Martes, 15 de diciembre de 2020

LEY DE GÓNDOLAS Ley 27545

Disposiciones.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1°- Objetivos. La presente ley tiene por objetivos:
a) Contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea
transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores;
b) Mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley, con la finalidad de
evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen
distorsiones en el mercado;
c) Ampliar la oferta de productos artesanales y/o regionales nacionales producidos por las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes) y proteger su actuación;
d) Fomentar a través de un régimen especial, la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina
e indígena, definido por el artículo 5° de la ley 27.118, y de la economía popular, definido por el artículo 2° del
anexo del decreto 159/2017, y los productos generados a partir de cooperativas y/o asociaciones mutuales en los
términos de la ley 20.337 y la ley 20.321

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LEY DE GÓNDOLAS Decreto 991/2020 y anexo

CONSIDERANDO:
Que mediante la citada la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor se determinan los derechos de los
consumidores o las consumidoras o usuarios o usuarias y las consecuentes obligaciones para los proveedores o
las proveedoras.
Que por la mencionada Ley Nº 27.442 de Defensa de la Competencia se establecieron los acuerdos y prácticas
prohibidas relacionadas con la producción e intercambio de bienes o servicios que tengan por objeto o efecto
limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una
posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.
Que la referida Ley N° 27.545 de Góndolas tiene por objeto contribuir a que el precio de los productos alimenticios,
bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores y las
consumidoras

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Lunes, 16 de noviembre de 2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR Resolución 561/2020 y anexo

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que las autoridades proveerán a la protección de
los derechos de las y los consumidores y usuarios, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de Asociaciones de Consumidores y de Usuarios.
Que, por su parte, la Ley Nº 24.240 y su modificatoria establece un régimen especial para aquellas organizaciones
que tengan como finalidad la defensa, información y educación de las y los consumidores.
Que, en este sentido, el Artículo 57 de la citada ley establece como condiciones especiales que las organizaciones
de consumidores no podrán participar en actividades políticas partidarias; deberán ser independientes de toda
forma de actividad profesional, comercial y productiva; no podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de
empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras; y
sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios.

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Viernes, 6 de noviembre de 2020

DISPOSICIÓN N.° 4366/DGDYPC/20 y anexo

Que la situación de emergencia descripta trae aparejada la necesidad de establecer mecanismos que posibiliten una eficaz tutela de los derechos de los usuarios y consumidores, impulsando el trámite de los reclamos en curso mediante la implementación de recursos tecnológicos que coadyuven a lograr la agilización de las actuaciones iniciadas ante la Autoridad de Aplicación;
Que atendiendo a la prolongación de las medidas restrictivas que afectan la utilización de los medios de notificación presenciales, sumado a la incertidumbre respecto a la extensión de la situación y la subsistencia de las medidas adoptadas para su mitigación, deviene imprescindible arbitrar los medios que permitan realizar los distintos actos procesales con la mayor celeridad posible, de modo tal de evitar demoras y lograr una tutela eficaz y ágil de los derechos de los consumidores;
Que en tal sentido, resulta indispensable el aprovechamiento de los mecanismos electrónicos para la tramitación de los reclamos de usuarios y consumidores, habiéndose desarrollado sistemas de notificación electrónica que permiten efectuar las diligencias tendientes a lograr el avance de las actuaciones en las distintas instancias del proceso;

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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR -Resolución 137/2020

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo
las Autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.
Que la Ley N° 24.240 y sus modificatorias contempla la protección de la salud e integridad física de las y los
consumidores y usuarios, así como también establece mecanismos y sistemas para la protección de sus derechos.
Que, el Artículo 43 de la citada ley establece que la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR en su carácter de
Autoridad de Aplicación puede elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor o usuario a favor de un
consumo sustentable con protección del medio ambiente e intervenir en su instrumentación mediante el dictado de
las resoluciones pertinentes.

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Jueves, 5 de noviembre de 2020

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Resolución 77/2020 y anexo

CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO (S.R.T.) como entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, (M.T.E. Y S.S.), quien tiene la facultad, entre otras, de dictar su reglamento interno,
conforme el artículo 36, inciso e) de dicho cuerpo normativo.
Que mediante Resolución S.R.T. N° 1.343 de fecha 14 de diciembre de 2006, se aprobó la creación del Comité de
Seguridad destinado al tratamiento de temas relacionados a la Seguridad de la Información, determinando su
conformación, funciones y asignando el responsable de la Seguridad de la Información.
Que en ese marco, mediante Resolución S.R.T. N° 231 de fecha 11 de marzo de 2009, se aprobó la Política de
Seguridad de la Información vigente.
Que posteriormente, la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (O.N.T.I.)
N° 1 de fecha 19 de febrero de 2015, aprobó la “Política de Seguridad de la Información Modelo”, como base para
la elaboración de las respectivas políticas a dictarse por cada Organismo y precisó, entre otras cuestiones, la
conformación y las funciones del Comité de Seguridad de Información.

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Lunes, 26 de octubre de 2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR Resolución 449/2020

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece, entre otros, que las y los consumidores tienen
derecho a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz sobre los bienes y
servicios y a la libertad de elección para su adquisición, señalando también que las autoridades proveerán a la
protección de esos derechos y a la defensa de la competencia.
Que en el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, establece el principio de integración normativa, ya
que sus disposiciones se integran con toda norma general y especial aplicable a las relaciones de consumo y que,
en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al
consumidor, manifestándose el diálogo de fuentes normativas que impera en lo atinente a la protección del
consumidor y los principios generales que rigen la materia.
Que, en el orden de ideas que se exponen, tanto el Artículo 4° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, como el
Artículo 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación establecen como obligación de los proveedores la de
suministrar a los consumidores información veraz, detallada, eficaz y suficiente acerca de las circunstancias
esenciales de los bienes o servicios que adquieren, así como sus condiciones de comercialización.
Que mediante la Ley N° 25.065 y sus modificatorias se regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de

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Jueves, 22 de octubre de 2020

Fallo testigo sobre consumidor expuesto a prácticas abusivas

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores GASTÓN M. POLO OLIVERA – CARLOS ALFREDO BELLUCCI- CARLOS ALBERTO CARRANZA CASARES.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara Doctor Polo Olivera dijo:

  1. a. La sra. I. V. L. M., promovió demanda por daños y perjuicios contra Crédito Automático S.A..

Expuso que sufrió un hostigamiento por parte de la accionada por el reclamo de cobro de una deuda inexistente, en tanto adujo que ella nunca suscribió vínculo alguno con la demandada.

Expresó que estos reclamos, que llegaron a efectuarse en su lugar de trabajo, ocasionaron perjuicios de diversa índole, cuya reparación reclamó (fs. 33/43).

  1. La demandada propició el rechazo de la demanda. Expuso que los extremos invocados en el escrito de inicio deben ser probados para sostener, como se pretende, el resarcimiento reclamado (fs. 52/62).
  2. La sentencia dictada en fs. 255/279 estimó la demanda incoada, y ordenó a la accionada pagar a la actora la suma de $ 392.000 como reparación de los daños ocasionados, y la de $ 200.000 como daño punitivo, con más sus intereses. Le impuso las costas del proceso y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

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Viernes, 9 de octubre de 2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES Disposición 14/2020

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos,
a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo
las autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.
Que es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo,
resultando un interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos
tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene individual y colectiva.
Que la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones, faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otras cosas,
márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios

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Lunes, 5 de octubre de 2020

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR Resolución 424/2020

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que las y los consumidores de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las
Autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.
Que, en este sentido, el derecho a la información es uno de los pilares que recorre transversalmente todos los
institutos de la legislación, convirtiéndose en uno de los elementos esenciales para limitar la asimetría entre
consumidoras, consumidores y proveedores.
Que, mediante la Ley Nº 24.240, se determinan los derechos de las y los consumidores y las consecuentes
obligaciones para los proveedores

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