Lunes, 11 de enero de 2021

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 1/2021

CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución General IGJ N° 11/2020, se dispuso la admisión de las reuniones del órgano de
administración o de gobierno de asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia mediante la utilización de
medios o plataformas informáticas o digitales mientras se prohíba, restrinja, o limite la circulación de las personas
con motivo de la emergencia sanitaria.
Que, la validez de las reuniones celebradas a distancia se encuentra condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos: a) la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; b) la posibilidad de
participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y
video; c) la participación con voz y voto de todos los miembros, y, en su caso, del órgano de fiscalización; d) que la
reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; e) que el representante conserve una copia en
soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier asociado que la
solicite; f) que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia
de las personas que participaron, debiendo todo ello estar suscripto por el representante social; g) que en la
convocatoria y en su comunicación, por las vías impuestas legal o estatutariamente, debe fijarse el medio de
comunicación y el modo de acceso al mismo, a los efectos de prever la participación remota en la reunión del caso.
Que, por la Resolución General IGJ N° 18/2020, se prorrogaron los mandatos de los miembros de los órganos de
gobierno, administración y fiscalización de las asociaciones civiles controladas por esta INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA, cuyos vencimientos operaron u operaran a partir de la entrada en vigencia del DECNU PEN
N° 297/2020 y mientras dure la misma, por el término de ciento veinte días, prorrogables en caso de subsistir la
situación de emergencia.

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Martes, 22 de diciembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 53/2020

CONSIDERANDO:
Que las simples asociaciones obtuvieron expreso reconocimiento por el Código Civil y Comercial de la Nación
incluyéndolas en la enumeración de personas jurídicas del artículo 148.
Que el artículo 189 del mismo cuerpo normativo señala que las simples asociaciones existen desde el acto
constitutivo, el cual debe formalizarse por escritura pública o instrumento privado con firmas certificadas.
Que, en cuanto al acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización y funcionamiento
resultan aplicables las disposiciones de las asociaciones civiles con las particulares previsiones respecto del órgano
de fiscalización, responsabilidad de fundadores, socios y administradores.
Que el artículo 380 de la Resolución General 07/2015 creó el Registro Voluntario de Simples Asociaciones (RVSA)
con el objeto de registrar, y con ello reconocer visibilidad jurídica, a todas aquellas entidades que pretendan
inscribirse.
Que la Resolución General 07/2017 reglamentó el Registro Voluntario de Simples Asociaciones en cuanto a la
documentación necesaria para registrar el acto constitutivo o la modificación de una simple asociación.
Que, asimismo, dispuso la emisión de certificado que acredite la registración en el Libro de Registro Voluntario de
Simples Asociaciones y en el que constará el número del asiento registral y fecha, la denominación de la simple
asociación, plazo de duración y la firma y sello aclaratorio del funcionario autorizado a tal efecto.
Que la Resolución General 12/2018 autorizó la formalización del acto constitutivo por ante funcionario público,
cuando la entidad involucrada tenga por objeto el fomento y atención de los derechos de personas mayores, niños y
demás grupos vulnerables.

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INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 52/2020

CONSIDERANDO:
Que, la Decisión Administrativa Nº 524/2020 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, la cual en su inciso 1º
apartado 3, declaró a la actividad de los registros públicos como servicio esencial, y consecuentemente habilitó el
funcionamiento de los Registros Público con guardias mínimas y sistema de turnos.
Que, en consecuencia el organismo se encuentra funcionando con una guardia mínima y la atención al público en
sede central y los colegios profesionales se realiza, exclusivamente con turno previo para trámites habilitados.
Que, durante el mes de enero disminuye el flujo de trámites que se inician ante la INSPECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA, resulta conveniente que una parte sustancial del personal tome su licencia anual durante dicho mes.
Que, atento lo expuesto, resulta necesario para la optimización de las funciones a cargo de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA, adoptar previsiones relativas a los horarios de atención y de recepción de trámites a fin
de compatibilizarlas con la disponibilidad de los recursos humanos del Organismo

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Jueves, 17 de diciembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 51/2020

CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se declaró la emergencia pública en
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que en la emergencia se comprendió especialmente la situación de los planes de ahorro previo bajo la modalidad
de “grupos o círculos cerrados” habida cuenta del fuerte incremento del precio de los automotores objeto de los
planes, registrado como consecuencia de la devaluación producida en el año 2018 y la subsiguiente después de
agosto de 2019, y que por la funcionalidad propia del sistema impacta directamente en las cuotas de ahorro y
amortización que deben pagar los suscriptores y genera dificultades para afrontar los pagos, lo que pone en crisis el
sistema como medio de acceso masivo a los bienes de consumo durables.
Que el art. 60 de la mencionada ley puso a cargo del Banco Central de la República Argentina evaluar la situación
de los planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor y estudiar mecanismos para mitigar los efectos
negativos producidos.
Que en el marco de la manda legal formulada se efectuaron reuniones para tratar la problemática con la
participación del Banco Central de la República Argentina, la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de
Desarrollo productivo y la Subsecretaría de Acciones para la defensa de las y los consumidores dependiente del
Ministerio y Secretaría mencionados.

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INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 14/2020

CONSIDERANDO:
Que en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social declarada por la Ley N° 27.541 se halla comprendida la situación de los planes de
ahorro previo bajo la modalidad de “grupos cerrados” habida cuenta del fuerte incremento –del orden de no menos
de un 200% promedio- que a partir y como impacto de la devaluación producida en el año 2018 y la subsiguiente
después de agosto de 2019, se registró en el precio de los automotores cuya adjudicación directa constituye el
objeto de dichos planes, lo cual, por la funcionalidad propia del sistema, ha sido determinante de un fuerte
incremento de las cuotas de ahorro y de amortización que las sociedades administradores liquidan y que deben
pagar los suscriptores como medio de consecución de los bienes, y que ha determinado a su vez crecientes
dificultades de aquellos para afrontar los pagos, lo que pone en crisis al sistema como medio de acceso masivo a
bienes de consumo durable como los automotores.
Que el art. 60 de la ley mencionada ha puesto a cargo del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
evaluar tal situación y estudiar mecanismos para mitigar sus efectos negativos.

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Miércoles, 9 de diciembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 7/2015 Normas de la Inspección General de Justicia

CONSIDERANDO:
Que la Resolución General I.G.J. N° 7/2005, publicada el 25 de agosto de
2005, fijó el marco normativo de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA en materia
de Registro Público, Sociedades Comerciales y Asociaciones Civiles.
Que la citada Resolución receptó, asimismo, soluciones aportadas por
dictámenes, resoluciones particulares y la jurisprudencia.
Que al día de la fecha se han dictado numerosas Resoluciones que fueron
incorporándose y modificando la Resolución General I.G.J. N° 7/2005, regulando
aspectos adicionales o complementarios a la misma, adaptando los procedimientos
existentes a las evolucionadas prácticas del derecho.
Que, en efecto, la Resolución General I.G.J. N° 7/2005 fue modificada por las
Resoluciones Generales Nros. 9/05; 10/05; 5/06; 2/07; 6/07; 2/08; 4/08; 3/11;
5/12; 13/12; 1/14; 2/14; 3/14; 1/15; 3/15; y 4/15 (T.O. RG IGJ 5/15), dando lugar
al texto actualmente vigente.

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Lunes, 30 de noviembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 47/2020

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 170, del Código Civil y Comercial de la Nación, se establecen los elementos que debe contener
el acto constitutivo de las asociaciones civiles. Entre ellos, por lo previsto en el inciso l), categóricamente se ordena
que debe preverse el órgano de fiscalización interna, regulándose su composición, requisitos de integración,
duración de sus integrantes, competencias, funciones, atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocatoria,
constitución, deliberación, decisiones y documentación.
Que, por su parte, en el artículo 172 del Código de fondo se establece que, en el acto constitutivo, se debe
consignar a los integrantes del primer órgano de fiscalización. Tal precepto agrega, en su segundo párrafo, que la
fiscalización privada de la asociación está a cargo de uno o más revisores de cuentas y que la comisión revisora de
cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de cien (100) asociados.
Que, una adecuada interpretación integral (conf. arts. 1° y 2°, Código Civil y Comercial de la Nación), hasta incluso
literal, de las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación para la especie abordada, permite
sostener que las asociaciones civiles deben prever un órgano de fiscalización en el acta constitutiva, regular
imperativamente los recaudos legales exigibles y designar a sus integrantes en forma simultánea; y que dicho
órgano auditor será unipersonal o colegiado, siendo este último de carácter obligatorio cuando la entidad supere los
cien (100) asociados.

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Viernes, 27 de noviembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 46/2020

CONSIDERANDO:
Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia PEN N° 260/2020, declaró la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en
vigencia del referido decreto.
Que, atento la gravedad de la pandemia y ante la necesidad imperiosa de proteger la salud pública y la vida de la
población, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, el cual estableció
que todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, deben cumplir con un
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” -A.S.P.O.-, el cual comenzó a regir el día 20 de marzo del 2020 y se
mantuvo hasta el 8 de noviembre inclusive del corriente año (conforme a las sucesivas prórrogas dispuestas por los
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo
de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio
de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de agosto de 2020, 714 del 30 de agosto de 2020, 754 del 20 de
septiembre de 2020, 792 del 11 de octubre de 2020 y 814 del 25 de octubre de 2020).

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Miércoles, 25 de noviembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 45/2020

Y CONSIDERANDO:
1. Que son dos las posiciones que, sobre la cuestión y en forma antagónica, se esgrimen en la doctrina y la
jurisprudencia nacional, tanto en sede administrativa como judicial, para definir cuáles son los requisitos para que el
director suplente pueda asumir el cargo de director titular, ante la existencia de una vacante temporal o definitiva en
el directorio de la sociedad, lo que, por los efectos que ello provoca y ante el silencio del artículo 258 de la LGS,
puede afectar el normal funcionamiento de la sociedad.
2. Que, una primera posición, sostenida por la jurisprudencia judicial y administrativa, predica la necesidad de
realizar un acto formal previo de asunción del cargo de miembro titular por parte del director suplente. Tal es el
criterio expuesto por esta autoridad de control en el expediente “Inspección General de Justicia contra Colegio Río
de la Plata sobre Organismos Externos”, mediante la Resolución Particular IGJ 646/2009, del 7 de Agosto de 2009,
que fuera confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, mediante fallo del 16 de
Junio de 2011. En el mismo sentido, en los expedientes “Inspección General de Justicia contra Calimboy SA sobre
Organismos Externos”, confirmado por la Sala D del referido tribunal de alzada, mediante sentencia del 25 de Abril
de 2011, e “Inspección General de Justicia contra Lagos del Sur Argentino sobre Organismos Externos”, Resolución
Particular IGJ Nº 581/2010, del 24 de Junio de 2010. Finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, en fallo del 26 de Agosto de 2008, dictado en los autos
“Guzzetti, Miguel Angel contra Guzzetti Hermanos Sociedad Anónima” ratificó el criterio adverso a la automaticidad
de la asunción por el director suplente a la titularidad de ese cargo.

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Jueves, 5 de noviembre de 2020

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 44/2020

CONSIDERANDO:
I- Que el art. 46 de la Resolución General IGJ n° 6/2017, conforme al texto sustituido por el art. 5° de la Resolución
General IGJ n° 9/2020, establece que la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) deberá presentar a esta
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA por medios digitales sus estados contables, conformados por el estado de
situación patrimonial, el estado de resultados y la memoria, dentro de los quince (15) días posteriores a la
realización de la reunión de su órgano de gobierno que los haya aprobado, la que deberá ser realizada en forma
presencial o en la forma prevista en el segundo párrafo del art. 53 de la ley 27349, dentro de los cuatro (4) meses
del cierre del ejercicio económico.
Que dicha exigencia ha obedecido a los fundamentos expresados en la Resolución General IGJ n° 9/2020 y con la
consideración al carácter que la Sociedad por Acciones Simplificada (SA) presenta en la ley 27.349, a saber un
subtipo de sociedad anónima junto con otros contemplados en la ley 19.550, como la sociedad anónima
unipersonal y la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, con todas las cuales comparte los rasgos
tipificantes de la representación del capital en acciones que pueden emitirse bajo las mismas características que las
de la sociedad anónima (cartulares, escriturales, nominativas no endosables, ordinarias, preferidas, de voto simple,
o sin voto o con voto múltiple) y tienen similar régimen de transferencia si no se pacta diversamente; con similar
régimen de suscripción e integración, con responsabilidad de los socios limitada a la integración de los aportes, con
la posibilidad de número ilimitado de socios y la potencialidad de apertura al público de su capital después de la
reforma introducida por la ley 27.444 al art. 39 de la ley 27.349.
Que la señalada asimilación tipológica justifica que los estados contables a ser presentados a esta INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA resulten de mayor utilidad informativa para terceros en mérito a la mayor valorización de
su contenido que supone la opinión profesional fruto de la actividad de auditoría de los mismos.

 

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