Viernes, 15 de enero de 2021

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Comunicación “A” 7202/2021 y BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Comunicación “B” 12113/2021

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES
FINANCIERAS,
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA
OPERAR EN EL PAÍS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO,
A LAS CASAS DE CAMBIO,
A LAS AGENCIAS DE CAMBIO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES:

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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Resolución 4/2021 y Anexos

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 27.506 y su modificatoria se creó el “Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento”, que rige en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA y que tiene como objetivo promocionar
actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los
avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de
procesos.
Que sin dejar de lado el objetivo primordial de contribuir a la competitividad del entramado productivo a partir de la
incorporación de conocimiento y de nuevas tecnologías y a la generación de empleo de calidad, mediante la Ley
Nº 27.570 se introdujeron ciertas modificaciones a la citada Ley N° 27.506 con el fin de lograr una norma más
progresiva, equitativa, federal y solidaria, que acompañe los propósitos de la Ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública N° 27.541, y en el contexto de la emergencia
sanitaria.
Que, en esa inteligencia, el Artículo 3° del Decreto N° 1.034 de fecha 20 de diciembre de 2020 fijó un derecho de
exportación del CERO POR CIENTO (0%) para las prestaciones de servicios comprendidos en el Artículo 10,
apartado 2, inciso c) de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, efectuadas por los sujetos
inscriptos en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, el
cual corresponde aclarar desde cuándo se considera aplicable, en virtud de la diferencia que respecto de la entrada
en vigencia del Régimen, dispone en el Artículo 20 de la Ley N° 27.506 y su modificatoria.
Que por el Artículo 19 de la Ley N° 27.570 se designó como Autoridad de Aplicación del referido régimen al
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

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Descargar anexo I- 4-2021

Descargar anexo II -4 2021

Descargar anexo III-4-2021

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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Resolución General 879/2021 y anexos

CONSIDERANDO:
Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-12) tiene por objeto el desarrollo del mercado de
capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro de dicho mercado, siendo
objetivos y principios fundamentales que deberán guiar su interpretación, sus disposiciones complementarias y
reglamentarias, entre otros, la promoción de la participación en el mercado de capitales, favoreciendo
especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo, el
fortalecimiento de los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los inversores y la promoción del
acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Que, en dicho marco, el artículo 19, inciso m), de la citada Ley establece como una de las funciones de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) el propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales creando o, en su
caso, propiciando la creación de productos que se consideren necesarios a ese fin.

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 Descargar Anexo 879-2021

Descargar Anexo II -879-2021

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Resolución General 878/2021

CONSIDERANDO:
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 596/2019 (B.O.
28/08/2019) y N° 609/2019 (B.O. 01/09/2019), estableció un conjunto de disposiciones para regular con mayor
intensidad el régimen de cambios y, de esa forma, fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a
una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el
impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real.
Que, en ese marco, se establecieron ciertas reglas relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios, con
las transferencias al exterior y con el acceso al mercado de cambios, conforme la reglamentación que el BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) dicte al efecto, facultando además a dicha autoridad
monetaria para establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones que persigan eludir, a través de
títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en las medidas referidas.

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Lunes, 11 de enero de 2021

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 1/2021

CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución General IGJ N° 11/2020, se dispuso la admisión de las reuniones del órgano de
administración o de gobierno de asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia mediante la utilización de
medios o plataformas informáticas o digitales mientras se prohíba, restrinja, o limite la circulación de las personas
con motivo de la emergencia sanitaria.
Que, la validez de las reuniones celebradas a distancia se encuentra condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos: a) la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; b) la posibilidad de
participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y
video; c) la participación con voz y voto de todos los miembros, y, en su caso, del órgano de fiscalización; d) que la
reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; e) que el representante conserve una copia en
soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier asociado que la
solicite; f) que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia
de las personas que participaron, debiendo todo ello estar suscripto por el representante social; g) que en la
convocatoria y en su comunicación, por las vías impuestas legal o estatutariamente, debe fijarse el medio de
comunicación y el modo de acceso al mismo, a los efectos de prever la participación remota en la reunión del caso.
Que, por la Resolución General IGJ N° 18/2020, se prorrogaron los mandatos de los miembros de los órganos de
gobierno, administración y fiscalización de las asociaciones civiles controladas por esta INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA, cuyos vencimientos operaron u operaran a partir de la entrada en vigencia del DECNU PEN
N° 297/2020 y mientras dure la misma, por el término de ciento veinte días, prorrogables en caso de subsistir la
situación de emergencia.

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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL Resolución 1437/2020 y anexos

CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL es la autoridad de aplicación del
régimen legal aplicable a cooperativas y mutuales, en los términos contemplados en las Leyes Nros. 19.331,
20.321, 20.337, Decreto Nros. 420/96 y 721/00, sus modificatorios y complementarios.
Que entre sus misiones y funciones, se encuentra la de promover a las citadas entidades en todo el territorio
nacional, a cuyo efecto otorga su personería jurídica, ejerce su control público y favorece su desarrollo.
Que el desarrollo –en especial cuando se lo pretende sostenible- es un proceso complejo que incluye los aspectos
económicos, sociales y ambientales de las entidades en relación con sus asociados, trabajadores y los grupos de
interés que pueden afectar significativamente a las entidades cooperativas y mutuales, o verse afectados por ellas.
Que con esa lógica, desde principios de siglo se han desarrollado normas de gestión y reporte de gestiones
orientadas a la sostenibilidad, de alcance global –GRI, Pacto Global, ISO, OCDE, SASB, etc.- que se han integrado
estratégicamente e impuesto como normas exigidas por algunos estados y cadenas de valor.
Que, los principios y valores cooperativos y mutuales imponen requisitos básicos de su funcionamiento, de los que
han surgido los antecedentes referidos al Balance Social Cooperativo (BSC) y Reporte Social Mutual (RSM).
Que, por tanto, el INAES, también requiere de información apta para a través de un conjunto mínimo y común de
indicadores pueda dar cuenta de la actividad del sector y: 1. Relacionarse con las entidades, sus Federaciones y
Confederaciones; 2. Elaborar planes y programas, su control, evaluación y seguimiento en esos aspectos; 3.
Vincularse con otras agencias del Estado Nacional, Provincial y Municipal, en las que se planeen y ejecuten
programas en las que Cooperativas y Mutuales puedan tener participación; 4. Informar, colaborar, cooperar e
integrarse a otros sistemas institucionales de la sociedad civil que promueven el desarrollo humano, de
conocimiento, económico, social y ambiental del país y sus ciudadanos en un ámbito solidario; 5. Comparar el
aporte de las entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS) con el resto del sistema económico-social, tanto en
el ámbito micro como macroeconómico.

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Descargar completa anexo I-1437-2020

Descargar completa anexo II -1437-2020

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NSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL Resolución 1436/2020 y anexo

CONSIDERANDO:
Que el DECNU-2020-297-APN-PTE, ha decretado el estado de emergencia sanitaria, por el cual se dispuso el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO).
Que en esa particular instancia resultó menester aplicar la mayor y mejor cantidad de instrumentos que posibiliten
el acceso a la constitución de Cooperativas y Mutuales en cumplimiento de nuestra obligación legal, establecida en
el artículo 106 de la ley 20.337 y en el artículo 2 de la Ley 19.331 respectivamente.
Que contando con el esfuerzo de nuestros trabajadores y con los elementos técnicos que actualmente posee el
organismo, resultó imprescindible agilizar los tiempos del proceso administrativo, por lo que, mientras duró el
estado de emergencia, se acordó en que los trámites de constitución, asistidos por los funcionarios del Instituto y
mediante modelos preestablecidos de documentación, se cumplan en el menor tiempo posible.
Que para ello correspondió establecer un circuito administrativo con indicación de los tiempos de implementación y
de las áreas intervinientes en el trámite.
Que, con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales y también para incorporar
gradualmente la realización de diversas actividades económicas y sociales en los lugares donde la evolución de la
situación epidemiológica lo permitiera, se establecieron excepciones al “ASPO” y a la prohibición de circular para
las personas afectadas a diferentes actividades y servicios. Además, se estableció el “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio”, (DISPO), mediante el dictado del DECNU-2020-956-APN-PTE.
Que el país se encuentra en una etapa de disminución de casos, pero es fundamental lograr que la población
continúe con las medidas de prevención.

Descargar completa Resolucion 1436-2020

Descargar completa anexo -1436-2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL Resolución 1435/2020

CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL es la autoridad de aplicación del
régimen legal aplicable a las mutuales y cooperativas, de conformidad con lo establecido en las Leyes N° 19.331,
20.321, 20.337 y en los Decretos N° 420/96, 721/00, sus modificatorios y complementarios.
Que en ejercicio de esas facultades reconoce y autoriza a funcionar a las cooperativas y mutuales otorgando su
personería jurídica e inscripción en los registros nacionales, tal como lo prescriben los artículos 106 de la Ley
N° 20.337, 3° de la Ley N° 20.321 y los Decretos N° 420/96 y 721/00, sus normas complementarias y
modificatorias.
Que con tal motivo y en el marco de la colaboración que debe existir entre los distintos organismos que integran la
administración pública nacional, se dictó la Resolución General Conjunta N° 4860/2020 entre la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL.
Que la citada resolución tiene como objeto establecer el procedimiento que debe observarse en el marco de la
inscripción de cooperativas y mutuales, respecto de la solicitud de la Clave Única de Identificación Tributaria ( CUIT
), mediante la interacción de ambos organismos en el ámbito de sus respectivas competencias.
Que ese procedimiento requiere de determinada documentación e información adicional a la que actualmente se
solicita, de acuerdo a la normativa vigente en materia de solicitud de otorgamiento de personería jurídica.
Que existen entidades que han recibido su matrícula por parte de INAES pero que aún no han tramitado su
registración en AFIP y obtenido su CUIT, u otras que han presentado los trámites de inscripción de entidad, sean
cooperativas o mutuales y no han utilizado los nuevos modelos de Acta Nº 1 del Consejo de Administración puestos
a disposición en la web de INAES desde el 27/11/2020 que ya incluyen los datos necesarios para generación de la
CUIT.

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SECTOR PÚBLICO NACIONAL Decisión Administrativa 1/2021

CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° 390/20 se dispuso que las Jurisdicciones y Entidades de conformidad con lo
establecido en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional N° 24.156 dispensarán del deber de asistencia a su lugar de trabajo, por el plazo de CATORCE (14) días
corridos computados a partir de la fecha de publicación de dicha norma, a las personas que revistan en las plantas
permanentes y transitorias, como así también al personal de gabinete y contratado temporalmente, y a las personas
que se vinculen con el Sector Público Nacional a través de prestaciones de servicios de carácter laboral y personal,
siempre que no revistan en áreas esenciales o críticas o de prestación de servicios indispensables, con el fin de
que realicen sus tareas habituales u otras análogas en forma remota debiendo, dentro del marco de la buena fe
contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada.
Que el citado plazo fue sucesivamente prorrogado conforme las recomendaciones efectuadas por el MINISTERIO
DE SALUD en atención a la evolución de la situación epidemiológica.
Que la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 108/20 dispuso la suspensión del dictado de clases
presenciales en los niveles inicial, primario, secundario e institutos de educación superior, por lo que el artículo 4°
de la citada decisión administrativa dispuso que se debía otorgar licencia a los agentes previstos y las agentes
previstas en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 390/20 en los términos del artículo 8° de la Resolución
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N° 3/20.
Que por el Decreto N° 1033/20 se dispuso el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, el que regirá desde el
21 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021 inclusive.

Descargar completa Decision Administrativa 1-2021

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Comunicación “A” 7199/2021

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES
FINANCIERAS,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA:
Ref.: RUNOR 1 – 1640. Protección de los usuarios de servicios financieros. Comunicación por medios electrónicos
para el cuidado del medio ambiente. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“1. Sustituir el primer párrafo del punto 2.1. “Concepto” de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios
financieros” por lo siguiente:
“Los usuarios de servicios financieros tienen derecho, en toda relación de consumo, a:
– la protección de su seguridad e intereses económicos;
– recibir información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso y visibilidad acerca de los productos y/o servicios que
contraten –incluyendo sus términos y condiciones–, así como copia de los instrumentos que suscriban;

Descargar completa BCRA Comunicacion A 7199-2021