Viernes, 2 de octubre de 2020

El Colegio de Abogados de la Capital alertó que la intervención en las telecomunicaciones es “inconstitucional”

El Colegio de Abogados de la Capital Federal difundió este viernes un comunicado para advertir que la intervención que el presidente Alberto Fernández dispuso sobre los Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) es “inconstitucional“.

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Los representantes de la entidad criticaron la decisión del Gobierno nacional, que se oficializó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 porque “resulta irreconciliable con el diseño constitucional de la República”.

“Sólo cabe su revocación por quien lo dictó o la declaración de inconstitucionalidad por la Justicia”, advirtieron.

Los letrados de la Ciudad indicaron que “tanto nuestros constituyentes como legisladores establecieron los términos de intervención en los mercados, los cuales no son cumplidos por el DNU 690/20, dando lugar a su inconstitucionalidad”.

“El DNU 690/20 golpea los cimientos mismos de nuestra organización, no sólo económica sino republicana y democrática. Definitivamente, semejante cambio en las reglas de juego, además de afectar los derechos adquiridos de los actuales operadores del mercado de los servicios de TIC, conspirará contra la llegada de las nuevas inversiones que imperiosamente necesita nuestro país para generar progreso, crecimiento y empleo”, lamentaron.

El comunicado completo

La intervención del mercado de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, “TIC”, a través del DNU 690/20 resulta irreconciliable con el diseño constitucional de la República Argentina, por lo que sólo cabe su revocación por quien lo dictó o la declaración de inconstitucionalidad por la Justicia.

Los fundamentos del DNU 690/20 resultan insuficientes para evitar su incompatibilidad con los artículos 42 y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional.

I. El diseño constitucional en materia de regulación económica fue actualizado en la última reforma del año `94, reafirmando la presencia de un modelo basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y la defensa de la competencia, tal como lo disponen los artículos 9 a 12, 14, 17, 42 y ccds. de la Constitución. En ese esquema constitucional: “Las autoridades proveerán … a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales…”(art. 42). La justificación para la intervención legal en un mercado reconoce en nuestra Constitución dos hipótesis: la “distorsión de los mercados” y la presencia de “monopolios”. Sin embargo, el DNU 690/20 se aparta de estas hipótesis.

En su lugar, pretende regular con la máxima intensidad de intervención estatal posible a las tecnologías de la información y comunicaciones, modificando drásticamente las reglas de la industria fijadas ex ante,sin ningún sustento fáctico que lo justifique. Se presenta así una situación de expropiación regulatoria que atenta contra el principio de previsibilidad y seguridad jurídica, viola normas legales de jerarquía superior y va a contramano de la realidad regulatoria internacional.

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Miércoles, 2 de septiembre de 2020

Promulgan ley que establece la mediación a distancia en la provincia de Buenos Aires

Una ley que establece la mediación a distancia en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires fue promulgada hoy por el Poder Ejecutivo bonaerense.

Mediación a distancia en la Provincia de Buenos Aires. 

La iniciativa, sancionada por la Legislatura provincial el 7 de agosto pasado y publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito y prevé que la mediación se pueda realizar total o parcialmente a distancia.

Se trata de una modificación a la ley vigente, que data de 2009, y que dispuso la mediación obligatoria en todos los casos que no admitan excepción, pero las partes deben asistir personalmente a la audiencia, no pudiendo ser sustituidas por apoderados, salvo que su domicilio exceda los 150 kilómetros del asiento del mediador, como única excepción.

Además, en su artículo 15 bis otorga la posibilidad al mediador y a las partes a celebrar una audiencia a través de canales y procedimientos electrónicos de comunicación, asegurando además la confidencialidad e identidad.

Fuente.Diario 26 publicado 02/09/2020.-

 

Lunes, 24 de agosto de 2020

Las empresas de telecomunicaciones analizan ir a la Justicia por el decreto Por La Nación

Se podría decir que las empresas de telecomunicaciones pasaron sus últimas horas en medio de lecturas y estudioDesde el viernes, todas han movilizado a sus equipos legales para establecer cuál será la estrategia de defensa.Y según lo que comentaron por lo bajo, todas analizan judicializar la medida que convirtió en servicio público esencial las prestaciones de internet, telefonía celular y televisión paga.

Los caminos son varios. Por un lado, la inconstitucionalidad del decreto . Esa vía, reconocen en una de las empresas, podría ser una alternativa . El punto es que el decreto de necesidad y urgencia tiene algunos problemas de legalidad, ya que de esta manera se legisla cuando el Congreso no está en sesiones ordinarias . Por estas horas, las cámaras de Diputados y Senadores funcionan. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández , dicen en una de las compañías, ” usó la lapicera cuando debería haber recurrido al Congreso”.

La telefonía celular quedó congelada hasta fin de año
La telefonía celular quedó congelada hasta fin de año

En el otro extremo hay otras alternativas. Las empresas extranjeras empezaron a mirar hacia el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus siglas en inglés) como la puerta a tocar para reclamar. La cuenta que hacen en las compañías tiene que ver con el abrupto cambio regulatorio. Cambiar las reglas de juego, opinan, de un mercado tan intervenido como las telecomunicaciones podría ser expropiatorio. No descartan que alguna presente una denuncia allá.

Pero claro, no hay apuro, sostienen. Lo que pasé con la Comisión Bicameral hoy y la reglamentación del decreto, que no tiene fecha, será lo que entregue todas las herramientas. A unos y a otros.

Perjuicios económicos

Consultada por LA NACION, Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), habló de los perjuicios económicos que ya trajo tan solo el anuncio para las empresas.

La telefonía celular ahora es un servicio público con tarifas reguladas
La telefonía celular ahora es un servicio público con tarifas reguladas Crédito: Shutterstock

“El hecho del anuncio ya genera inestabilidad e inseguridad jurídica. Sube el riesgo de las inversiones y, al subir el riesgo, aumenta el costo del financiamiento y dificulta el acceso a créditos”, afirmó y agregó que la cantidad de recursos que hay que invertir para el desarrollo de redes es muy grande porque las nuevas generaciones implican despliegues masivos de fibra e infraestructura más allá de lo que ya se tiene.

“Vemos el decreto con una enorme preocupación porque pone en riesgo estas inversiones, mientras que en países vecinos como Chile y Colombia se busca facilitar estos despliegues”, continuó.

Por último, consideró que hay instrumentos para lograr la conectividad de las poblaciones vulnerables -como el Fondo del Servicio Universal que recibe el 1% de la facturación bruta de los operadores o US$60 millones anuales- que no pasan por frenar el mercado e imponer una regulación ya superada.

En tanto, la GSMA, la asociación que agrupa a operadores de telefonía móvil de todo el mundo, opinó en igual sentido y dijo que “las medidas que modifican las estructuras de precios en mercados en competencia con una proporción de insumos dolarizados resultan regresivas en materia de inversión en infraestructura digital y nuevas tecnologías”. “Lejos de garantizar el acceso a todos los ciudadanos, las disposiciones ponen en riesgo la calidad de los servicios y la ampliación de la conectividad, pudiendo aumentar la brecha digital”, aseguraron.

“La resiliencia con que las redes soportan el aumento sin precedentes en los volúmenes de tráfico y los cambios en los patrones de consumo es resultado de años de inversiones sostenidas en despliegues de infraestructura, espectro y capital humano. Las medidas dispuestas en el decreto de necesidad y urgencia van en detrimento de la sostenibilidad de esas inversiones, justamente cuando el escenario post pandemia nos desafía a construir sociedades más resilientes a través de más y mejor conectividad”, agregaron.

Por último, el ex vicepresidente y subgerente general de Arsat, Henoch Aguiar, dijo que el problema no es si se trata de servicios públicos o no sino de si las reglas maximizan la actualización de tecnología y permiten hacer un uso inteligente del capital. “Cuando hay un único sistema de precios suele haber un achatamiento porque no hay un incentivo para invertir en tecnología. No lo digo yo lo dice el Partido Comunista en China que hace cinco años permitió que haya precios libres para que mejorara la calidad del servicio de los tres prestadores de telefonía móvil que son estatales”, cerró el especialista.

Fuente: La Nacion publicado 23/08/2020.-

Ignacio Bartolomé: “En el mundo que se viene hay que ser abiertos” por La Nación

Ignacio Bartolomé, Director de GDM Seeds, contó que la compañía trabaja en aplicar tecnología de vanguardia para la investigación, el desarrollo y la comercialización de variedades de alta productividad de soja y otros cultivos extensivos y mencionó la importancia de ser abiertos para afrontar lo que se viene.

Destacó la necesidad de “un enfoque colaborativo”. Remarcó: “No hay una empresa que pueda hacer lo mejor en absolutamente todas las etapas del proceso de producción agrícola. Por lo tanto, en el mundo que se viene hay que ser abiertos y colaborar para poder generar un sistema que al fin y al cabo le agregue valor al agricultor”.

Bartolomé participó del encuentro “Argentina Visión 2020/40”, organizado por ADBlickAgro, Bioceres y el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral a beneficio de Bisblick Talento Joven, en el turno de los CEOs de compañías relacionadas al agro. Además de Bartolomé también habló Javier Goñi, CEO de Ledesma; Hugo Sigman, fundador y CEO de Grupo Insud, y Alec Oxenford, fundador y CEO de LetGo.

El ejecutivo de GDM señaló que trabajan en aspectos como la innovación, la agilidad y la flexibilidad, además del enfoque colaborativo. “Creemos que son claves para poder innovar y desarrollar tecnologías para que sean comercializadas”, manifestó.

Recordó los comienzos en la década del 80 como Asociados Don Mario y su tránsito hasta convertirse en una compañía global, “que en lugar de ser un semillero es una proveedora de tecnología dentro de la industria agrícola”, según expresó.

“Si bien la transformación de la compañía fue significativa, hubo tres pilares que mantuvimos y que nos guiaron en este camino de evolución: hacemos mejoramiento vegetal y posicionamiento agronómico, todo sustentado por la relación con el agricultor, que siempre procuramos que sea cercana, ya que es nuestro cliente final y a quien tratamos de brindarle soluciones”, agregó.

Sigman, que fabricará la vacuna contra el coronavirus en el país, habló de la importancia de la cooperación del sector científico y la estructuración público privada para que el país logre “producir con valor agregado y generar exportaciones” para “no depender más del dólar”.

Hugo Sigman, fundador y CEO de Grupo Insud; Javier Goñi, CEO de Ledesma; Ignacio Bartolomé, director de GDM Seeds; y Alec Oxenford, fundador y CEO de LetGo
Hugo Sigman, fundador y CEO de Grupo Insud; Javier Goñi, CEO de Ledesma; Ignacio Bartolomé, director de GDM Seeds; y Alec Oxenford, fundador y CEO de LetGo

Luego, Goñi, CEO de Ledesma, se refirió al actual proceso de transformación digital, al que calificó como “un pilar para la competitividad” y opinó que debe venir acompañado de una transformación cultural. “Quiero hacer foco en la innovación, no solamente como una innovación ofensiva para el crecimiento, para el desarrollo, sino también una innovación defensiva para poder ser cada vez más competitivos, porque es lo que hoy el mundo está exigiendo, y si nosotros no somos cada vez más competitivos, nos quedamos atrás”, añadió.

Tras detallar el proceso que llevaron a cabo en la empresa, indicó que “hay una tremenda oportunidad en la Argentina, el campo se ha ido tecnificando, hay mucho más para hacer. Ahora se agrega la biotecnología, que aporta también en la parte de semillas, con lo cual nosotros somos muy optimistas sobre lo que se puede hacer a partir de esta transformación digital y cultural”.

Por último, Oxenford, CEO LetGo hizo una evaluación de los efectos que viene provocando la pandemia de Covid-19, las consecuencias de la desigualdad social en el mundo y cómo impacta el avance de la tecnología. En cuanto a la Argentina, dijo, llamó la atención sobre lo relegado que está el país en el ranking de innovación y dijo que los problemas más graves en ese aspecto son las leyes laborales, la inestabilidad macroeconómica, principalmente por la inflación y el déficit, y los temas institucionales.

“Del lado positivo están las habilidades de los recursos humanos, que son importantes, y el potencial innovador que se ve en el ecosistema entrepreneur, en la actitud y diversidad que demuestran”, señaló. Y puso especial énfasis en los inconvenientes que trae “la grieta”. En ese punto, dijo que “el sector que más aporta a las exportaciones, el sector más productivo, el que genera más riqueza, que es el campo, para una parte muy grande de la población es un sector al que ve con una connotación muy negativa”.

Lamentó también que “hayamos destruido la cultura del trabajo en la Argentina. Estamos siempre como sociedad buscando más feriados, menos horas de trabajo, más distribución de la riqueza y menos foco en la productividad y el esfuerzo”.

Fuente: La nacion publicado 24/08/2020.-
Martes, 30 de junio de 2020

Coronavirus en la Argentina: quieren que haya un 40% menos de permisos para circular y analizan sanciones a los que usen la SUBE sin autorización

Para disminuir el uso del transporte público y asegurar el descenso de la circulación de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el gobierno nacional avanza en una reducción del 40 por ciento de los permisos y analiza aplicar sanciones a los usuarios de la tarjeta SUBE que viajen sin tener autorización en tren, subte o colectivo.

La intención de la Casa Rosada es que de los alrededor de 5.300.000 permisos vigentes queden 3.200.000 a partir del miércoles. La reducción mayor, según las proyecciones oficiales, se producirá en la ciudad de Buenos Aires, que pasará de 1.300.000 a 700.000 autorizaciones de circulación, un 46% menos . En el Gran Buenos Aires, los permisos pasarán de los 4 millones actuales a 2.500.000, un 37,5% menos.

Hoy, en el primer día de renovación de los permisos, se tramitaron 850.000 solo hasta las 19. Por primera vez los solicitantes deben aportar documentación respaldatoria de la actividad esencial que dicen desempeñar. El número de la tarjeta SUBE, hasta ahora optativo, se convirtió en un dato obligatorio para aquellos que pretendan viajar en subte, trenes y colectivos en el área metropolitana.

En el gobierno nacional esperan que la reducción de los permisos impacte de manera directa en el número de pasajeros diarios. El Ministerio de Transporte, que encabeza Mario Meoni, proyecta una disminución del 30%: pretende que los 1.050.000 pasajeros actuales pasen a 700.000 o 750.000 a partir del miércoles. Eso significaría un caudal del 15% respecto de la etapa precuarentena, cuando el sistema de transporte integrado del área metropolitana tenía 4.500.000 pasajeros diarios.

La inclusión obligatoria del número de tarjeta SUBE puede servir para ajustar el sistema y hacer cumplir las restricciones, explicaron en Transporte. En coordinación con la Secretaría de Innovación, que depende de la Jefatura de Gabinete, Meoni analiza aplicar sanciones a los que usen la tarjeta sin tener el permiso de circulación. En concreto, se evalúa bloquear de manera temporal las tarjetas de los usuarios que muestren un uso frecuente y no cuenten con la autorización para viajar.

Quedó descartada por ahora la idea de bloquear de forma generalizada todas las tarjetas de usuarios que no cuenten con el permiso de circulación. Eso, explican en Transporte, dejaría sin margen a aquellos que quieran usar la tarjeta SUBE ante una situación de emergencia. El ejemplo más extremo es de las víctimas de violencia de género. “No podemos dejarlas sin tarjeta SUBE”, advierten en Transporte.

No se bloquearán las tarjetas SUBE de titulares no autorizados, por casos de emergencia
No se bloquearán las tarjetas SUBE de titulares no autorizados, por casos de emergencia Crédito: daniel jayo

El control de los permisos para viajar será, eso sí, más estricto que hasta ahora, anticipan en el Ministerio de Seguridad. Más de 2500 agentes de fuerzas federales se desplegarán en las estaciones de las siete líneas de tren. Habrá, según informaron en el ministerio que encabeza Sabina Frederic, 728 efectivos en el Roca, 537 en el Mitre, 354 en el Belgrano Norte, 292 en el San Martín, 269 en el Urquiza, 222 en el Belgrano Sur y 160 en el Sarmiento.

La disminución de la circulación se volvió vital para la estrategia sanitaria, ante el crecimiento del nivel de ocupación de unidades de terapia intensiva en el área metropolitana, que hoy alcanzó el 55,9%. Esto representa 3,9 puntos porcentuales más que el miércoles pasado, cuando ese indicador se dio a conocer por primera vez en el parte diario vespertino.

Otra cifra que encendió alarmas en la Casa Rosada es el crecimiento en el índice de movilidad ciudadana, un análisis que realizan la Universidad de San Martín y Movistar a partir de la geolocalización de los usuarios de teléfonos celulares. La semana pasada ese índice experimentó un crecimiento del 30 por ciento en todo el país: pasó de 44,1% al 57,2% de circulación en relación con la etapa precuarentena. Lo llamativo es que el aumento en la ciudad de Buenos Aires fue de 36% (30.8% a 41,9%) y en la provincia de Buenos Aires se incrementó un 42% (de 36,9% a 52,7%).

Viernes, 19 de junio de 2020

Impuestos. El Gobierno impulsará una “moratoria universal” en el Congreso por La Nación

La agenda oficial de la pospandemia comenzó a hacerse cada vez más visible. En medio de una feroz crisis económica que afecta a personas y empresas, el Gobierno avalará una “moratoria universal”: será para todo el sector privado y casi todos sus impuestos.

Esta moratoria para será más amplia que la que actualmente está vigente: incluirá prácticamente todos los gravámenes (IVA, Seguridad Social y Ganancias, entre otros impuestos), sumará nuevos actores (no se necesitarán las certificaciones que exige el actual programa de la AFIP y que limita el acceso) y tendrá una ventana temporal más extendida que la que hoy rige. Será para personas humanas y también para empresas.

La fecha de corte será para deudas vencidas a mayo. Habrá tiempo para adherirse hasta el 31 de agosto y las primeras cuotas se empezarían a pagar recién en noviembre.

Pese a que no se dieron detalles, fuentes oficiales confiaron a LA NACION que habrá una diferenciación de plazos y tiempos para las grandes compañías -esas empresas no están contempladas en el programa actual-, porque “tienen más espalda”. En cambio, habrá un sistema más beneficioso para los pequeños contribuyentes (autónomos y pymes, entre otros).

Esta moratoria es impulsada en momentos en que el Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de ir retirando la ayuda que presta a las empresas privadas para pagar salarios en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

“Estamos pensando en algún tipo de moratoria para blanquear a todo el mundo. Estamos trabajando en eso”, dijo el presidente Alberto Fernández el fin de último semana, y abrió la polémica. ¿Adelantar una moratoria no desincentiva el pago de impuestos en momentos en los que las cajas del Estado están crujiendo por la falta de actividad? Se preguntaron algunos especialistas.

Pese a que se les permitirá ingresar a las grandes empresas, los pequeños contribuyentes tendrán mejores condiciones.

Las fuentes oficiales indicaron que el proyecto que incluye la moratoria será enviado al Congreso, pero que no vendrá directamente del Poder Ejecutivo, sino del Frente de Todos, la coalición gobernante. Allí creen que la iniciativa tendrá apoyo parlamentario de todos los sectores y bloques. “Vemos que había un shock de demanda antes del coronavirus, que la pandemia generó ahora uno de oferta, y que esto terminará profundizando la caída de la demanda a la salida de todo esto”, explicó una fuente oficial al tanto de la agenda pospandemia que está diseñando el oficialismo. “Esto moratoria es también una respuesta a los reclamos de las entidades empresarias”, agregaron las mismas fuentes a LA NACION.

El tercer relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre el impacto del Covid-19 en la economía -realizado entre el 3 y el 10 de junio sobre el total de empresas encuestadas y difundido hoy- indicó que hay un elevado porcentaje de compañías con atraso en impuestos (41%). A esto se le suman los inconvenientes para hacer frente a compromisos financieros (29%), en pago a proveedores (27%) y en tarifas de servicios (18%). Pese a que gracias al ATP y los créditos de capital de trabajo apalancados por el Gobierno, muchos pudieron pagar sueldos, casi la mitad de los encuestados no podrá pagar los aguinaldos.

La fecha de corte será para deudas vencidas a mayo. Habrá tiempo para adherirse hasta el 31 de agosto y las primeras cuotas se empezarían a pagar recién en noviembre. “Todavía se están definiendo algunos parámetros”, dijeron sobre las cuotas y plazos. Pese a que se les permitirá ingresar a las grandes empresas, los pequeños contribuyentes tendrán mejores condiciones. Por otro lado, el acceso será más ágil. No habrá que contar, como en la actual moratoria, con un certificado MiPyme tramitado en Desarrollo Productivo.

El Plan Moratoria 2020 diseñado por Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP, permitía hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras (eran hasta 60 cuotas para aportes y retenciones), además de condonación parcial de intereses y total de multas. La tasa es de 3% mensual fija por un año y a partir de ese momento se vuelve variable.

Además, permitía usar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que un contribuyente tenga a favor en AFIP para restarlo de la deuda y habilitaba a reformular todos los planes de facilidades de pagos vigentes o caducos en una sola cuota. Se incluyó deuda vencida hasta el 30 de noviembre de 2019 y preveía el levantamiento de embargos y suspensión de la acción penal. “El nuevo plan tendrá mucho de este”, adelantó la fuente oficial, aunque señaló que habrá que esperar a ver la letra chica del proyecto.

Fuente: La Nacion publicado 18/06/2020.-