Lunes, 28 de septiembre de 2020

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS -Resolución General 4821/2020

CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 3.032 dispuso el procedimiento para el pago de aranceles o ingreso de conceptos no
tributarios que deban realizar los contribuyentes, responsables y demás sujetos que efectúen determinados trámites
ante esta Administración Federal, entre los que se encuentra comprendido el correspondiente a la tramitación y
contestación de oficios y solicitudes de informes realizadas por terceros.
Que es objetivo institucional orientar los procesos y las herramientas informáticas a fin de simplificar la realización
de los trámites y diligencias ante este Organismo.
Que en ese sentido, deviene oportuno modificar la citada resolución general a efectos de permitir el ingreso de los
aranceles correspondientes al diligenciamiento de oficios a través del procedimiento de transferencia electrónica de
fondos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución General Nº 1.778, sus modificatorias y complementarias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Coordinación Técnico Institucional, Recaudación, Servicios al Contribuyente y Sistemas y
Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES -Resolución General 859/2020

CONSIDERANDO:
Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (B.O. 28-12-12) tiene por objeto el desarrollo del mercado de
capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos en el ámbito del mismo, siendo la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) su autoridad de aplicación y contralor.
Que, en dicho marco, y de conformidad con lo establecido por el artículo 19, incisos d) y g), de la mencionada Ley,
la CNV tiene entre sus funciones las de llevar el registro, el cual será público, otorgar, suspender y revocar la
autorización para funcionar de las personas humanas y/o jurídicas que, por sus actividades vinculadas al mercado
de capitales, queden comprendidas bajo su competencia, como así también, para dictar las reglamentaciones que
las mencionadas personas deberán cumplir desde su inscripción hasta la baja del registro respectivo.
Que, asimismo, el artículo 108 de la Ley N° 26.831 establece las facultades de la CNV para el contralor de los
auditores externos y asociaciones de profesionales auditores que auditen los estados contables de las entidades
sujetas a su control, a cuyo fin, prescribe que la CNV llevará un registro de dichos auditores externos y
asociaciones de profesionales

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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL- Resolución 730/2020

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 16 del Decreto N° 69/2019 se designó como Presidente del organismo al Ingeniero Mario
Alejandro Hilario Cafiero, en los términos del artículo 99, inc. 7 de la Constitución Nacional.
Que mediante el Decreto N° 334/2020 se designaron como vocales del Directorio del organismo en representación
del Estado Nacional la profesora María Zaida CHMARUK (D.N.I. N° 26.194.701) y el licenciado Heraldo Nahúm
MIRAD (D.N.I. N° 24.097.281), por el sector mutual el licenciado Alejandro Juan RUSSO (D.N.I. N° 17.155.243) y el
Licenciado Fabián Emilio Alfredo BROWN (D.N.I. N° 12.150.725) y por el sector cooperativo el Dr. Ariel Enrique
GUARCO (D.N.I. N° 20.522.92 y el Dr. Carlos Alberto IANNIZZOTTO (D.N.I. N° 11.487.541).
Que el 13 de septiembre del 2020 se produjo, el repentino y lamentable deceso del señor Presidente del organismo.
Que la normativa que crea y regula la actividad de este Instituto Nacional no prevé el supuesto de acefalia, y que
por el desenlace súbito, el Sr. Presidente, no previó la delegación de su firma, por lo que se ve afectada la actividad
ordinaria del organismo.

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COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN- Decisión Administrativa 1760/2020 y anexos

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde
el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública, la cual fue prorrogada por los Decretos
Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20 y 754/20 se diferenció a las distintas
áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID 19, entre aquellas que
pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”, y las que luego de pasar a un estatus sanitario de “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio” debieron volver a una situación de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, siempre de
acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, y hasta el 11
de octubre de 2020, inclusive.
Que con el objetivo de coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias adoptadas para
mitigar la pandemia de COVID-19 sobre los procesos productivos y el empleo, mediante el dictado del Decreto
Nº 332/20 se creó el PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN para
empleadores, empleadoras, trabajadores y trabajadoras afectados y afectadas por la emergencia sanitaria.

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Viernes, 25 de septiembre de 2020

Banco Central de la Republica Argentina- COMUNICACIÓN “A” 7112

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“- Sustituir el primer párrafo del punto 1. y el primer párrafo del punto 2. de la Comunicación
“A” 7105, por lo siguiente:
“Establecer que, con carácter previo a la apertura de una caja de ahorros en moneda extranjera
–excepto que se solicite para acreditar transferencias– las entidades financieras deberán obtener
evidencia de la que surja que el cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en
moneda extranjera, no siendo admisible que sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado
como de ayuda social –incluyendo los subsidios de carácter alimentario–, sin perjuicio de
que podrán percibir prestaciones de la seguridad social derivadas de la relación laboral –tales
como las asignaciones familiares–.”
“Disponer que, respecto de las personas titulares de cajas de ahorro en moneda extranjera abiertas
al 15.9.2020, previo a la acreditación de nuevos importes –excepto que provengan de transferencias–,
las entidades financieras deberán realizar la consulta en la página de Internet de la
ANSES, cuyo resultado deberán considerar en los términos del punto 1. de la Comunicación
“A” 7105, y observar lo previsto en el último párrafo de ese punto.”

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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES- Resolución General 858/2020 y anexos

CONSIDERANDO:
Que son objetivos y principios fundamentales que informan y deberán guiar la interpretación de la Ley de Mercados
de Capitales Nº 26.831 (B.O. 11-5-2018), sus disposiciones complementarias y reglamentarias, entre otros, el
promover la participación en el mercado de capitales de inversores, asociaciones sindicales, asociaciones y
cámaras empresariales, organizaciones profesionales y de todas las instituciones de ahorro público, favoreciendo
especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo;
promover el acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas; y propender a la creación de
un mercado de capitales federalmente integrado.
Que el artículo 19, incisos h), m) y u), de la Ley Nº 26.831 establece como atribuciones de la COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES (CNV), las de dictar las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización
de los valores negociables, instrumentos y operaciones del mercado de capitales, contando con facultades para
establecer las disposiciones que fueren necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y
decretos aplicables a éstos, así como resolver casos no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del
contexto económico imperante, para el desarrollo del mercado de capitales; propender al desarrollo y
fortalecimiento del mercado de capitales creando o, en su caso, propiciando la creación de productos que se
consideren necesarios a ese fin; y ejercer todas las demás funciones que le otorguen las leyes, decretos y los
reglamentos aplicables.

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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS- Disposición 155/2020

CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 79 y sus modificatorias, estableció los procedimientos, plazos y demás condiciones
respecto de las intimaciones de pago de deudas y/o de multas por infracciones constatadas referidas a los recursos
de la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 11 a 15 de la Ley N° 18.820.
Que la Resolución General N° 3.739 y su modificatoria dispuso un procedimiento especial para la determinación de
oficio de los aportes y contribuciones omitidos, en los supuestos previstos en sus Artículos 8° y 11.
Que con motivo de los cambios introducidos en la estructura organizativa vigente por la Disposición N° 112 (AFIP)
del 19 de junio de 2020, su modificatoria y su complementaria, resulta necesario dictar una nueva norma que
adecue la asignación de funciones prevista por la Disposición N° 256 (AFIP) del 3 de junio de 2015 y su
modificatoria.
Que por lo expuesto, se procede a la sustitución de la disposición indicada en último término en el párrafo anterior.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Planificación, Coordinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social, Técnico Legal de
los Recursos de la Seguridad Social y las Direcciones Generales de los Recursos de la Seguridad Social e
Impositiva.

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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS- Disposición 154/2020

CONSIDERANDO:
Que el segundo párrafo del artículo 21 y el inciso c) del artículo 26 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus
modificaciones y complementarias, establecen los procedimientos para la exclusión de pleno derecho y la
recategorización de oficio, liquidación de la deuda resultante y aplicación de sanciones, con relación a los sujetos
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
Que, asimismo, el inciso a) del artículo 26 del citado Anexo prevé, en determinados supuestos, la aplicación de la
sanción de clausura respecto de dichos sujetos.
Que, mediante la Disposición N° 110 (AFIP) del 23 de marzo de 2010 y complementarias se delegó en la Dirección
General de los Recursos de la Seguridad Social y en las Subdirecciones Generales que le dependen la
responsabilidad de la aplicación de las normas referidas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS), sin perjuicio del mantenimiento de las incumbencias propias de la Dirección General Impositiva y sus áreas
dependientes.
Que la Resolución General N° 4.309 y sus modificatorias, implementó los procedimientos para la exclusión de pleno
derecho, recategorización de oficio, liquidación de la deuda resultante y aplicación de sanciones, así como la vía
recursiva admisible contra los actos administrativos dictados en ese marco.

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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS- Resolución General 4820/2020

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, en su artículo sin número agregado a
continuación del artículo 3°, dispone la obligatoriedad del domicilio fiscal electrónico, produciendo en el ámbito
administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que se practiquen por ese medio.
Que por su parte, el segundo párrafo del citado artículo prevé que este Organismo pueda establecer excepciones a
su obligatoriedad basadas en razones de conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan
desaconsejable su uso.
Que mediante la Resolución General N° 4.280, se dispusieron la forma, requisitos y condiciones que deben
observarse a efectos de la constitución del Domicilio Fiscal Electrónico, así como sus efectos.
Que asimismo, en uso de las facultades mencionadas en el segundo considerando, se previeron excepciones a la
citada obligación.
Que en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19 de marzo de 2020 y su modificatorio, se dispuso una medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, entre los días 20 y 31 de marzo de 2020, ambos inclusive, la que fue
prorrogada sucesivamente y se mantiene hasta la actualidad, con diversos alcances, en ciertas regiones del país.
Que en este contexto, resulta de vital importancia institucional la utilización del Domicilio Fiscal Electrónico para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como para comunicar y notificar las citaciones,
requerimientos, liquidaciones, intimaciones, emplazamientos, avisos, anuncios y comunicados de cualquier
naturaleza emitidos por este Organismo.
Que consecuentemente, deviene necesario modificar el artículo 8° de la Resolución General Nº 4.280 a fin de dejar
sin efecto la excepción mencionada en su punto 2.

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EMERGENCIA PÚBLICA- Decreto 767/2020 y anexo

CONSIDERANDO:
Que el presente decreto se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541, la ampliación de
la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y el Decreto N° 297/20, por los que se establecieron las
medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en
atención a la pandemia de COVID-19, originada por el nuevo coronavirus.
Que con el dictado del Decreto N° 319/20 se contemplaron medidas temporarias, proporcionadas y razonables
respecto de la situación de emergencia que se enfrentaba, y que resultaron de ayuda para un importante sector de
la población que lo necesitaba, en un contexto de gran incertidumbre como el generado por la pandemia declarada.
Que los créditos hipotecarios son útiles para garantizar el derecho a la vivienda, lo que es recogido y amparado por
la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25, párrafo primero) y la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (artículo 11)

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Descargar completa anexo I -767-2020