VISTO el Expediente Nº EX-2020-43021517- -APN-GAL#CNV caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN
GENERAL S/ MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VI DE LAS NORMAS -N.T. 2013 Y MOD.-
(REFINANCIACIÓN DE DEUDA MEDIANTE CANJE Y/O INTEGRACIÓN EN ESPECIE)”, lo dictaminado por la
Subgerencia de Emisiones de Renta Fija, la Gerencia de Emisoras, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de
Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-2012) tiene por objeto el desarrollo del mercado de
capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos en el ámbito del mismo, siendo la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) su autoridad de aplicación y contralor.
Que, en ese marco, y de conformidad a lo establecido en el inciso h) del artículo 19 de la mencionada Ley, la CNV
tiene atribuciones para “dictar las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización de los valores
negociables, instrumentos y operaciones del mercado de capitales, hasta su baja del registro, contando con
facultades para establecer las disposiciones que fueren necesarias para complementar las que surgen de las
diferentes leyes y decretos aplicables a éstos, así como resolver casos no previstos e interpretar las normas allí
incluidas dentro del contexto económico imperante, para el desarrollo del mercado de capitales”.
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-12) tiene por objeto el desarrollo del mercado de
capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos en el ámbito del mismo, siendo la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) su autoridad de aplicación y contralor.
Que, en dicho marco, y de conformidad con lo establecido por el artículo 19, incisos d) y g), de la mencionada Ley,
la CNV tiene entre sus funciones las de llevar el registro, el cual será público, otorgar, suspender y revocar la
autorización para funcionar de las personas humanas y/o jurídicas que, por sus actividades vinculadas al mercado
de capitales, queden comprendidas bajo su competencia, como así también, para dictar las reglamentaciones que
las mencionadas personas deberán cumplir desde su inscripción hasta la baja del registro respectivo.
Que, asimismo, el artículo 108 de la Ley N° 26.831 establece las facultades de la CNV para el contralor de los
auditores externos y asociaciones de profesionales auditores que auditen los estados contables de las entidades
sujetas a su control, a cuyo fin, prescribe que la CNV llevará un registro de dichos auditores externos y
asociaciones de profesionales
CONSIDERANDO:
Que son objetivos y principios fundamentales que informan y deberán guiar la interpretación de la Ley de Mercados
de Capitales Nº 26.831 (B.O. 11-5-2018), sus disposiciones complementarias y reglamentarias, entre otros, el
promover la participación en el mercado de capitales de inversores, asociaciones sindicales, asociaciones y
cámaras empresariales, organizaciones profesionales y de todas las instituciones de ahorro público, favoreciendo
especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo;
promover el acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas; y propender a la creación de
un mercado de capitales federalmente integrado.
Que el artículo 19, incisos h), m) y u), de la Ley Nº 26.831 establece como atribuciones de la COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES (CNV), las de dictar las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización
de los valores negociables, instrumentos y operaciones del mercado de capitales, contando con facultades para
establecer las disposiciones que fueren necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y
decretos aplicables a éstos, así como resolver casos no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del
contexto económico imperante, para el desarrollo del mercado de capitales; propender al desarrollo y
fortalecimiento del mercado de capitales creando o, en su caso, propiciando la creación de productos que se
consideren necesarios a ese fin; y ejercer todas las demás funciones que le otorguen las leyes, decretos y los
reglamentos aplicables.
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-2012) tiene entre sus objetivos promover el acceso al
mercado de capitales de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), fomentar la canalización del ahorro hacia
la financiación de proyectos productivos y el desarrollo de las economías regionales.
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 81 de la mencionada ley, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
(CNV) puede establecer regímenes diferenciados de autorización de oferta pública de acuerdo con las
características objetivas o subjetivas de los emisores y/o de los destinatarios de los ofrecimientos, el número
limitado de éstos, el domicilio de constitución del emisor, los montos mínimos de las emisiones y/o de las
colocaciones, la naturaleza, origen y/o especie de los valores negociables o cualquier otra particularidad que lo
justifique razonablemente.
Que, en el marco descripto, se estableció un régimen diferenciado para PYMES CNV, en el cual se definen los
requisitos que deberán reunir las entidades interesadas en obtener su registro en dicho régimen especial, y se
establecen ciertas restricciones por las cuales, aun reuniendo una entidad los demás requisitos previstos, no podrá
ser considerada PYME CNV a los fines del encuadre en este segmento.
CONSIDERANDO:
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 596/2019 (B.O.
28/08/2019) y N° 609/2019 (B.O. 01/09/2019), estableció un conjunto de disposiciones para regular con mayor
intensidad el régimen de cambios y, de esa forma, fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a
una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el
impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real.
Que, en ese marco, se establecieron ciertas reglas relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios, con
las transferencias al exterior y con el acceso al mercado de cambios, previendo que el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) dicte la reglamentación correspondiente, facultando a dicha autoridad monetaria
para establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones que persigan eludir, a través de títulos
públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en las medidas referidas.
Que, oportunamente, el BCRA solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), mediante la Nota
NO-2019-00196323-GDEBCRA-P#BCRA, que implemente, en el ámbito de su competencia, medidas alineadas
con lo normado por dicha entidad, a los fines de evitar las prácticas y operaciones elusivas detectadas en el
ejercicio de sus facultades de fiscalización.
Que, en función de ello, la CNV estableció mediante las Resoluciones Generales N° 808 (B.O. 13.09.2019), N° 810
(B.O. 02.10.2019) y N° 841 (B.O. 26.05.2020), atento las circunstancias excepcionales de dominio público, un plazo
mínimo de tenencia de CINCO (5) días hábiles para dar curso a operaciones de venta de Valores Negociables o
transferencia a otras entidades depositarias.
CONSIDERANDO:
Que la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) es la autoridad de aplicación y contralor de la Ley de Mercado
de Capitales Nº 26.831 (B.O. 11-5-2018), encargada de la promoción, supervisión y control del mercado de
capitales, orientada a fomentar el desarrollo de un mercado de capitales transparente, inclusivo y sustentable que
permita canalizar el ahorro de los argentinos hacia la inversión, contribuyendo así a la generación de empleo y al
progreso económico y social del país.
Que, en tal sentido, la CNV impulsa la creación de estructuras que promuevan inversiones en la economía real,
teniendo, a dichos fines, la industria de la construcción un rol clave en la reactivación de la economía nacional,
dada la amplitud y diversidad de su cadena de valor, tanto a nivel de actividades como en cuanto a su dispersión
geográfica y el sustancial efecto multiplicador sobre el Producto Bruto Interno que la misma muestra.
Que, en dicho marco, el artículo 19, inciso m), de la Ley Nº 26.831 establece como atribuciones de la CNV, la de
propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales creando o, en su caso, propiciando la creación
de productos que se consideren necesarios a ese fin.
Que, en el ejercicio de dichas atribuciones, se crea un régimen especial de Productos de Inversión Colectiva para el
desarrollo inmobiliario, a través de la inclusión de un nuevo Capítulo dentro del Título V “PRODUCTOS DE
INVERSIÓN COLECTIVA” de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).
CONSIDERANDO:
Que el artículo 19, inciso m), de la Ley Nº 26.831 (B.O. 28-12-2012) establece como atribuciones de la COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES (CNV) la de propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales creando
o, en su caso, propiciando la creación de productos que se consideren necesarios a ese fin.
Que, conforme lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Fondos Comunes de Inversión N° 24.083 (B.O.
18-6-1992), la CNV tiene a su cargo la fiscalización, supervisión y registro de la Sociedad gerente y de la Sociedad
depositaria de los fondos comunes de inversión, encontrándose facultada para supervisar a las demás personas
que se vinculen con los fondos comunes de inversión así como a todas las operaciones, transacciones y relaciones
de cualquier naturaleza referidas a los mismos conforme a las prescripciones de dicha normativa.
Que, asimismo, este organismo tiene facultades para dictar la reglamentación que fuere necesaria para
complementar las disposiciones de la Ley N° 24.083, así como la normativa aplicable a estas actividades, y a
resolver casos no previstos en la referida ley.
Que, por su parte, el artículo 1.691 del Código Civil y Comercial de la Nación instituye a la CNV como autoridad de
aplicación respecto de los fideicomisos financieros, pudiendo dictar normas reglamentarias que incluyan la
determinación de los requisitos a cumplir para actuar como fiduciario.
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 (B.O. 11-5-18), en su Título IV, modificó la Ley de Fondos
Comunes de Inversión N° 24.083 (B.O. 18-6-92), actualizando el régimen legal aplicable.
Que, entre las modificaciones efectuadas, se sustituyeron los artículos 3° y 5° de la Ley N° 24.083, disponiéndose
que la Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión deberá contar con un patrimonio neto mínimo, que
dicho patrimonio neto mínimo deberá ser incrementado por cada Fondo adicional que administre en el porcentaje
que disponga la reglamentación de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), y cumplir con los demás
requisitos que fije la reglamentación de la CNV.
Que, en dicho marco, la CNV dictó la Resolución General Nº 792 (B.O. 30-4-19), mediante la cual se reglamentaron
los requisitos de patrimonio neto mínimo que deberán cumplir las Sociedades Gerentes, así como las actividades
adicionales a la administración de fondos comunes de inversión que las mismas podrán desempeñar, incluyendo
servicios de: i) asesoramiento respecto de inversiones en el mercado de capitales; ii) gestión de órdenes de
operaciones; y/o iii) administración de carteras de inversión, contando para ello con mandato expreso; a nombre y
en interés de sus clientes; así como la colocación y distribución de cuotapartes de los fondos comunes de inversión
bajo la administración de otras Sociedades Gerentes.
Que, en ese sentido, la mencionada Resolución General incorporó, como disposición transitoria, un cronograma de
adecuación a los fines de que las Sociedades Gerentes que se encontraran registradas a la fecha de entrada en
vigencia de la misma como Agentes de Liquidación y Compensación Integral o Propio y/o bajo cualquier otra
categoría de Agentes procedieran a su adecuación.
Que, atento a las circunstancias extraordinarias producidas por la declaración de pandemia del coronavirus
(COVID-19) emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la medida de “Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio” (ASPO) dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº DECNU-2020-297-APN-PTE (B.O. 20-3-20), y sus sucesivas prórrogas, la CNV dictó la Resolución General
CONSIDERANDO:
Que el artículo 19, inciso m), de la Ley Nº 26.831 (B.O. 11-5-2018) establece como atribuciones de la COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES (CNV), la de propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales creando
o, en su caso, propiciando la creación de productos que se consideren necesarios a ese fin.
Que, en el ejercicio de dichas atribuciones, se propicia la creación de un régimen especial para la constitución y
autorización de Productos de Inversión Colectiva para el Desarrollo de Infraestructura Pública, a través de la
inclusión de un nuevo Capítulo dentro del Título V “PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA” de las NORMAS
(N.T. 2013 y mod.).
Que el objetivo de la presente reglamentación, que se somete a consulta pública, es brindar las herramientas
necesarias que permitan el acceso al financiamiento a través del mercado de capitales para el desarrollo de
proyectos de infraestructura pública, a nivel nacional, provincial y municipal.
Que, en tal sentido, se entiende que los productos de inversión colectiva resultan el canal natural para la captación
de ahorro e inversión, fundamental para el desarrollo de las economías, brindando liquidez y financiamiento a
proyectos de inversión en el país a través del mercado de capitales
Los efectos de la pandemia se asemejan a cuando baja la marea y se distinguen aquellos que están vestidos con aquellos que están desnudos. Considerando lo extraordinario de esta crisis, es válido resaltar la resiliencia y competitividad del agro para cosechar, exportar, sembrar; seguir trabajando.
Entre todo ello, el manejo financiero de las pymes del sector es fundamental para lograr conservar el valor construido en el proceso productivo. Tener una buena planificación de caja y una equilibrada relación de liquidez/solvencia lleva a tomar mejores decisiones y permite también aprovechar las oportunidades del mercado. En este momento precisamente parece acertado financiarse en pesos y conservar los dólares (hard dollar, granos, insumos, etc).
El financiamiento en pesos puede obtenerse a través del sistema bancario o a través del mercado de capitales. Las pymes del agro tienen una cultura arraigada de utilización de crédito bancario y sería razonable empezar a incorporar a la gestión financiera la alternativa, no como reemplazo sino como opción complementaria, del financiamiento vía instrumentos del mercado de capitales.
En el contexto actual, el descuento de cheque de pago diferido avalado (con gran protagonismo del flamante E-cheq) es el caballito de batalla para aprovechar los pesos “baratos” del mercado como herramienta de financiamiento. Para ello, las pymes deben obtener el aval de una entidad de garantía (SGR o Banco habilitado) y cursar la operación mediante un agente registrado (ALyC/AN). Hoy en día el E-cheque permite realizar la operación de forma digital lo que resulta muy practico y eficiente para el sector agropecuario.
Fuente: Elaboración de Agrifex en base a datos de MatbaRofex y MAV
El grafico exhibe claramente el spread (tasas negativas en dólares) que resulta de financiarse con las tasas obtenidas mediante descuento de cheques avalados en el mercado de capitales versus ir long en grano (u otros productos dolarizados).
Para aquellas pymes del agro que venden en pesos – ganaderos, hortícolas, etc.- siempre está la posibilidad de convertir los pesos de sus ventas en dólares invirtiendo en Fondos Comunes de Inversión denominados “dollar linked” cuyos activos de portafolio acompañan el tipo de cambio. Esto permite ir por la estrategia de aprovechar el financiamiento en pesos “baratos” y conservar el valor intrínseco de la producción propia.
La digitalización acelerada que impuso la pandemia abre muchas puertas para tender relaciones más dinámicas entre el mercado de capitales y el agro (el sector más competitivo del país). Múltiples productos pueden ser pensados como ductos sostenibles de financiación e inversión.
