Miércoles, 14 de octubre de 2020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA- Resolución General 41/2020

CONSIDERANDO:
Que el Poder Ejecutivo de la Nación, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, declaró la
Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19.
Que atento la gravedad de la pandemia y ante la necesidad imperiosa de proteger la salud pública y la vida de la
población, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 el cual establece que
todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, deben cumplir con un
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.
Que mediante los Decretos N° 325, 355, 408, 459, 493, 520, 576, 605, 641, 677, 714 y 754/2020 se prorrogó hasta
el 11 de octubre del 2020 el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) para el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA) manteniendo medidas restrictivas para ciertas actividades y para la circulación de personas.

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Miércoles, 9 de septiembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA- Resolución General 40/2020

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social declarada por la Ley N° 27.541 se menciona la situación de los planes de
ahorro previo para la adquisición de vehículos automotores.
Que la mención específica anterior se refirió a los efectos de las causas que motivaban el dictado de la norma
sobre quienes habían suscripto un plan de ahorro.
Que en relación con estos últimos este Organismo dictó ya la Resolución General IGJ N° 14/2020 y su modificatoria
Resolución General IGJ N° 38/2020.
Que la Ley 27.541 también, dentro del marco de delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, tiene por finalidad
la reactivación de la actividad productiva.
Que al delicado contexto que motivó el dictado de la Ley de Emergencia se han venido a sumar las actuales y
excepcionales circunstancias vinculadas con la pandemia del denominado “Covid-19” o “coronavirus” y las medidas
dictadas en consecuencia, que establecen un aislamiento social, preventivo y obligatorio.

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Lunes, 7 de septiembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA -Resolución General 39/2020

CONSIDERANDO:
Que dicha el Decreto de Necesidad y Urgencia y sus consecutivas prorrogas establecen para todas las personas
que habitan en forma permanente en el país, o se encuentren en él temporariamente, la medida de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” usualmente denominada “cuarentena” a partir del 20 de marzo de 2020.
Que durante su vigencia se proscriben las reuniones masivas, ya que las personas no podrán desplazarse por
rutas, vías y espacios públicos (artículo 2) ni realizar eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de
ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas (artículo 5).
Que en consecuencia las asociaciones civiles no pueden sostener su inveterado funcionamiento, que incluye la
celebración de sus actos asamblearios en forma presencial.
Que, a los fines de preservar la institucionalidad asociativa, el suscripto dictó la Resolución General IGJ N° 11/20,
que autorizó el funcionamiento a distancia de los órganos de gobierno y administración, aunque no estuviere
previsto en el estatuto, en tanto dure la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en
general debido a la emergencia sanitaria.

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Jueves, 27 de agosto de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA -Resolución General 38/2020

El dictado de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia
Pública, la Resolución General IGJ Nº 14/2020 y los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, 297/2020,
325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020 y 677/2020; y
CONSIDERANDO:
Que en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social declarada por la Ley Nº 27.541 y que se ha visto intensificada a partir de la
emergencia sanitaria de público conocimiento y atendida con medidas restrictivas de diferentes órdenes que
impactaron y agudizaron la situación crítica de la economía nacional, se halla comprendida la situación de los
planes de ahorro previo bajo la modalidad de “grupos cerrados”, habida cuenta del fuerte incremento que se
registró en el precio de los automotores cuya adjudicación directa constituye el objeto de dichos planes.
Que dentro del marco de la manda legal formulada por el artículo 60 de la ley mencionada que puso a cargo del
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA evaluar la situación y estudiar mecanismos para mitigar sus
efectos negativos, se analizaron respuestas a la emergencia que fueron evaluadas favorablemente por los diversos
sectores involucrados y plasmados en la Resolución General IGJ Nº 14/2020, en virtud de las atribuciones
reglamentarias de contenido material de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, otorgadas por los artículos
174 de la Ley 11.672 (t.o. 2014) y 9º inciso f) de la Ley Nº 22.315.

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Miércoles, 26 de agosto de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA- Resolución General 37/2020

Y CONSIDERANDO:
Que en tanto no se concrete una segmentación normativa que deslinde las entidades más acaudaladas de aquéllas
que resultan menos poderosas, es imperativo de gestión para este organismo atender las necesidades de las
instituciones económicamente más vulnerables y que cumplen objetivos deseables en territorio y/o con poblaciones
de menores recursos.
Que, desde siempre, las entidades de la sociedad civil cumplen fines sociales y comunitarios bajo la consigna de la
defensa del bien común.
Que en este contexto, la práctica deportiva siempre constituyó un gran llamador hacia los clubes, y numerosos
colegios municipales utilizan sus instalaciones para diversas actividades que no se realizan en edificios escolares
donde no existen comodidades; las bibliotecas populares han aportado al estudio y alfabetización de los sectores
sociales menos favorecidos; los centros culturales han sido fundamentales en la preservación, fomento y difusión
de fenómenos artísticos populares; los centros de jubilados colaborando en la sociabilización de la tercera edad; los
organismos de derechos humanos en la importantísima tarea de coadyuvar al respeto de los derechos
fundamentales; las instituciones radicadas en barrios vulnerables atendiendo las necesidades de sus vecinos; las
cooperadoras de instituciones educativas y hospitalarias colaborando en la adquisición de insumos imprescindibles;
y en la actualidad, las entidades abocadas a las cuestiones de género, particularmente referidas a sectores también
vulnerables.

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Jueves, 20 de agosto de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA -Decisión Administrativa 1504/2020

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.467 se estableció que no se podrán cubrir los cargos previstos en la reserva
dispuesta en el artículo 6°, existentes a la fecha de sanción de la misma, ni las vacantes que se produzcan con
posterioridad en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, sin la previa autorización del Jefe de
Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de
Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

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Jueves, 13 de agosto de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA- Resolución General 35/2020

CONSIDERANDO:
Que en el texto de los ARTÍCULOS 1° y 2° de la RESOLUCIÓN GENERAL IGJ N° 34/2020 se dispuso:
“ARTÍCULO 1º: A partir de la entrada en vigencia de esta resolución las asociaciones civiles en proceso de
constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas
que se constituyan, en cuanto estuvieren o quedaren comprendidas en el artículo 299, de la Ley N° 19.550, excepto
las abarcadas por los incisos 1°, 2° y 7°, las fundaciones con un consejo de administración de integración
temporaria y electiva y las Sociedades del Estado (Ley N° 20.705) deberán incluir en su órgano de administración, y
en su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género, estableciendo una
composición de los órganos referidos que esté integrado por la misma cantidad de miembros femeninos que de
miembros masculinos. Cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá
integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos.
ARTÍCULO 2º: Lo previsto en el artículo precedente para todas las personas jurídicas allí referidas inscriptas ante
esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, deberá aplicarse para las designaciones de los
miembros de los órganos de administración, y en caso de corresponder de fiscalización, electos en cada
oportunidad de su designación con posterioridad a la entrada en vigor de esta Resolución.”

 

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Jueves, 6 de agosto de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA- Resolución General 33/2020

CONSIDERANDO:
1. Que este Organismo, a los fines de adecuar su normativa reglamentaria al Código Civil y Comercial de la Nación,
dictó la Resolución General IGJ N° 7/2015 en sustitución de su antecedente Resolución General IGJ N° 7/2005, y
en aquella incluyó normas reglamentarias relativas a la inscripción en el Registro Público de los contratos de
fideicomiso (artículo 1669 del código citado), a saber, los artículos 284 a 291 en el Título V del Libro III de la
resolución de mención, disponiendo en ellos sobre los requisitos de la registración, la figura del fiduciario, las
inscripciones posteriores a la del contrato de fideicomiso, la constitución del fideicomiso, los fideicomisos sobre
acciones, el eventual régimen contable, la implementación informática de un registro de fiduciarios y la extinción de
los fideicomisos, etc.
Que algunas de dichas disposiciones fueron modificadas por la Resolución General IGJ N° 9/2015 y lo propio hizo
la Resolución General IGJ N° 6/2016, que además derogó algunas de ellas.
2. Que resulta conveniente revisar el régimen normativo que ha quedado luego de las modificaciones y supresiones
efectuadas por las resoluciones generales citadas precedentemente, y asimismo precisar el ejercicio de la función
registral y los efectos o alcances de la registración.
3. Que la necesidad de inscripción del contrato de fideicomiso en un registro público ha sido objeto de preocupación
y aspiración por parte de la doctrina nacional (MOISSET DE ESPANES Luis, “Aspectos registrales del fideicomiso”
en JA 1995 – III – 2014, página 1; ídem, JUNYENT BAS Francisco y MOLINA SANDOVAL Carlos A, “Bases para
una reforma del régimen del Fideicomiso. A propósito de la necesidad de su inscripción”, en La Ley 2007 – C- 782;
etc.) y si bien, incorporada esa registración a la legislación nacional por la ley 26994, el Código Civil y Comercial de
la Nación, en el artículo 1669 no aclara cuál es el Registro Público al que hace referencia -cuestión que esta
resolución deja dilucidada en considerandos más abajo expuestos-, ni tampoco cuál es el efecto que tiene la
registración requerida, lo cierto es que existe consenso en cuanto a la necesidad de que una reglamentación
proceda a determinar los datos a incorporar al Registro y fundamentalmente sobre los alcances de la inscripción
(LORENZETTI, Ricardo L., “Código Civil y Comercial Comentado”, tomo VIII, Rubinzal-Culzoni Editores, página
180; ALTERINI, Jorge H., Director general, “Código Civil y Comercial Comentado”, Tratado Exegético”, tomo VII,

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Miércoles, 5 de agosto de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA -Resolución General 34/2020

CONSIDERANDO:
Que el derecho a la igualdad; y el ejercicio de sus derechos en forma igualitaria y sin discriminación por género,
sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género; ni por otras condiciones subjetivas, constituyen principios
jurídicos universales, reafirmados en la Carta de las Naciones Unidas y reconocidos en diversos textos
internacionales sobre Derechos Humanos, entre los que destacan la Convención Americana sobre Derechos
Humanos del 22 de noviembre de 1969 y aprobada mediante Ley N° 23.054 en 1984; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos
firmados el 19 de diciembre de 1966 y aprobados por la República Argentina por Ley N° 23.313 del año 1986; y,
realzados, por la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (conocida
internacionalmente por sus siglas en inglés como CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas
el 18 de diciembre de 1979, suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980 y ratificada mediante Ley
N° 23.179 del año 1985
Que a todos esos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y varios otros, también sobre
la misma materia, que no es necesario detallar aquí exhaustivamente, se les ha reconocido jerarquía constitucional
en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, de la Constitución Nacional.
Que, asimismo, por el artículo 37 de la Constitución Nacional, se proclama la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios; y se establece que la misma se garantizará por
acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

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INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA -Resolución General 32/2020 y anexos

Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario optimizar el trámite de autorización para funcionar con carácter de persona jurídica y la
ulterior inscripción, a determinados sujetos colectivos que lo ameritan, como asimismo facilitar la gestión de sus
administradores en relación al trámite correspondiente y el control la constitución, por parte de este organismo.
Que esta Inspección General de Justicia, desde antiguo, ha implementado una opción alternativa a la confección
del estatuto social por parte de los interesados, poniendo a disposición de los administrados el Estatuto Tipo para
Asociaciones Civiles, que ha sufrido eventuales modificaciones para su modernización y actualización hasta el
presente.
Que en un porcentaje notablemente mayoritario, los constituyentes de asociaciones civiles optan por la utilización
del Estatuto Tipo que el organismo propone.
Que, sin embargo, la realidad ha demostrado que, en tanto existan artículos que deban ser completados por los
interesados, se incurren en errores cuya subsanación implica necesariamente retrasos en el trámite de
autorización.
Que tales yerros pueden evitarse implementando una tercera opción, a elección de los interesados, mediante la
elaboración de estatuto tipos pétreos para entidades con objetivos determinados que ameritan esta facilitación, en
los cuales para las partes que son propias exclusivas de cada entidad requirente -tales como denominación y fecha
de constitución- se remite al acta de la asamblea constitutiva

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Descargar -anexo I -32-2020

Descargar anexo II-2020

Descargar anexo III- 32-2020

Descargar anexo IV-32-2020

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