

El objetivo es sumar cerca de 7.500 trabajadores a los más de 110.000 empleados que hoy están bajo la órbita de La Bancaria.

En esa contienda seguramente juegue un rol clave el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, quien quiere crear un nuevo régimen contractual para los empleados de plataformas digitales, algo que puede abrir la puerta para hacer lo mismo con las fintech.

Mientras tanto, el Banco Central se apresta a dar el primer paso en aumentar el control sobre la fintech, una jugada que no sólo dejará contento a los banqueros por “nivelar la cancha” en materia de competencia, sino que aportará unos cuantos millones al fisco.