Viernes, 5 de junio de 2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS -Resolución General 4735/2020

RESOG-2020-4735-E-AFIP-AFIP – Procedimiento. Actualización de importes. Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. Impuestos Internos. Impuesto a las Ganancias. Publicación de valores. R.G. N° 4.257 y su modificatoria. Norma modificatoria.

Que el artículo 2° de la Resolución General N° 4.257 y su modificatoria, en función de lo establecido por los artículos 15, 16, 18 y 39 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones, dispuso que esta Administración Federal pondrá en conocimiento de los responsables los importes actualizados de los montos indicados en esos artículos de la ley, considerando a tal efecto la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publique en su página oficial el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Que el artículo 50 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, sustituyó el referido artículo 39 de la ley citada en el párrafo precedente, estableciendo -entre otras cuestiones- que este Organismo, actualizará trimestralmente, a partir del mes de abril del año 2020, los importes consignados en el mencionado artículo 39, considerando la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), respectivo a cada rubro en particular, que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.
Que los referidos montos actualizados surtirán efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el primer día del segundo mes inmediato siguiente a aquél en que se efectúe la actualización, inclusive.
Que en virtud de lo expuesto y a los fines de actualizar el índice a utilizar, resulta necesario realizar adecuaciones a la Resolución General N° 4.257 y su modificatoria.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Planificación.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS- Resolución General 4734/2020

RESOG-2020-4734-E-AFIP-AFIP – Seguridad Social. Contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Decreto N° 332/20 y sus modificatorios. Reducción y postergación de pago período devengado mayo de 2020. Régimen de facilidades de pago. Su implementación.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por Ley N° 27.541.
Que en atención a la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional y con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020, el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el cual se extiende hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332 del 1° de abril de 2020 y sus modificatorios, creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, estableciendo distintos beneficios a efectos de atenuar el impacto negativo de la disminución de la actividad productiva, como consecuencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos, la postergación o reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.
Que el artículo 5º del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, acordó diversas facultades al señor Jefe de Gabinete de Ministros; entre las que se encuentran, la de establecer los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que permitan determinar las asistencias previstas en dicho decreto.

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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS- Resolución General 4732/2020

RESOG-2020-4732-E-AFIP-AFIP – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Trabajadores Autónomos. Crédito a Tasa Cero. Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios. Resolución General N° 4.708. Su modificación.

Que en atención a la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional y con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso mediante el Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020 y sus complementarios, el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el cual se extiende hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332 del 1 de abril de 2020 y sus modificatorios, creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, estableciendo distintos beneficios a efectos de atenuar el impacto negativo de la disminución de la actividad productiva como consecuencia del referido “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, entre ellos, un “Crédito a Tasa Cero” para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y para trabajadores autónomos, con un subsidio del cien por ciento (100%) del costo financiero total.
Que mediante la Resolución General Nº 4.707, su modificatoria y su complementaria, se creó el servicio “web” denominado “Crédito Tasa Cero”, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, a efectos de que los beneficiarios se registren e ingresen los datos necesarios que el sistema requiera, para que las entidades bancarias procedan a otorgar el crédito solicitado.
Que asimismo dicha norma establece que la entidad bancaria realizará el pago del “Volante Electrónico de Pago” correspondiente a las obligaciones de los tres (3) períodos fiscales con vencimiento posterior al otorgamiento del crédito, en concepto de impuesto integrado y cotizaciones previsionales, en los casos de pequeños contribuyentes, y los aportes previsionales, para los casos de trabajadores autónomos.

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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS -SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA -Resolución 36/2020

Que el Decreto Nº 561/16, aprobó la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos.
Que el mencionado Decreto N° 561/16 ordenó a las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional, la utilización del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE para la totalidad de las actuaciones administrativas, de acuerdo al cronograma que fijó el (ex) Ministerio de Modernización.
Que el Decreto N° 577/17 y modificatorios creó el Comité de Ciberseguridad en la órbita de la (ex) Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el que estará integrado por representantes de la citada (ex) Secretaría de Gobierno, de la (ex) Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad, del (ex) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual entre otras funciones se encuentra la de “fijar los lineamientos y criterios para la definición, identificación y protección de las Infraestructuras Críticas Nacionales”, según lo señala el inciso e) de su artículo 2°.
Que el citado Decreto N.° 577/17 y modificatorios establece que el Comité de Ciberseguridad, será presidido por el (ex) Secretario de Gobierno de Modernización, en su carácter de Vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO- Decisión Administrativa 975/2020

DECAD-2020-975-APN-JGM – Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas, las actividades, servicios y profesiones indicados, para la Provincia de Buenos Aires, y exclusivamente en los ámbitos geográficos establecidos, y para las Provincias del Neuquén y de Mendoza

Que en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y como consecuencia de su estatus epidemiológico, el artículo 5° del decreto citado precedentemente, dispone que las nuevas excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, deben ser autorizadas por el Jefe de Gabinete de Ministros, en el carácter citado precedentemente, con intervención previa del MINISTERIO DE SALUD de la Nación a requerimiento del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que para habilitar cualquier actividad o servicio en Departamentos o Partidos de más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes o en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los artículos 4° y 5° del Decreto N° 459/20 prevén que las empleadoras y los empleadores garanticen el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.
Que por otra parte, en el artículo 10 del citado Decreto N° 459/20 se prohíbe la realización de ciertas actividades en todo el territorio del país; determinándose que a requerimiento de la autoridad jurisdiccional pertinente el Jefe de Gabinete de Ministros, en el referido carácter, podrá disponer excepciones a dichas prohibiciones, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO- Decisión Administrativa 968/2020 y Anexos

DECAD-2020-968-APN-JGM – Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas, las actividades, servicios y profesiones indicados, para la Provincia de Buenos Aires, y exclusivamente en los ámbitos geográficos establecidos, y para la Provincia de Santa Fe.

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las personas afectadas a ciertas actividades y servicios; estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas debían limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios.
Que, asimismo, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia.
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones dispuestas inicialmente.
Que, posteriormente, mediante el citado Decreto N° 459/20, prorrogado por el Decreto N° 493/20, se establecieron, en cuanto a la facultad para disponer excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, distintas categorías territoriales, sobre la base de criterios epidemiológicos y demográficos.

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Descargar anexo I -968-2020

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Descargar anexo III -968-2020

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EMERGENCIA SANITARIA- Decreto 511/2020- Ingreso Familiar de Emergencia

Que la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD asociada a los efectos del COVID 19 afecta actualmente a CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) países con más de CINCO MILLONES QUINIENTAS MIL (5.500.000) personas infectadas en todo el mundo.
Que en el marco de la mencionada crisis sanitaria global y con el fin de reducir la tasa de contagio y colaborar así con la capacidad de atención del sistema de salud, el gobierno argentino ha tomado un conjunto de medidas para el cuidado de su población, incluyendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ordenado oportunamente por el Decreto N° 297/20 por el período comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año.
Que esta medida de aislamiento, de vital importancia para preservar la salud de todos los argentinos y las argentinas, generó la necesidad de transformar significativamente nuestras rutinas, afectando la dinámica de la economía en su conjunto y de gran parte de las actividades productivas.
Que tal como ya se ha reseñado en diversos actos, entre las consecuencias más relevantes de las restricciones a la circulación y de las medidas de aislamiento preventivo, se observa que las personas vinculadas al sector informal de la economía, los y las monotributistas de bajos recursos y los trabajadores y las trabajadoras de casas particulares sufren una severa discontinuidad y/o pérdida de sus ingresos durante el período de cuarentena, lo que afecta notablemente el bienestar de sus hogares debido a la situación de vulnerabilidad económica que mayoritariamente enfrentan estos grupos poblacionales.
Que los derechos y políticas vigentes en el Sistema de Seguridad Social argentino, aun encontrándose a la cabeza de los que constituyen la norma en los Sistemas de Seguridad Social de América Latina, resultan insuficientes para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre los ingresos de estos hogares, cuya subsistencia inmediata depende de lo que día a día obtienen con el fruto de su trabajo.
Que ante la situación de emergencia social y sanitaria referida, se dictó oportunamente el Decreto N° 310/20 por el que se instituyó el “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA” (IFE), destinado a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional prevista para compensar

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Jueves, 4 de junio de 2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS-Resolución General 4730/2020

Que en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020 y su modificatorio, se dispuso una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, entre los días 20 y 31 de marzo de 2020, ambos inclusive, que fue prorrogada sucesivamente por sus similares N° 325 del 31 de marzo de 2020, N° 355 del 11 de abril de 2020, N° 408 del 26 de abril de 2020, N° 459 del 10 de mayo de 2020 y N° 493 del 24 de mayo de 2020, hasta el día 7 de junio de 2020, inclusive.
Que dicha situación ha repercutido no sólo en la vida social de los habitantes de este país, sino también en la economía.
Que a fin de morigerar sus efectos, esta Administración Federal viene adoptando una serie de medidas con el objeto de facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a su cargo.
Que atento que, mediante la Acordada N° 17/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se habilitó el levantamiento de la feria judicial extraordinaria dispuesta por la Acordada N° 6/20 -y extendida por las Acordadas Nros. 8, 10, 13, 14 y 16 del corriente año-, respecto de ciertos tribunales federales con sede en provincias y ciudades que avanzan en las sucesivas fases del citado aislamiento, deviene necesario tomar medidas con relación a la gestión judicial del cobro de las obligaciones tributarias.

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Miércoles, 3 de junio de 2020

Los profesionales, perjudicados una vez más: mirá los cambios a la Ley del Conocimiento que planea el Gobierno por iProUP

Los servicios profesionales salen perjudicados en el proyecto que aprobará Diputados para promover la innovación y la exportación de valor agregado

El proyecto de modificación de la Ley de Economía del Conocimiento, que había sido aprobado por amplia mayoría en Diputados y unanimidad en Senadores durante el macrismo, ya tiene dictamen en la Cámara baja y pone tantos requisitos a los profesionales que exportan sus servicios que prácticamente los deja afuera de los beneficios.

Estas restricciones abarcan a todo tipo de actividades, que se verán perjudicadas por las modificaciones en la norma que desde el 19 de mayo ya tiene dictamen de las comisiones de Comunicación e Informática, y de Presupuesto y Hacienda en Diputados y se espera que ese cuerpo legislativo la sancione en la próxima sesión.

“Entre las novedades que trajo la ley del gobierno anterior se encontraba la incorporación de la exportación de servicios profesionales dentro de las actividades promovidas”, recuerda a iProUP Enrique López Rivarola, del Estudio Beccar Varela.

El letrado remarca que “la finalidad de la norma era generar incentivos para promover esta industria particular ya que Argentina se encuentra en condiciones de desarrollarse por poseer al capital humano necesario y que generaría empleos de calidad y divisas que nuestra economía carece de manera sistémica”.

Sin embargo, en enero del 2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo, decidió suspender su vigencia, argumentando que requería de más tiempo para analizar y procesar las solicitudes de adhesión.

Un mes más tarde, el oficialismo envío un proyecto de modificación de la ley que nunca había llegado a aplicarse. La intención declarada era flexibilizar el régimen para facilitar la adhesión de las empresas, pequeñas y medianas, y limitar sus beneficios para las grandes empresas.

Sin embargo, el proyecto presentado, que se aprobó en comisión sin debate, restringe además la incorporación de exportadores de servicios profesionales y limita los beneficios otorgados.

Bajo el amparo de la ley macrista, las empresas debían acreditar una serie de requisitos, entre los cuales se destacaba que al menos 70% de su facturación total debía provenir de la exportación de servicios profesionales. Para las micro o pequeñas, ese porcentaje podía representar el 45% en los primeros cinco ejercicios fiscales contados a partir de la entrada en vigencia de la norma.

Las nuevas compañías, sin facturación alguna, podían solicitar la inscripción a través de una declaración jurada en la cual manifestaban que desarrollaban la actividad promovida y debían acreditar que el 70% de su nómina de personal se encontraba afectado a dicha actividad.

Todo eso cambió. “El proyecto de reforma elimina la posibilidad de que compañias nuevas soliciten su adhesión sin haber acreditado ingresos en el período anterior. No sólo eso, eleva el requisito de facturación al 70% incluso para las micro y pequeñas“, precisa López Rivarola.

Pero hay más: la iniciativa fija requisitos más gravosos para calificar dentro del régimen de promoción a los servicios profesionales que al resto de las compañías. Como las que proveen estudios de precios de transferencia –traspasan activos entre una filial y su casa matriz– o poseen clientes en Uruguay, por ejemplo.

En detalle

María Inés Brandt, del estudio Marval, O’Farrell y Mairal, enumera a iProUP las condiciones que las actividades promovidas deben cumplir para ser alcanzadas por el régimen:

1.- Mejoras continuas en la calidad de los servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida, que se renovará periódicamente

2.- Realizar inversiones en:

a) Capacitación de los empleados en temáticas relacionadas con la Economía del Conocimiento, por un porcentaje mínimo de 1% (microempresas), 2% (Pymes) y 5% (grandes firmas) de la masa salarial del último año

“Podrá computarse por el doble de su valor aquellas inversiones en capacitación destinadas a población desocupada menor de 25 y mayor de 45; mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal u otros grupos vulnerables que se determinen”, precisa Brandt. Para la especialista, en cualquier caso, esos desembolsos deberán efectuarse con entidades del sistema de educación.

Sin embargo, Juan Magadan, de PwC de Argentina, apunta a iProUP que un cambio de último momento en el proyecto alteró la redacción al momento de considerar inversiones y no gastos a los fondos aplicados a capacitación, por lo que se habilitaría que se brinde internamente.

Capacitación

Capacitación “inhouse”. Si la reglamentación aclara esta posibilidad, sería beneficioso para los exportadores de servicios profesionales

Sin esta flexibilización, será inviable para los profesionales“, advierte el experto quien, de todos modos, reconoce que es un tema que deberá aclararse en el decreto reglamentario de la ley, una vez que sea sancionada.

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Decile chau al cheque papel: ahora te podés financiar a las tasas más bajas del mercado y mucho más ágil por iProUP

A pesar de la iliquidez y temor de los inversores, pero el echeq logró mantenerse como instrumento de financiamiento Pyme en el mercado de capitales

En un contexto de compañías con un grave stress financiero y bancos muy cuidadosos respecto de a quién le prestan dinero, las pequeñas y medianas empresas experimentan graves problemas de acceso al crédito.

En este marco, el echeq o cheque electrónico aparece como la vía de financiamiento más barata, que se viene manteniendo firme, incluso en mayo, pese a los problemas de liquidez en la plaza de los últimos 20 días.

“El contexto actual pone en el centro de la escena la necesidad de dar financiamiento para el sostenimiento y evolución de las empresasEsto ocupa parte importante del debate, ante el proceso de adversidades económicas que estamos transitando“, afirma a iProUP Martín Baretta, gerente de Servicios al Cliente de Caja de Valores (BYMA) y director del Mercado Argentino de Valores (MAV).

Según el directivo, “un aspecto a resolver en este panorama de incertidumbre es brindarle a las compañías accesos ágiles al crédito, para que puedan desarrollar su producción y sus estrategias comerciales en este complejo escenario”, añade Baretta.

 

¿De dónde obtenerlo? ¿Cómo? ¿A qué tasas? Según el ejecutivo, las respuestas a estos interrogantes terminan transitando el mismo camino: el mercado de capitalesya que las tasas promedio que ofrece son más favorables que las que suelen obtenerse en los bancos.

En el caso del echeq, el promedio ha sido del 27,6% en lo que va del año: enero arrancó en 33,5% y a mediados de mayo alcanzó 17,5%, con un nivel cercano al 13% para plazos menores a 60 días.

“Si bien acompañó la baja general de tasas del sistema financiero, siempre mantuvo una importante ventaja relativa“, puntualiza Baretta, quien añade: “Estos instrumentos brindan agilidad en el acceso al efectivo e imponen menos requerimientos, lo cual no son datos menores”.

El ejecutivo revela que la Caja de Valores habilitó el portal ePyme que permite el registro de:

– Empresas que quieran quiera descontar sus echeqs

– Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que busquen avalar estos documentos

– Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) que acepten negociarlos

La negociación de cheques de pago diferido no para de crecer y ya se convirtió en el instrumento más utilizado por las empresas medianas y pequeñas“, recuerda Baretta.

La Caja de Valores, como entidad depositaria que realiza la custodia, finalizó los procesos de digitalización, logrando una gran eficiencia en toda la secuencia del tiempo de vida de estos productos.

Le estaremos diciendo adiós al cheque de papel próximamente“, anticipa Baretta. Y añade: “Si la obligación de pago -cheque o pagaré- cumple con la condición digital (emisión por el librador, el aval de una SGR, su depósito en Caja de Valores y su negociación a través del MAV), pasan a ser transacciones electrónicas que se resuelven más rápido y tienen un costo casi nulo“.

En consecuencia, este proyecto digital del ByMA registró los siguientes resultados:

– La Caja de Valores recibió en mayo 11.613 echeqs, avalados por SGR y negociados en el MAV para el financiamiento de pequeñas y medianas firmas

– Esto alcanzó un valor de $10.500 millones, que ya representa casi el 25% de todos los cheques que se depositan en Caja de Valores

– La plataforma ePyme generó 235 pagarés totalmente digitales por un valor de $240 millones

– A la fecha, se encuentran registradas 2.235 pequeñas y medianas firmas para operar bajo esta modalidad

El crecimiento de los echeqs

El último año, la Caja de Valores registró un fuerte aumento de la cantidad de cheques avalados recibidos y negociados, superando los 200.000 por un monto mayor a $55.000 millones. Según Baretta, otro hito es el surgimiento de un nuevo segmento de cheques directos de empresas grandes, no avalados por SGR sino basados en su buen desempeño.

El uso de estos instrumentos explotó estos meses, inducido por la necesidad de digitalización que produjo la pandemia. “Desde principios de la cuarentena y hasta el 26 de mayo, se depositaron 11.613 echeqs, alcanzando un valor de $10.534 millones, lo cual representa el 23% de todos los cheques que se custodian en Caja de Valores”, afirma el director del MAV.

El 75% de los valores negociados corresponden a los avalados. Son los más comunes y los que tienen mayor demanda, por lo cual se obtiene mejores tasas y pueden financiarse con vencimientos más largos. En promedio, son instrumentos a seis meses. El 25% restante corresponde a cheques sin aval.

En los cheques directos, las tasas son bastante diferentes. Varían según el emisor, pero en general el descuento ronda entre 10% y 20% por encima de uno avalado. Además, el plazo de vencimiento también suele ser menor, siendo su promedio en torno a tres meses”, revela Baretta.

La situación de mayo

“En mayo se tornó más complicado negociar echeqs”, confía a iProUP un operador del mercado, quien atribuye esta dificultad a la mayor iliquidez de la plaza, a la suba de las tasas de los plazos fijos y la renegociación de la deuda externa, entre otros factores.

Uno de sus colegas, que también prefirió el off-the-récord, señala: “A esto hay que agregar que los fondos comunes de inversión, que son entidades tomadoras del instrumento en el mercado, le están poniendo un límite a sus desembolsos en cheques diferidos en general, físicos o digitales, por temor al riesgo de la evolución de las empresas en la pandemia”.

Sin embargo, en la semana del 18 al 22 de mayo se negociaron en 1.346 cheques con garantía y 240 directos. Estos 1.586 instrumentos representaron $1.163 M de financiamiento a las Pymes.

Una cifra casi constante respecto a la misma semana de abril: entre el 20 y el 24 de ese mes se negociaron en 1.699 echeqs con garantía y 169 directos. Así, se descontaron 1.859 cheques digitales.

Las cifras demuestran el aumento de la aceptación de este instrumento digital emitidos por grandes empresas de lo que se llama el “panel de primera línea” sobre la base de su propia capacidad de pago.

El lado positivo de la pandemia

Elena Alonso, Gerente de NIX Valores, considera que el lado positivo de esta pandemia, en el sistema financiero, “es que obligó a todas las partes intervinientes en un cheque a realizar los trámites en su banco para poder emitir y aceptar el echeq y mutar hacia lo digital, que es más ágil, transparente y con menos limitaciones”.

“El crecimiento de los cheques electrónicos hizo que también el descuento de estos instrumentos aumentara en el Mercado de Capitales. Se observa un crecimiento exponencial en el uso de esta herramienta teniendo un impacto real en todos los ámbitos de negociación”, agrega.

La experta reconoce que, si bien existe financiamiento en el sistema bancario con subsidios del Estado, a muchas pequeñas y medianas firmas no les alcanza el monto otorgado o no pueden acceder.

“Por ello, la importancia del uso de instrumentos del Mercado de Capitales es que siempre están disponibles, con mejores condiciones que esos créditos que ofrece el Gobierno”, resalta Alonso.

En los cheques avalados por una SGR, la empresa que recibirá el aval para los echeqs tiene que presentar certificado Pyme como condición indispensable, demostrar que presentó declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, y su estructura de ventas.

En el segmento directo no se necesita ninguna carpeta, sino que todo se basa en la capacidad de pago que el mercado asigna a la empresa emisora. Además, quien descuenta el echeq puede no ser Pyme, o incluso estar concursada o tener un mal historial crediticio en Nosis o en el Veraz.

¿Acceden al echeq?

“Es fundamental que las empresas, medianas y chicas, hoy accedan al mercado de capitales. También, tener siempre estas herramientas dentro de su abanico de opciones financieras”, enfatiza Alonso.

Y añade: “Las firmas deben estar siempre actualizadas, preparadas para emitir un echeq y tener el aval de una SGR, para luego descontar en el mercado, porque obtienen condiciones inmejorables, que no existen en otro ámbito”.

Sin embargo, Maximiliano Gabrieli, especialista en mercado de capitales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advierte que las pequeñas y medianas que acceden con mayor facilidad al cheque con aval de una SGR son aquellas que pueden contratar a un profesional interno o externo que le maneje estos temas.

“Las Pymes están acostumbradas a financiarse con los bancos y son pocas todavía las que van optando por recurrir al mercado de capitales”, reconoce en diálogo con iProUP.

Además, asegura que la CAME hace una promoción permanente de instrumentos como el echeq entre las firmas asociadas o no a la entidad, y subraya que la financiación en el mercado de capitales es ideal para las Pymes ya que se crea un instrumento a medida de cada empresa, contra la rigidez que proponen las entidades bancarias.

Fuente: iProUP publicado 02-06-2020