Viernes, 30 de abril de 2021

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 7/2015

CONSIDERANDO:
Que la Resolución General I.G.J. N° 7/2005, publicada el 25 de agosto de
2005, fijó el marco normativo de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA en materia
de Registro Público, Sociedades Comerciales y Asociaciones Civiles.
Que la citada Resolución receptó, asimismo, soluciones aportadas por
dictámenes, resoluciones particulares y la jurisprudencia.
Que al día de la fecha se han dictado numerosas Resoluciones que fueron
incorporándose y modificando la Resolución General I.G.J. N° 7/2005, regulando
aspectos adicionales o complementarios a la misma, adaptando los procedimientos
existentes a las evolucionadas prácticas del derecho.
Que, en efecto, la Resolución General I.G.J. N° 7/2005 fue modificada por las
Resoluciones Generales Nros. 9/05; 10/05; 5/06; 2/07; 6/07; 2/08; 4/08; 3/11;
5/12; 13/12; 1/14; 2/14; 3/14; 1/15; 3/15; y 4/15 (T.O. RG IGJ 5/15), dando lugar
al texto actualmente vigente.
Que adicionalmente a ello, durante el período de vigencia de la Resolución
General I.G.J. N° 7/2005, se dictaron ciertas normas generales complementarias
regulando aspectos adicionales tales como la Resolución General I.G.J. N° 11/05
(presentación de los estados contables de sociedades por acciones no
comprendidas en el artículo 299 de la Ley N° 19.550); Resolución General I.G.J. N°
12/05 (Sociedades constituidas en el extranjero a los efectos del cumplimiento de
su objeto e identificación de socios en el marco del régimen informativo);
Resolución General I.G.J. N° 2/06 (Medidas para los dictámenes de precalificación
en aquellos trámites de inscripción registral de resoluciones de asambleas de
sociedades por acciones en donde hayan participado titulares de acciones en
propiedad fiduciaria); Resolución General I.G.J. N° 6/06 (Texto Ordenado conforme
Resolución General N° I.G.J. IGJ 4/09, que fijó requisitos para las memorias de
ejercicio requeridas por el artículo 66 de la ley n° 19.550); Resolución General I.G.J.
N° 7/06 (“Reglamento de actuación de los Inspectores de Justicia”, en las
asambleas de las sociedades por acciones); Resolución General I.G.J. N° 9/06
(Recaudos para la inscripción en el Registro Público de los aumentos del capital
social de carácter efectivo o con aplicación del artículo 197 de la Ley Nº 19.550);
Resolución General I.G.J. N° 11/06 (Mantenimiento del patrimonio neto y capital
asignado para las sociedades constituidas en el extranjero inscriptas ante este
Organismo); Resolución General I.G.J. N°12/06

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INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 6/2021 y Anexo

CONSIDERANDO:
Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 amplió la emergencia pública sanitaria dispuesta por la Ley
27.541 la que se encuentra prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que, a partir del dictado del decreto mencionado en el párrafo anterior, el ESTADO NACIONAL dictó una serie de
normas tendientes a mitigar los efectos de la PANDEMIA provocada por el COVID-19, todas ellas en procura de la
protección de la salud de los ciudadanos y ciudadanas, obligación inalienable del Estado. En efecto, a partir del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus modificatorios se dispusieron medidas de aislamiento y
distanciamiento social; restricciones y limitaciones en la realización de ciertas actividades; restricciones a la
circulación; limitaciones en el uso del transporte público; entre muchas otras.
Que, en el contexto señalado y en mérito a su carácter de Organismo Público a cargo de la fiscalización estatal
permanente de las asociaciones civiles en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como por las
facultades reglamentarias legalmente conferidas, la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA emitió diversas
Resoluciones Generales orientadas a garantizar el funcionamiento de las entidades que operan bajo su órbita.

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Martes, 20 de abril de 2021

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 5/2021

CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se declaró la emergencia pública en
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que la emergencia comprendió especialmente la situación de los planes de ahorro previo bajo la modalidad de
“grupos o círculos cerrados” habida cuenta del fuerte incremento del precio de los automotores objeto de los planes,
registrado como consecuencia de la devaluación producida en el año 2018 y la subsiguiente después de agosto de
2019, y que por la funcionalidad propia del sistema impacta directamente en las cuotas de ahorro y amortización
que deben pagar los suscriptores y genera dificultades para afrontar los pagos, lo que pone en crisis el sistema
como medio de acceso masivo a los bienes de consumo durables.
Que el art. 60 de la mencionada ley puso a cargo del Banco Central de la República Argentina la evaluación de la
situación de los planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor y el estudio de mecanismos para
mitigar los efectos negativos producidos.

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Miércoles, 14 de abril de 2021

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 4/2021

VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 174 del Código Civil y Comercial de la Nación; los artículos 10 inciso b) y 11 inciso c) de
la Ley 22.315; y
CONSIDERANDO:
Que, el derecho de asociarse con fines útiles se encuentra garantizado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución
Nacional. Implica la libertad de elegir las personas con quienes asociarse, de establecer las condiciones y tipo de
asociación; de elegir los fines asociativos; de ingresar en asociaciones ya constituidas; incluso de no asociarse.
Pero también implica el reconocimiento y el respeto de la personalidad jurídica de las asociaciones.
Que, también se encuentra reconocido en diversos Tratados Internacionales que gozan de jerarquía constitucional
por aplicación del artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna. En efecto, está consagrado en la Declaración Universal
de Derechos Humanos (art. 20); en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 16 inciso 1) y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 22 inciso 1).
Que, el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional instala la necesidad de promover, por parte del Estado,
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos.
Que, por su parte, el artículo 174 del Código Civil y Comercial de la Nación señala que las asociaciones civiles
están bajo la fiscalización estatal permanente. Es decir que, no solo se encuentran sujetas al control de legalidad al
momento de solicitar la autorización para funcionar sino que es deber del Estado fiscalizar el funcionamiento y en
su caso, la extinción de la asociación civil.

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INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 3/2021

VISTO:
El Libro I, Título II, capítulo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 380 de la Resolución General
07/2015, Resolución General 07/2017 y Resolución General 12/2018 de esta INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA; y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 193 del Código Civil y Comercial de la Nación define a las fundaciones como aquellas “personas
jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial
de una o más personas, destinado a hacer posibles sus fines”. La autorización estatal para funcionar requiere un
patrimonio inicial “que posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos estatutariamente”.
Que, por su parte, el artículo 199 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que “con la solicitud de
otorgamiento de personería jurídica deben acompañarse los planes que proyecta ejecutar la entidad en el primer
trienio, con indicación precisa de la naturaleza, características y desarrollo de las actividades necesarias para su
cumplimiento, como también las bases presupuestarias para su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer lo
inherente al trienio subsiguiente, con idénticas exigencias”.
Que de conformidad con las especiales características que presentan las fundaciones en cuanto a la composición,
finalidades, administración, funcionamiento y fiscalización, el legislador previó la necesidad de que el patrimonio
inicial de la entidad se adecue a la posibilidad de cumplir con los objetivos fijados por el fundador, en el acto
constitutivo.
Que, en la actualidad, el artículo 352 inciso 4 de la Resolución General 07/2015 de esta INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA establece un patrimonio inicial mínimo para las fundaciones de PESOS OCHENTA MIL ($80.000).

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Lunes, 11 de enero de 2021

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 1/2021

CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución General IGJ N° 11/2020, se dispuso la admisión de las reuniones del órgano de
administración o de gobierno de asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia mediante la utilización de
medios o plataformas informáticas o digitales mientras se prohíba, restrinja, o limite la circulación de las personas
con motivo de la emergencia sanitaria.
Que, la validez de las reuniones celebradas a distancia se encuentra condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos: a) la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; b) la posibilidad de
participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y
video; c) la participación con voz y voto de todos los miembros, y, en su caso, del órgano de fiscalización; d) que la
reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; e) que el representante conserve una copia en
soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier asociado que la
solicite; f) que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia
de las personas que participaron, debiendo todo ello estar suscripto por el representante social; g) que en la
convocatoria y en su comunicación, por las vías impuestas legal o estatutariamente, debe fijarse el medio de
comunicación y el modo de acceso al mismo, a los efectos de prever la participación remota en la reunión del caso.
Que, por la Resolución General IGJ N° 18/2020, se prorrogaron los mandatos de los miembros de los órganos de
gobierno, administración y fiscalización de las asociaciones civiles controladas por esta INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA, cuyos vencimientos operaron u operaran a partir de la entrada en vigencia del DECNU PEN
N° 297/2020 y mientras dure la misma, por el término de ciento veinte días, prorrogables en caso de subsistir la
situación de emergencia.

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Martes, 22 de diciembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 53/2020

CONSIDERANDO:
Que las simples asociaciones obtuvieron expreso reconocimiento por el Código Civil y Comercial de la Nación
incluyéndolas en la enumeración de personas jurídicas del artículo 148.
Que el artículo 189 del mismo cuerpo normativo señala que las simples asociaciones existen desde el acto
constitutivo, el cual debe formalizarse por escritura pública o instrumento privado con firmas certificadas.
Que, en cuanto al acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización y funcionamiento
resultan aplicables las disposiciones de las asociaciones civiles con las particulares previsiones respecto del órgano
de fiscalización, responsabilidad de fundadores, socios y administradores.
Que el artículo 380 de la Resolución General 07/2015 creó el Registro Voluntario de Simples Asociaciones (RVSA)
con el objeto de registrar, y con ello reconocer visibilidad jurídica, a todas aquellas entidades que pretendan
inscribirse.
Que la Resolución General 07/2017 reglamentó el Registro Voluntario de Simples Asociaciones en cuanto a la
documentación necesaria para registrar el acto constitutivo o la modificación de una simple asociación.
Que, asimismo, dispuso la emisión de certificado que acredite la registración en el Libro de Registro Voluntario de
Simples Asociaciones y en el que constará el número del asiento registral y fecha, la denominación de la simple
asociación, plazo de duración y la firma y sello aclaratorio del funcionario autorizado a tal efecto.
Que la Resolución General 12/2018 autorizó la formalización del acto constitutivo por ante funcionario público,
cuando la entidad involucrada tenga por objeto el fomento y atención de los derechos de personas mayores, niños y
demás grupos vulnerables.

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INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 52/2020

CONSIDERANDO:
Que, la Decisión Administrativa Nº 524/2020 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, la cual en su inciso 1º
apartado 3, declaró a la actividad de los registros públicos como servicio esencial, y consecuentemente habilitó el
funcionamiento de los Registros Público con guardias mínimas y sistema de turnos.
Que, en consecuencia el organismo se encuentra funcionando con una guardia mínima y la atención al público en
sede central y los colegios profesionales se realiza, exclusivamente con turno previo para trámites habilitados.
Que, durante el mes de enero disminuye el flujo de trámites que se inician ante la INSPECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA, resulta conveniente que una parte sustancial del personal tome su licencia anual durante dicho mes.
Que, atento lo expuesto, resulta necesario para la optimización de las funciones a cargo de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA, adoptar previsiones relativas a los horarios de atención y de recepción de trámites a fin
de compatibilizarlas con la disponibilidad de los recursos humanos del Organismo

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Jueves, 17 de diciembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 51/2020

CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se declaró la emergencia pública en
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que en la emergencia se comprendió especialmente la situación de los planes de ahorro previo bajo la modalidad
de “grupos o círculos cerrados” habida cuenta del fuerte incremento del precio de los automotores objeto de los
planes, registrado como consecuencia de la devaluación producida en el año 2018 y la subsiguiente después de
agosto de 2019, y que por la funcionalidad propia del sistema impacta directamente en las cuotas de ahorro y
amortización que deben pagar los suscriptores y genera dificultades para afrontar los pagos, lo que pone en crisis el
sistema como medio de acceso masivo a los bienes de consumo durables.
Que el art. 60 de la mencionada ley puso a cargo del Banco Central de la República Argentina evaluar la situación
de los planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor y estudiar mecanismos para mitigar los efectos
negativos producidos.
Que en el marco de la manda legal formulada se efectuaron reuniones para tratar la problemática con la
participación del Banco Central de la República Argentina, la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de
Desarrollo productivo y la Subsecretaría de Acciones para la defensa de las y los consumidores dependiente del
Ministerio y Secretaría mencionados.

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